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FOTO DE LA SEMANA: “Interior del mercado de Oaxaca”.

La imagen fue capturada por Elsa Ivette Jiménez.

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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¿Y la Justicia?

Margarita Bejarano Celaya*

Desde hace más de treinta años, el movimiento amplio de mujeres posicionó el tema de la violencia hacia las mujeres como de urgente atención, y gracias a ello se cuenta ahora con un marco legislativo que busca atender, castigar y erradicar este flagelo.

Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de importantes cambios en la dinámica de esta violencia: 1) la especialización de los mecanismos que utilizan los agresores ante un marco legal lleno de vacíos y oportunidades de interpretación, puesto que si bien es cierto que la violencia física y sexual siguen teniendo una incidencia bastante fuerte, también se recurre a otros artilugios como la violencia  emocional y psicológica que a menudo es difícil de comprobar, pero es igual de lacerante; 2) Sonora ostenta un penoso primer lugar nacional actual en violencia hacia las mujeres más jóvenes y no unidas –que se supone tienen mayor acceso a información y medios de denuncia–, lo cual indica que algo falla en la estrategia de prevención y combate; 3) la violencia feminicida, la que atenta directamente contra la vida de las mujeres, es más recurrente (de 2001 a 2010 se incrementó en más de 16 por ciento) y las formas de acabar con las víctimas son con cada vez más crueles.

Sonora es uno de los nueve estados que excede el peso de los feminicidios en el país, en relación a su peso demográfico. Es preocupante que el feminicidio se encuentre protegido por un velo de violencia institucional; es decir, las instituciones, además de fallar al no garantizar la vida libre de violencia a las sonorenses, retrasan, limitan y evitan que la justicia llegue a las víctimas y a sus familias, protegiendo en la mayoría de los casos a los asesinos.

El asesinato de Priscilla Carolina Hernández Guerra, de 22 años de edad, perpetrado el 1 de julio por su pareja Singh Siddharth ha revelado importantes cuestiones sobre el actuar de las autoridades en el tratamiento del tema. De entrada, la información revelada hizo dudar a los grupos defensores de los derechos humanos de las mujeres sobre los protocolos de atención utilizados por la policía local. Una de las notas que dio a conocer el hecho señala que los elementos policiacos encontraron in fraganti al agresor y procedieron a someterlo; cuando revisaron a la víctima, ésta ya se encontraba sin signos vitales, pero no se señala que fueran acompañados por elementos de auxilio en salud, por lo que no se descarta que de recibir inmediata atención profesional la víctima se habría salvado.

Ahora, el padre de la víctima ha pospuesto su duelo para denunciar las irregularidades en el tratamiento del caso y hacer activismo en busca de justicia, pues –entre otras cosas–  el juez 4° de lo Penal del Juzgado de Primera Instancia, Mario Alberto Granados Padilla, reclasificó el delito de “homicidio calificado con brutal ferocidad”, tal como lo consignó el agente del Ministerio Público, a homicidio sin ningún calificativo. Así pues, el agresor puede ser condenado únicamente a entre 8 y 15 años de cárcel y salir libre en menos de 4 por buena conducta. El mensaje es claro: en Sonora la vida de las mujeres puede ser arrebatada con lujo de violencia y no se paga a cabalidad por ello. Desafortunadamente, un estudio dado a conocer por la organización Equis: Justicia para las mujeres señala que en México “las y los jueces no conocen las leyes ni las aplican en sus fallos, mientras que (…) 66 por ciento de los operadores de justicia no conocen ningún instrumento internacional de derechos humanos de las mujeres”.

Sin duda combatir la violencia feminicida es responsabilidad de las instituciones, pero puede ser trabajo de la sociedad en conjunto y usted puede ayudar. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora convocó a exigir justicia integral para Priscilla Hernández Guerra y su familia mediante una concentración frente al Supremo Tribunal de Justicia el martes 30 de julio a las 10 de la mañana para la firma de un formato para pedir que se dé tratamiento profesional al caso y pena máxima al agresor.

*Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, de la Línea de Investigación Desarrollo Económico y Exclusión Social en El Colegio de Sonora