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La imagen fue capturada por José Martín Aguirre Villalvazo.

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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Lecturas de la reforma hacendaria

Álvaro Bracamonte Sierra*

La reforma hacendaria presentada por el gobierno federal ha generado los más diversos comentarios; para muchos, sobre todo empresarios, la iniciativa se quedó corta, ya que consideraban que era el momento de dejar atrás las ineficiencias de nuestro sistema tributario y, por tanto, ajustar y simplificar la recaudación del IVA. Lo mismo han expresado algunos especialistas que ven en ese gravamen una fuente de ingresos sólida y barata.

Las clases medias tampoco están muy contentas, ya que sobre sus espaldas recaería una parte sustancial de los nuevos impuestos: El ISR, IVA en colegiaturas, IVA en rentas e hipotecas. Sin duda tienen razón cuando exigen revisar ese tratamiento que parece incongruente con la visión modernizadora que persigue la administración federal. Los estratos sociales bajos serían a primera vista los ganadores. Lo son por varias razones, principalmente porque se contempla el seguro al desempleo, aparece la idea de una jubilación universal y porque el IVA se mantuvo sin cambio.
Luego de la primera oleada de impresiones derivadas de una rápida lectura de la reforma, una revisión más serena indicaría que la iniciativa efectivamente posee un fuerte componente social excluido en iniciativas anteriores. Al parecer el Gobierno fue sensible a la situación que experimentan millones de mexicanos que viven en pobreza, pero al mismo tiempo se advierte que el énfasis social se convino al recrudecerse la mala coyuntura económica y acentuarse la crisis política que vive una parte del país tras el radical rechazo a la reforma educativa.

Si las condiciones macroeconómicas fueran otras y si el descontento de los maestros no estuviera fuera de control, probablemente el tipo de reforma hubiera adquirido otro troquelado: más cercano a los intereses empresariales. En tal contexto creo que la propuesta refleja, por un lado, el delicado momento que se vive y, por otro, atiende asignaturas pendientes que podrían dar pie en el futuro, si las cosas salen bien, a la configuración de una sociedad menos injusta.

Sobre aspectos particulares de la reforma, los involucrados están expresándose con claridad. Los padres de familia con hijos en escuelas particulares sostienen que es inapropiado el IVA en las colegiaturas. Tienen razón y probablemente no pasará la votación legislativa. Sin embargo, valdría la pena clasificar a las familias que eventualmente saldrían afectadas y diferenciarlas de las que no les aqueja gran cosa. Tal vez predominan, de entre éstas, las acomodadas, para las que pagar tal impuesto no representa ningún problema. Son la elite social, los que tienen mayor poder adquisitivo.

Hay otros temas específicos que están provocando la inconformidad de los eventualmente afectados pero cuya reconsideración es improbable. Es el caso de la homologación del IVA a 16 por ciento en toda la frontera. Se sabe que las ciudades fronterizas reciben ese tratamiento a efecto de incentivar el consumo y apoyar el comercio local. La desaparición de ese régimen afectará a los consumidores, quienes seguramente compararán los precios en ambos lados de la frontera, y si el IVA hace más caros los productos en el comercio local, adquirirán su despensa en los supermercados del otro lado. Decía que poco se puede esperar en este caso ya que, a diferencia del IVA en las colegiaturas, no parece haber apoyos de peso para cambiar esa decisión.

Donde el problema se magnifica es en el asunto del IVA a los insumos de importación temporal que tanto benefician a la industria maquiladora de exportación. Aunque no hay estudios que cuantifiquen sus posibles repercusiones, es de esperarse que tendría consecuencias graves dado que restaría competitividad a las maquiladoras. Este sector manufacturero, si todo sigue sin cambios, será uno de los perdedores de la reforma hacendaria.

Pero, al margen de ganadores o perdedores, lo importante es contar con un nivel de recaudación que permita financiar las actividades sustantivas del Estado mexicano y que alcance para suavizar las desigualdades sociales que tanto avergüenzan. Sobre este punto hay dos asuntos que no debemos perder de vista: el primero tiene qué ver con las insuficientes medidas de transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública contempladas en la reforma. Se pide una mayor contribución, pero este esfuerzo no se corresponde con mejoras en la eficiencia del ejercicio del presupuesto; en segundo lugar, es importante saber cuánto se necesita para sacar adelante la agenda social del país. De esto no se ha dicho nada o se ha dicho muy poco. Ojalá que la discusión legislativa sirva para revisar estos temas.

*Doctor en Ciencias Económicas. Universidad Autónoma Metropolitana UAM-Iztapalapa.Profesor-investigador de El Colegio de Sonora.