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La imagen fue capturada por José Martín Aguirre Villalvazo.

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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Legalización de drogas: Sonora y Arizona

Victor S. Peña*

Aparece alguien con el interés y la influencia suficiente como para introducir el tema en la agenda pública y, repentinamente, en México se habla de las ventajas y desventajas de la legalización de la mariguana. Y eso, para quienes están a favor, ya es un triunfo en la arena política independientemente de si el asunto termina o no en una reforma legal en el corto o mediano plazo; la carta ya está sobre la mesa.

Al menos en lo inmediato, el panorama es claro al interior de México: las organizaciones públicas relacionadas con el tema se han pronunciado por un rotundo no, y quienes, entre la población, ven en la legalización una ventaja, estarían apenas por inclinar la balanza. En agosto pasado, por ejemplo, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) se pronunció porque el Estado mexicano no podría asumir el costo social ni económico que el cambio significaría; una encuesta realizada recientemente por el gabinete de Comunicación Estratégica señala que el 49.6 por ciento de la población estaría en contra de la medida.

La fotografía que este gabinete ofrece es interesante: mientras que poco menos de la mitad estaría en desacuerdo con una legalización entendida en términos gruesos, la posibilidad del uso recreativo de la mariguana es rechazado por 53.1 por ciento de los encuestados. Y aun cuando el 56 por ciento de los entrevistados creería que la medida contribuiría en la estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada, el 34 por ciento considera un aumento en la violencia como resultado directo.

En México, el tema está sobre la mesa y la opinión pública, dividida. Sonora, sin embargo, tendría que abordar el tema a un ritmo diferente que el resto del país.

Junto con los demás estados de la franja fronteriza, al día de hoy, Sonora tendría que ocuparse de la discusión y sus consecuencias (permítaseme una expresión coloquial) como si de un circo de doble pista se tratara. ¿La razón?, desde junio de este año una organización denominada “Safer Arizona” comenzó un procedimiento de enmienda constitucional para la regulación y explotación comercial de la mariguana. Hoy trabaja constantemente para obtener, antes del 3 de julio de 2014, unas 300 mil firmas de votantes y lograr que la medida se discuta y, con esa fuerza, se apruebe para noviembre del ese mismo año.

Aunque no es la primera vez que se intentaría algo similar en el vecino estado, analistas coinciden en que ahora el ambiente internacional incrementa la probabilidad de que una iniciativa así termine a favor de los impulsores.

Ya en noviembre de 2012, por ejemplo, en los estados norteamericanos de Colorado y Washington se aprobó el uso recreativo de la marihuana. Esto, como se sabe, motivó a que México y otros tres países en Centroamérica pidieran a la Organización de los Estados Americanos analizar el impacto que esas medidas tendrían.

Otro dato: en mayo de 2013, la Comisión Global de Políticas contra Drogas publicó su informe “The negative impact of the war on drugs on public health” donde se reitera la recomendación internacional de reenfocar el esfuerzo público sobre drogas: regularlas, en lugar de prohibirlas. Así las cosas.

Muchos temas hay en la agenda de Sonora. Muchos de ellos urgentes, sin duda. Pero esto tiene todos los elementos para convertirse, muy pronto, en un tema prioritario de salud pública.

Dada la estrecha relación existente entre Sonora y Arizona, el sector público debería ponerle un ojo al asunto. Si la medida prospera allá ¿qué esquema, preventivo o reactivo, debiera estructurarse para hacer frente a un probable incremento en el consumo de esas sustancias entre la población?

El diseño e implementación de políticas públicas lleva su tiempo y si el tema no comienza a discutirse desde ahora, para finales del 2014 podría ya haber una clara desventaja.
@victorspena
*Investigador en El Colegio de Sonora; Doctor en Políticas Públicas, Tec de Monterrey.