» Convocatorias

  • BannerCEHRF Concurso para ocupar plaza de Profesor-investigador de tiempo completo »

    El Colegio de Sonora convoca a participar en el concurso para ocupar una plaza de Profesor-investigador de tiempo completo a fin de incorporarse en el [...]

  • quinto turismo Hospedaje para Quinto Coloquio Internacional Ciudades del Turismo »

    Los asistentes al Quinto Coloquio Internacional Ciudades del Turismo “El imaginario y la construcción del territorio turístico”, que se celebrará en la ciudad de Mazatlán, [...]

  • CARTEL-XXVI-SIMPOSIO-POSTER XXVI Simposio de Historia: “Sonora irrumpe ante la nación. Hermosillo, Sonora, capital nacional de la legalidad, 1913 – 2013″. »

    Se invita a investigadores y estudiosos de nuestro pasado histórico, a participar del 26 al 30 de noviembre de 2013 con el tema: “Sonora irrumpe ante la nación. Hermosillo, Sonora: capital nacional de la legalidad, 1913 – 2013″.

» Novedades Editoriales

  • pesquerias-498 Pesquerías Globalizadas »

    Coordinadores: Gloria Ciria Valdéz Gardea Manuel Salvador Galindo Bect COLSON-UABC (2013)

  • lucia-baltico-492 Lucía del Báltico »

    Lucía del Báltico narra la historia de una joven escandinava quien junto con decenas de pasajeros aborda el trasatlántico Kungsholm que parte de la ciudad de [...]

  • region-57 región y sociedad número 57 »

    Publicación cuatrimestral. Año XXV, número 57, mayo-agosto de 2013. $80.00

FOTO DE LA SEMANA: “Las casas de Xochimilco”

La imagen fue capturada por Ramón Romero.

 

 

 

 

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

documentos-499

Derechos de agua y gestión por cuencas en México. El caso del río Sonora

Por: Nicolás Pineda Pablos, América N. Lutz Ley, José Luis Moreno Vázquez, Alejandro Salazar Adams.

 

Introducción

Una cuenca hidrológica es un caso de recurso de uso común al cual pueden acceder muchos usuarios y donde si no se atiende a los requerimientos del conjunto se incurre, con relativa facilidad, en lo que se denomina la “tragedia de los comunes” (Ostrom, 1990, 2); o sea, a la sobreutilización de las aguas superficiales, la sobreextracción de las aguas subterráneas y el deterioro ecológico general de la cuenca, donde un beneficio de corto plazo resulta en un perjuicio general a mediano o largo plazo. En esta situación cada usuario se ubica dentro de un arreglo institucional que lo impulsa a extraer o aprovechar agua sin límites, en un entorno en el que la disponibilidad de agua es limitada. El destino de este arreglo institucional es la ruina, ya que los usuarios están inmersos en una carrera, cada quien persiguiendo su propio interés dentro de una sociedad en la que el recurso es propiedad de todos (Hardin 1968).

Para tratar de resolver el problema de la tragedia de los comunes y establecer un modelo de gestión más sustentable para recursos de uso común (RUC), como es el caso de las cuencas, una de las soluciones más frecuentes es recurrir a la intervención del Estado o lo que Ostrom llama el Leviatán. Esta “solución” consiste en el uso del poder público para fijar límites a los usuarios y de esta manera evitar que se llegue a la situación de tragedia de los comunes y deterioro de la cuenca. En particular, este es el modelo de gestión que se ha seleccionado en México a fin de llevar a cabo la gestión de las cuencas hidrológicas, para promover la conservación del recurso y evitar la extracción ilimitada o descontrolada del recurso tanto de los cuerpos superficiales de agua como de las agua subterráneas.

El modelo de gestión mexicano se desprende del principio de propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales establecido por el artículo 27 de la Constitución mexicana de 1917. Este principio establece que la explotación, uso o aprovechamiento de los recursos y aguas nacionales requiere de una concesión expedida por el Ejecutivo federal, es decir el presidente de la República. Por “aguas nacionales” se entiende, también de acuerdo al mismo artículo 27 constitucional, prácticamente todos los cuerpos de agua relevantes del país. Por lo tanto, todo aprovechamiento de agua debe ser autorizado por las autoridades en la materia, y en el derecho mexicano no existe ni la propiedad privada completa del agua, ni mercados de agua propiamente dichos que permitan su venta y enajenación sin la intervención del Estado.

Roemer (1997, 82) clasifica el modelo mexicano de organización de los derechos de agua como “administrativo” y lo contrasta con el de “cuasi mercado” que existe en el estado de California en los Estados Unidos y el de “mercado” que se aplica en Chile. El modelo administrativo mexicano, que más bien podemos denominar “estatal” y es frecuente en muchos otros países, se caracteriza por la existencia de una autoridad administrativa centralizada que es la “propietaria” de los derechos de agua y que asigna permisos de consumo y determina las condiciones de uso. Uno de los principales señalamientos que se ha hecho a este modelo es que tiende a privilegiar las preocupaciones políticas sobre las consideraciones meramente económicas; lo cual no garantiza que el agua se destine a los usos más productivos (Roemer 1997, 16).

A fin de afinar más el modelo de gestión para las cuencas hidrográficas, la Ley de Aguas Nacionales (LAN) estableció desde 1992 que: “La cuenca hidrológica, conjuntamente con los acuíferos, constituye la unidad de gestión de los recursos hídricos” (LAN 1992, art. 3, fracción IV). Esta disposición fue ratificada y ampliada en las reformas de 2004 que establecen como uno de los principios básicos que sustentan la política hídrica nacional: “La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica” (LAN 2004, art. 14 bis 5, fracc. II). Además, la LAN 2004 estipula que “Compete al Ejecutivo Federal… I. Reglamentar, por cuenca hidrológica y acuífero [cursivas nuestras], el control de la extracción así como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo, inclusive las que hayan sido libremente alumbradas, y las superficiales…”. Además, el artículo 7 de la misma LAN de 2004 declara de utilidad pública “La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas” (LAN 2004 art. 7, fracc. I). Acto seguido, declara también de utilidad pública: “La protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de captación de fuentes de abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración natural o artificial de aguas para reabastecer mantos acuíferos” (LAN 2004, art. 7, fracc. II).

Al menos en los textos legales, está claramente establecida la gestión por cuencas y de que es el Estado, a través de las agencias y dependencias del Ejecutivo, quien se encarga de tomar las medidas para controlar las extracciones y poner límite a los aprovechamiento de los recursos hídricos a fin de promover la protección y conservación del recurso.

Uno de los instrumentos de la gestión del agua es la concesión de derechos y asignaciones de agua. La función de planeación y control de los derechos de agua asignadas al Ejecutivo mexicano y la administración de estos derechos que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) implican retos y responsabilidades técnicas muy importantes para cumplir lo establecido por la ley y para lograr que el agua se aproveche de manera eficiente, evitar los derroches y desperdicios, y alcanzar la sustentabilidad con el mayor grado posible de bienestar social. El problema es que, en la práctica, aunque el propósito de estas regulaciones es la protección y conservación de los recursos hídricos, el control de las extracciones y aprovechamientos de agua adolece de deficiencias. Un elemento central de la gestión por cuencas es el control de las asignaciones y derechos de agua. Panayotou expresa que “la asignación deficiente de la propiedad y del uso de las aguas nacionales, las carencias en los sistemas de administración y en el sistema tributario son las principales causas de la cobertura insuficiente de agua” (1997).

El objetivo de este artículo es analizar el papel de los derechos de agua en la gestión por cuenca hidrográfica. Se trata principalmente de observar si la intervención estatal está ayudando a resolver el problema de la tragedia de los recursos de uso común en el caso de las cuencas hidrográficas y si el registro y control de los derechos de agua son aprovechados para poner límites a las extracciones y evitar la sobreexplotación del recurso. Para observar ese problema se estudia el caso de la cuenca de río Sonora. Las preguntas que guían este trabajo son: ¿Qué tanto el otorgamiento y registro de los derechos de agua han obedecido a la orientación de gestión con base en cuencas y acuíferos? ¿Han servido los derechos de agua para controlar y limitar las extracciones y aprovechamientos de agua de modo que se alcance un mejor equilibrio en la cuenca y los acuíferos?

Para contestar estas preguntas, este artículo hace un breve repaso de las ideas de la gestión por cuenca hidrográfica y se revisa el marco legal de los derechos del agua en México. Después se revisa si, de acuerdo con la base de datos obtenida del REPDA, la adscripción de los registros de derechos de agua a los municipios corresponde a la cuenca del río Sonora. En tercer término se compara la información de los derechos de agua con los decretos de disponibilidad que han sido publicados para la cuenca de este río. Al final del trabajo se presentan los hallazgos y se hacen algunas reflexiones sobre el papel que juegan los derechos de agua en la gestión por cuencas hidrográficas.

La gestión de recursos hídricos por cuenca

Aunque no ha sido la manera predominante de gestión, en algunos países el agua se ha manejado de manera integrada desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Valencia, España, los tribunales participativos de usuarios han funcionado por lo menos desde el siglo X (Rahaman & Varis, 2005). España es probablemente el primer país en gestionar el agua por cuencas al adoptar en 1926 el sistema de confederaciones hidrográficas (Rahaman & Varis, 2005). Un antecedente muy mencionado es también la Comisión del Valle del Tennessee de la década de 1940 en los Estados Unidos. Sin embargo, el enfoque fue propuesto a nivel internacional por primera vez en la Conferencia Internacional sobre Agua del Mar de la Plata organizada por las Naciones Unidas en 1977. Posteriormente el enfoque fue retomado y desarrollado en las conferencias de Dublín y de Río de Janeiro de 1992 (Rahaman & Varis, 2005).

El enfoque de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) está orientado a la gestión eficiente y desarrollo de los recursos hídricos de una manera sustentable y equilibrada, tomando en cuenta tanto los intereses sociales y económicos de los usuarios, como la demanda de agua del medio ambiente. Este enfoque enfatiza la participación de los diversos sectores en los procesos de decisión y formulación de políticas, con el fin de establecer una buena gobernanza y de crear un marco legal e institucional efectivo como la vía para decisiones más equitativas y sustentables (Global Water Partnership 2009, 10). La GIRH es una estrategia para el desarrollo y la gestión del agua que hace un balance de las necesidades económicas y sociales, y asegura la protección de ecosistemas para generaciones futuras.

La GIRH es también definida como “un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas” (Global Water Partnership 2009, 18). De acuerdo con el planteamiento de Dourejeanni (2004), la GIRH es un componente de la gestión de los recursos naturales y ésta a su vez es parte de la gestión ambiental. El control y administración de los derechos de agua puede ser una herramienta muy valiosa y definitiva para la gestión por cuencas. Por otra parte, la GIRH tiene como sus componentes la gestión del agua por sectores.

En México, como ya mencionamos, la gestión por cuencas se adoptó oficialmente desde la LAN de 1992. De acuerdo con la LAN 2004, por cuenca hidrográfica se entiende: “La unidad del territorio, diferenciada de otras unidades, normalmente delimitada por un parteaguas o divisoria de las aguas —aquella línea poligonal formada por los puntos de mayor elevación en dicha unidad—, en donde ocurre el agua en distintas formas, y ésta se almacena o fluye hasta un punto de salida que puede ser el mar u otro cuerpo receptor interior, a través de una red hidrográfica de cauces que convergen en uno principal, o bien el territorio en donde las aguas forman una unidad autónoma o diferenciada de otras, aun sin que desemboquen en el mar. En dicho espacio delimitado por una diversidad topográfica, coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, otros recursos naturales relacionados con éstos y el medio ambiente” (LAN 2004 art. 3, fracc. XVI). La cuenca hidrológica está a su vez está integrada por subcuencas y estas últimas están integradas por microcuencas.

Hay que agregar que estrechamente vinculado con el concepto de cuenca, la misma LAN 2004 define además el concepto de región hidrológica como: “[El] área territorial conformada en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como su explotación, uso o aprovechamiento”. De este modo, para fines administrativos y de sistematización de la información, la cuenca es sustituida por la región hidrológica que puede estar integrada por una o varias cuencas hidrológicas y cuyos límites normalmente son distintos de las divisiones políticas estatales o municipales. Una o varias regiones hidrológicas integran una región hidrológico-administrativa.

Asimismo, la LAN 2004 define a la gestión del agua como: “Proceso sustentado en el conjunto de principios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan para lograr el desarrollo sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental, (1) el control y manejo del agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos y, por ende, su distribución y administración, (2) la regulación de la explotación, uso o aprovechamiento del agua, y (3) la preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad, considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios y daños a ecosistemas vitales y al medio ambiente. La gestión del agua comprende en su totalidad a la administración gubernamental del agua” (LAN 2004, art. 3, fracc. XXVIII).

En este trabajo consideramos que los derechos de agua pueden y deben jugar un papel central dentro del enfoque de GIRH por cuencas. Este papel o función se puede definir por medio de los siguientes principios:

1. La cuenca es el espacio básico y primordial de la planeación y gestión de los recursos hídricos. Con base en este principio los derechos deben estar adscritos y definidos en función de una cuenca. En contraparte de este principio, con frecuencia el registro y asignación de derechos de agua responde a otros criterios, como la división política o los sectores económicos, que no permiten hacer el inventario de consumos y uso del agua con base en la cuenca.

2. La información es una condición y herramienta de la planeación y la gestión por cuenca. Esto implica entonces que la gestión por cuencas requiere de un sistema de información sobre el ciclo del agua que sirva de insumo a la planeación y gestión de los derechos y asignaciones del agua. En este sistema de información los derechos de agua permiten cuantificar las extracciones e intervenciones sociales en el ciclo del agua y posibilitan la realización de balances y diagnósticos de los consumos y asignaciones de agua. Sin esta información no es posible la planeación ni la gestión de la cuenca.

3. La participación y cooperación de los diferentes usuarios y actores en la gestión del agua es la herramienta que puede detener y eventualmente revertir la tragedia de los comunes, es decir, que ocurra el cambio irreversible en el ecosistema (Morehouse et al. 2008). Por lo tanto, la planeación y gestión de la cuenca debe ser participativa y ésta es la que puede prevenir el comportamiento colectivo irracional de agotar acuíferos y sobreexplotar las cuencas. Esto lleva a la conformación de consejos y grupos de deliberación y toma de decisiones. Es en el seno de estos consejos en donde se deben dirimir los conflictos de intereses y, sobre todo, la definición de prioridades y prelaciones en los derechos y usos del recurso.

En este trabajo se hace una revisión de la información existente sobre los derechos o concesiones de agua en la cuenca del río Sonora desde el punto de vista de los principios antes señalados. La planeación y gestión por cuencas requiere de un sistema de información confiable y actualizada. Ese sistema de información debe servir asimismo para generar datos e indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar el acceso y usos del agua en la cuenca (Global Water Partnership 2009, 83-92). Más específicamente, la GIRH requiere por cuenca un inventario preciso y actualizado de las asignaciones de agua así como de la explotación que se está haciendo del recurso.

Los derechos de agua en México

En este estudio se entiende por “derecho de agua” la autorización otorgada por la autoridad legal correspondiente para acceder a la explotación, uso o aprovechamiento del recurso hídrico de propiedad nacional, por medio de un título o documento oficial que ha sido registrado en el REPDA. En este sentido, tanto la “asignación” como la “concesión” de derechos de agua se refieren a los títulos o documentos que avalan esta autorización. La diferencia entre asignación y concesión estriba en que la primera se otorga a los municipios, a los estados o al Distrito Federal y está destinada a los servicios de agua con carácter público urbano o doméstico (LAN art. 3, VIII), mientras que la concesión se otorga a las personas físicas o morales de carácter público y privado (LAN art. 3, XIII). Otra diferencia es que las asignaciones no pueden ser objeto de transmisión (LAN, art. 20), mientras que las concesiones pueden ser transferidas entre personas físicas o morales, bien por la vía sucesoria o por adjudicación judicial (Reglamento de la Ley Aguas Nacionales, RLAN, arts. 64 y 71) (DOF, 12 de enero de 1994). Sin embargo, la transmisión de aguas superficiales sólo puede hacerse dentro de la misma cuenca y la de aguas subterráneas sólo dentro del mismo acuífero (RLAN art. 64). En el resto de este trabajo, al hablar de concesión se estarán incluyendo tanto las asignaciones como las concesiones.

Este régimen de intervención estatal en el acceso al agua ha implicado la planeación de la gestión del recurso realizada por el gobierno federal, así como el establecimiento de registros y controles de las concesiones. Asimismo, a partir del hecho de que el Ejecutivo federal expide los títulos, se infiere que éste tiene la responsabilidad de velar por el interés general de la nación y, por lo tanto, de prever y planear el destino más apropiado para los usos del agua.

La ley establece que el criterio para otorgar las concesiones es la disponibilidad media anual del agua en el lugar en que se solicita. Este criterio pudiera significar un problema en tiempos de sequía cuando la disponibilidad del recurso está por debajo de la media y el conjunto de los derechos asignados significa un consumo agregado superior al disponible. Asimismo, conforme a la planeación y la normatividad existente, la disponibilidad del recurso debe revisarse cada tres años (LAN art. 22, párrafo segundo). A fin de prever las bajas en la disponibilidad, la LAN prevé que las concesiones expedidas señalarán expresamente las condiciones de variabilidad de la fuente donde se realiza la extracción, así como sequías y otros fenómenos. Por ello, los títulos de concesión no garantizan la existencia o invariabilidad de los volúmenes que amparan (art. 22, párrafo quinto). O sea que el hecho de contar con una concesión, no garantiza necesariamente el acceso al recurso; sino que está sujeto a que el recurso hídrico se encuentre disponible en la fuente o lugar de extracción.

La LAN es reiterativa en que los concesionarios deben controlar sus extracciones a la disponibilidad del recurso. Así, establece que “en ningún caso podrá el titular de una concesión o asignación disponer del agua en volúmenes mayores que los autorizados por la Autoridad del Agua”; además, para aumentar o modificar la extracción, el concesionario debe tramitar la expedición de un nuevo título (art. 23, párrafo tercero). También el concesionario debe avisar a la autoridad hidráulica cuando cambie o modifique el tipo de uso que le da al recurso y deberá solicitar permiso para realizar las obras que se requieran para ese nuevo tipo de aprovechamiento (LAN art. 25, párrafo octavo).

Para reforzar la limitación en las extracciones del agua a los volúmenes concesionados, la LAN establece que los concesionarios deben contar con medidores o dispositivos para la medición directa o indirecta de las extracciones (art. 29, fracc. II). Además, los concesionarios deben pagar los derechos fiscales que les correspondan de acuerdo con las extracciones, consumo y descargas volumétricas que realicen. El incumplimiento de estos pagos puede ser motivo de suspensión o revocación de la concesión (LAN art. 29, fracc. IV).

Los concesionarios deben también proporcionar la información y documentación que les soliciten las autoridades del agua y deben procurar el uso eficiente y el reúso de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas (LAN art. 29, fracc. IX y X). Por último, es importante destacar que las concesiones son temporales y pueden tener una duración de entre cinco y veinte años (LAN art. 24). Por lo tanto, las concesiones deben ser renovadas al final del periodo de concesión y en cada caso la autoridad hidráulica tiene la posibilidad de suspenderlas o revocarlas.

El Registro Público de Derechos de Agua

La LAN del 1 de diciembre 1992 estableció, en su artículo 30, el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). La página web de la CONAGUA (www.conagua.gob.mx) y la Memoria Documental del REPDA le asignan al registro el objetivo o misión de: “Proporcionar seguridad jurídica a los concesionarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, haciendo constar la titularidad de los derechos inscritos y los cambios en sus características y resolver consultas en forma eficaz sobre los derechos de los usuarios en materia de aguas nacionales” (Comisión Nacional del Agua, s.f.).

Al analizar este objetivo desde el punto de vista de la GIRH, se observa que el REPDA tiene más bien la función de prevenir conflictos y discrepancias entre los usuarios y no tanto el de planear y controlar los usos y extracciones de acuerdo a la disponibilidad. De este modo, la seguridad jurídica que se menciona puede ser efectiva frente a otros demandantes, pero no cuando se trata de limitaciones en la disponibilidad natural del recurso. Dicho de otro modo, la garantía o certeza jurídica no resulta efectiva cuando se agota el pozo o cuando se seca el río. Se infiere entonces que, de acuerdo con el marco normativo, ni los derechos ni su registro tienen la función de controlar los usos y extracciones del recurso en la búsqueda de su conservación y equilibrio.

Además, la ley tampoco establece ninguna disposición para que los usuarios procuren ahorrar o conservar las fuentes de suministro tratando de utilizar volúmenes menores a los que les fueron concesionados. Aun cuando la LAN sugiere que la concesión no se perderá si el usuario no usa la totalidad del agua concesionada, mientras las causas de esto no sean imputables al usuario, entre los concesionarios es frecuente la idea de que pueden perder la concesión si no emplean en su totalidad el recurso. Lo más cercano que llega a la idea de conservación del recurso es la disposición del artículo 29, fracción X, de “cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su reúso”. Esta ausencia de política de conservación propicia que, en la práctica, las concesiones y la certeza jurídica que otorgan los derechos tiendan a ser un incentivo para utilizar o extraer en su totalidad los volúmenes de agua concesionados. Esto refuerza la noción de que el propósito o función de los derechos de agua no es el control de las extracciones ni alcanzar un equilibrio con respecto a la disponibilidad física del recurso.

En lo que se refiere a la gestión por cuencas, ni la LAN ni su reglamento establecen que los títulos de derechos de agua deban de adscribirse a una cuenca. De este modo, los títulos especifican, entre otros, los datos del titular, el volumen concesionado y la fecha de registro, pero no la cuenca a la que pertenecen. Sólo en el caso de aguas subterráneas se hace mención al acuífero del que se hace la extracción. Sin embargo, al referirse a la transmisión de títulos de concesiones y asignaciones, el artículo 64 del Reglamento establece que sólo “se podrán transmitir los derechos […] dentro de una misma cuenca, o de aguas del subsuelo dentro de un mismo acuífero”. De esto se infiere que debe conocerse y definirse no sólo la división política en la que se ubican los derechos sino también y de manera primordial la cuenca o el acuífero al que pertenecen. El art. 26, fracc. III, de la LAN de 1992 y el art. 29 bis 2, fracción V de la LAN reformada de 2004 establecen que las concesiones o asignaciones se suspenden cuando el titular “No cumpla con las condiciones o especificaciones del título de concesión o asignación”.

En lo que respecta a su organización administrativa, el REPDA ha oscilado entre la centralización y la descentralización. El Reglamento de la LAN del 12 de enero de 1994, en su artículo 54, disponía que se establecieran oficinas en todas las entidades federativas. Sin embargo, un oficio del director general de la CONAGUA, del 15 de junio de 1995, dispuso que con el objeto de dar mayor seguridad y calidad, la fe pública registral se concentraba en la gerencia nacional del registro. Posteriormente, el 2 de noviembre de 2000 se publica el acuerdo que delega nuevamente las funciones registrales en los gerentes regionales de la CONAGUA. En los hechos, sin embargo, toda la información y actividades sustantivas son concentradas en la gerencia nacional y las gerencias regionales funcionan como meras ventanillas de trámite.

La evolución del número de registros y movimientos de títulos se ha ido incrementando con el paso de los años. En una primera etapa la actividad se concentró en el registro de derechos por primera vez. Pero en una segunda etapa la actividad registral ha disminuido y se ha incrementado el registro de movimientos y transmisiones de derechos. Es así como en 1994 hubo 15 789 primeros registros y sólo 156 movimientos. El periodo de mayor actividad registral fue de 1995 a 1999 cuando hubo 330 215 registros y sólo 2 134 movimientos. A partir del año 2000 la actividad de registros primerizos comienza a bajar, pero comienzan a repuntar los movimientos. En el año 2002 los registros fueron sólo 25 883 y los movimientos 18 543. Por último, en el periodo de 2009 a 2011 los registros fueron 25 251 y los movimientos 71 736.

Al 31 de marzo de 2012, el REPDA tenía registrados un total de 457 803 títulos de concesión en todo el país. De éstos, 26 685 (el 6 por ciento) corresponden al Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), en cuya jurisdicción se ubica la cuenca del río Sonora, la región hidrológica y la división municipal. Cuando se trata de vincular la cuenca de un río con los derechos de agua otorgados, lo que se encuentra es que la información de los derechos no está disponible por cuenca sino solamente por región hidrológica, acuífero homologado o por la división política. Los formularios de búsqueda del REPDA contienen entradas por medio de: estado, municipio, organismo de cuenca, región hidrológica, acuífero homologado, titular, título, fecha de inicio y fecha final. No hay una vía de acceso por cuenca.

Hay que recordar que la región hidrológica, establecida por la LAN como la base para la gestión por cuencas y para la sistematización de la información, puede comprender varias cuencas. De este modo, el río Sonora pertenece a la región hidrológica denominada “Sonora Sur”, que comprende las cuencas de los ríos Sonora y Yaqui. De este modo, la información de derechos de agua que ofrece el REPDA sobre el río Sonora está agrupada con las cuencas de los ríos Mátape, Yaqui, arroyo Cocoraque y río Mayo. Esta información no distingue cuáles derechos corresponden a la cuenca del río Sonora y cuáles a las otras cuencas. Si se consulta la información sobre cada título de derecho de agua, tampoco se obtiene ahí la información de la cuenca a la que corresponde. Se requiere ir a los anexos del título para encontrar que un derecho particular corresponde a cierto número de cuenca que no es identificada con nombre. Por ejemplo, uno de los primeros títulos que aparece al consultar los derechos correspondientes a la región hidrológica “Sonora Sur” es el del titular “Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Aconchi”, título “02SON121876/09HMGR00”, de uso “público urbano”, registrado el 11/08/2000. Sólo al ingresar a la información específica sobre este título, se obtiene la información sobre el volumen de agua concesionado (200,592 m3/año) y que la concesión se refiere a agua subterránea, pero no se informa la ubicación precisa del derecho. Sólo hasta que se ingresa a los anexos de dicho título publicados en Internet, se obtiene la información de que la extracción a la que se refiere el título se ubica en el estado (26) de Sonora, en el municipio (1) de Aconchi, en la región hidrológica (9) Sonora Sur, en la cuenca 4, acuífero homologado (2624) Río Sonora, que corresponde a la latitud 29°49’10.00” y longitud -110°14’32.00”. En resumen, la información de la cuenca a la que pertenecen los derechos no está fácilmente accesible y la compilación manual de dicha información accediendo a los anexos de cada derecho uno por uno necesitaría mucho tiempo.

Otra vía de llegar a los derechos de agua de la cuenca del río Sonora es a través de la división municipal en la cuenca. De acuerdo con un estudio de la Comisión Estatal del Agua de Sonora (CEA Sonora), la cuenca del río Sonora se ubica enteramente dentro del estado de Sonora y comprende un total de 27 municipios. De éstos, sólo tres municipios están ubicados en su totalidad dentro de la cuenca; otros diez tienen la mayor parte de su territorio ubicada en la cuenca, mientras que otros 14 tienen solo una parte minoritaria de su territorio dentro de la cuenca (Comisión Estatal del Agua y Torynor 2009).

Con el fin de identificar los derechos de la cuenca del río Sonora, se seleccionaron los 15 municipios indicados por la Comisión Estatal del Agua en Sonora (2008), y cuyo territorio se ubica mayoritariamente dentro de la cuenca del río Sonora, que son: Aconchi, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Cananea, Carbó, Cucurpe, Hermosillo, Huépac, Opodepe, Rayón, San Felipe de Jesús, San Miguel de Horcasitas y Ures.

A través de la consulta a la página web del REPDA entre noviembre de 2011 y enero de 2012, se construyó una base de datos de los derechos concesionados en los 15 municipios de la cuenca del río Sonora. La base contiene un total de 4 965 registros de títulos de concesión. Al revisar dicha base, se observa que 26 registros aparecen en blanco, es decir, no contienen ningún dato referente al volumen de agua concesionado, ni superficial ni subterráneo y sólo contienen el nombre del titular y la fecha de la concesión. Según la consulta realizada, estos registros en blanco corresponden a derechos obsoletos que no fueron renovados y ya no están vigentes. Restados los registros en blanco, la base de datos con información numérica consta de 4 939 registros; aunque solamente 4 413 de estos títulos se refieren a concesiones de agua, mientras que el resto se refieren a permisos de descarga de aguas residuales y zonas federales.

La información de cada título incluye: 1) municipio donde se encuentra registrado el título; 2) nombre del titular; 3) la clave de registro del título; 4) tipo de uso; 5) fecha de registro; 6) el total del volumen de agua que se concesiona en metros cúbicos por año (este volumen se desglosa además en el número de aprovechamientos superficiales y subterráneos, así como el volumen superficial y subterráneo concesionado); 7) número de puntos de descarga de aguas residuales y volumen de descarga permitido en metros cúbicos por día, y 8) número de zonas federales y superficie de zona federal en metros cuadrados involucradas en el derecho de concesión, en su caso.

Distribución espacial y temporal de los derechos de agua

Para su estudio y análisis, con base en la información municipal, los títulos se dividieron en cinco grupos correspondientes a cinco subcuencas o regiones geográficas que son: la cuenca alta, la cuenca media, el afluente San Miguel, el afluente el Zanjón y la cuenca baja.

En cuanto a la temporalidad de los registros, la base de datos comprende el periodo de 1994 a 2011. El primer registro fue realizado el 3 de mayo de 1994 y corresponde a un derecho registrado en el municipio de San Miguel de Horcasitas. En el otro extremo, el último registro fue hecho el 4 de abril de 2011 en el municipio de Hermosillo. La distribución de los títulos por año de asignación muestra que las cantidades más grandes de otorgamiento de títulos se dieron en los años de 1996 a 2000, mientras que a partir de 2001 el otorgamiento de títulos desciende considerablemente.

En entrevista con un funcionario del Organismo de Cuenca del Noroeste, se nos informó que el proceso de registro de los derechos de agua a partir de 1994 consistió más bien en el reconocimiento de los usuarios del recurso ya existentes y no fue, por lo tanto, un proceso de decisión con base en consideraciones de disponibilidad o conservación del recurso. Incluso el proceso fue lento ya que tuvo que vencer muchas resistencias de los usuarios a proporcionar la información y a realizar los pagos correspondientes (Oroz, 2012a). De este modo, el otorgamiento de los títulos no fue un proceso que tuviera el control sobre el número de concesiones y donde hubiera solicitudes que pudieran no ser aceptadas. Más bien se trató de un proceso en el que la CONAGUA y el REPDA hicieron campaña de convencimiento a los usuarios para que registraran sus usos y aprovechamientos.

Volúmenes y usos de agua concesionados

De acuerdo al ejercicio realizado, en los 15 municipios el total de volumen concesionado es de 1 026 millones de metros cúbicos (Mm³). De este total, la cuenca alta tiene el 3 por ciento, la cuenca media el 10 por ciento, el río San Miguel el 8 por ciento, el río Zanjón el 3 por ciento y la cuenca baja el 76 por ciento. O sea que la cuenca baja concentra poco más de tres cuartos del agua concesionada en esta región.

Del total de volumen concesionado, el 59 por ciento corresponde a aguas superficiales, mientras el restante 41 por ciento corresponde a aguas subterráneas. De este modo, por sí sola, la cuenca baja concentra el 92 por ciento del agua superficial y el 53 por ciento del agua subterránea concesionada.

Existen dos consideraciones importantes con respecto a estas cifras. Por un lado, en la base de datos del REPDA no se localizaron las concesiones correspondientes al Distrito de Riego 051-Costa de Hermosillo (DDR 051), conocido por su importancia agrícola y por los volúmenes de agua que utiliza según estimaciones recientes (Olavarrieta et al., 2010). Asimismo, se encontró un título de concesión a nombre del Gobierno del Estado de Sonora por 540 Mm³ de agua superficial para uso público urbano; mismo que se asume es el correspondiente a la presa Abelardo L. Rodríguez en la cuenca baja (el municipio de Hermosillo), pero que dejó de funcionar debido a las casi inexistentes recargas de agua. En comunicación personal con un funcionario del Organismo de Cuenca Noroeste (Oroz, 2012b), éste indicó que ya se había solicitado la extinción de este título, pero aún no había sido dado de baja en el REPDA. En este análisis se utilizan los volúmenes y concesiones tal y como se obtuvieron del REPDA; es por ello que en la cuenca baja el volumen de agua superficial y el volumen total para uso urbano pueden estar sobreestimados; mientras que el volumen para uso agrícola en esta misma sección de la cuenca puede estar subestimado.

Si rehiciéramos el análisis de los datos omitiendo el título de concesión de 540 Mm³ de aguas superficiales para uso público urbano cuya baja se encuentra en proceso, incluyendo el volumen concesionado al DDR 051- Costa de Hermosillo por aproximadamente 325 Mm³ de agua subterránea para uso agrícola (CONAGUA y OCNO 2007), entonces: el volumen de agua superficial concesionada en la cuenca baja sería de 13.7 Mm³ y no de 553.7 Mm³, como se obtuvo del análisis de los datos del REPDA. El volumen de agua subterránea concesionada en la cuenca baja sería de casi 550 Mm³; es decir, poco más del doble del volumen que se obtuvo del análisis de los datos. El volumen total concesionado para la cuenca baja sería entonces de poco más de 560 Mm³, y no de 775.5. Finalmente, el volumen total concesionado en toda la cuenca del río Sonora disminuiría de 1,026.5 Mm³ a casi 812 Mm³.

En lo que se refiere a los usos, la LAN define cinco tipos que son: el agrícola, el doméstico, el industrial, el pecuario y el público urbano. Sin embargo, en la base de datos aparecen además los tipos “múltiple”, “agroindustrial” y de “servicios” que no se definen en la LAN. A partir de la observación de estos títulos se infiere que los derechos “múltiples” corresponden a combinaciones de dos o más de los cinco usos especificados en la ley; por ejemplo, concesiones para uso doméstico y agrícola, doméstico y pecuario, pecuario y agrícola, entre otras. Asimismo, el uso “agroindustrial” corresponde a la combinación del uso agrícola y el industrial. Por último, el de “servicios” se refiere al autoabastecimiento de agua para edificaciones de comercios o servicios (públicos o privados), que no son industriales y que se encuentran separados de los centros urbanos. En este caso están, por ejemplo, aeropuertos, moteles o almacenes ubicados fuera de la ciudad. Otro uso que aparece en la base de datos es el de acuacultura, aunque en este caso no se trata propiamente de una concesión de uso de agua sino una autorización para descargar aguas residuales derivadas de esta actividad.

Tipo de uso y descripción

Agrícola
La aplicación de agua nacional para el riego destinado a la producción agrícola y la preparación de ésta para la primera enajenación, siempre que los productos no hayan sido objeto de transformación industrial.

Doméstico
La aplicación de agua nacional para el uso particular de las personas y del hogar, riego de sus jardines y de árboles de ornato, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad lucrativa, en términos del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Industrial
La aplicación de aguas nacionales en fábricas o empresas que realicen la extracción, conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o la elaboración de satisfactores, así como el agua que se utiliza en parques industriales, calderas, dispositivos para enfriamiento, lavado, baños y otros servicios dentro de la empresa, las salmueras que se utilizan para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aun en estado de vapor, que sea usada para la generación de energía eléctrica o para cualquier otro uso o aprovechamiento de transformación.

Pecuario
La aplicación de aguas nacionales para la cría y engorda de ganado, aves de corral y otros animales, y su preparación para la primera enajenación siempre que no comprendan la transformación industrial; no incluye el riego de pastizales.

Público urbano
La aplicación de agua nacional para centros de población y asentamientos humanos, a través de la red municipal.

Fuente: Ley de Aguas Nacionales, Título Primero, Fracciones LIII, LVI, LVIII, LIX y LX. DOF, 29 de abril de 2004.
De este modo, tenemos que el principal uso de la cuenca es el uso público urbano que concentra el 60 por ciento del volumen concesionado. Después le sigue el uso agrícola con el 31 por ciento del agua. Estos dos usos concentran por lo tanto el 91 por ciento del agua concesionada, mientras que los otros usos tienen sólo el 9 por ciento del agua.

De nuevo, si rehiciéramos el análisis omitiendo el título de concesión del Gobierno del Estado de Sonora por 540 Mm³ para uso público urbano cuya baja está en proceso, e incluyendo 325 Mm³ del DDR 051 que no se encontró entre los datos obtenidos del REPDA, los resultados se modificarían notablemente: el volumen de agua para uso público urbano en la cuenca baja no sería de 607.73 Mm³ como se indica en la tabla 4, sino de 67.73 Mm³. Habría que considerar además los cambios más recientes en las concesiones para abastecer a la ciudad de Hermosillo mediante el acueducto Independencia en los años 2012 y 2013, y que escapan del periodo de análisis de este trabajo.

El volumen de agua para uso agrícola en la cuenca baja sería de 457.8 Mm³, y no de 132.8.

Considerando que el total concesionado en la cuenca del río Sonora sería de aproximadamente 812 Mm³, el uso agrícola concentraría entonces el 80 por ciento del volumen concesionado, mientras que el uso público urbano tendría el 9 por ciento. Estas proporciones son similares a las reportadas por la Comisión Estatal del Agua en las estadísticas del agua para Sonora en 2008 (CEA Sonora 2008).

La pregunta relevante es si estos volúmenes son sustentables o si se está extrayendo más de la recarga. Para tratar de acercarse a la respuesta, recurrimos a los estudios de disponibilidad de agua superficial y de agua subterránea para esta cuenca.

Disponibilidad de agua superficial y subterránea

Con el fin de tener puntos de comparación que permitan ponderar la pertinencia de los volúmenes de agua concesionados en la cuenca del río Sonora analizamos la información oficial publicada por la CONAGUA en relación con la disponibilidad de agua en esta cuenca.

De acuerdo con los estudios y decretos de disponibilidad de aguas superficiales más recientes para la cuenca del río Sonora, no existe agua superficial disponible en la cuenca en ninguno de sus tramos y ésta se encuentra totalmente en déficit. Esto significa, cuando menos, que se está utilizando toda el agua superficial disponible y que probablemente se usa más de la que está asignada.

La sobrextracción ocurre principalmente en la cuenca baja, en donde se encuentra la Costa de Hermosillo, que tiene una concesión de 325 Mm³, pero que, según Olavarrieta (2010), en 2007 se llegaban a extraer hasta 377 Mm³. Más aún, se estima que la recarga del acuífero de esta zona es de 250 Mm³, de los cuales alrededor de 100 Mm³ provienen de agua del mar (Monreal et al., 2002). Así, no solamente se extrae más agua de la concesionada, sino que se ha concesionado una cantidad superior a la recarga, generando una explotación no sustentable del acuífero.

Según se observa en estos decretos de disponibilidad, las aguas superficiales están enteramente asignadas. Asimismo, las aguas subterráneas de los ríos San Miguel y Zanjón, así como del acuífero de la Costa de Hermosillo muestran también elevados déficits con respecto a la recarga. Puede inferirse entonces, que las asignaciones de derechos están excedidas y hay un exceso de usos y aprovechamientos del recurso en toda la cuenca. Cada usuario incurre en el comportamiento de extraer la máxima cantidad de agua para atender su interés personal y no se está atendiendo el equilibrio y conservación de la cuenca en general. Con este comportamiento lo que se podría esperar en el futuro es el deterioro general de la cuenca y el agotamiento de los acuíferos, es decir, la tragedia de los comunes.

Conclusiones
Un problema de política pública bastante conocido y estudiado es el de los recursos de uso común que, en vista de su carácter colectivo y aparentemente renovable, tienden a ser sobreexplotados y pueden resultar en lo que se conoce como la “tragedia de los comunes”; es decir, que se termina rompiendo el equilibrio natural y deteriorando de manera irreversible o agotando el recurso (Ostrom 1990).

Entre las opciones de solución para este problema está la intervención estatal, es decir que el gobierno interviene a fin de poner límites a las extracciones individuales de modo que se logre un equilibrio colectivo. Este es el tipo de solución que se ha tratado de implantar en México, en donde a nivel legislativo se ha establecido la norma de gestión por cuenca y se declaró como de interés público “La protección, mejoramiento, conservación y restauración de cuencas hidrológicas, acuíferos, cauces, vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de captación de fuentes de abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración natural o artificial de aguas para reabastecer mantos acuíferos” (LAN 2004, art. 7, fracc II).

El control de las concesiones y asignaciones de agua es, por su propia naturaleza, el instrumento idóneo para llevar a cabo la gestión por cuencas y tratar de alcanzar los objetivos de interés público de conservación y restauración de los recursos naturales de uso común. Por ello, desde 1994 la Ley de Aguas Nacionales estableció el registro de los derechos de agua.

Sin embargo, en la práctica el objetivo del otorgamiento y registro de los títulos de derechos de agua no es llevar a cabo la “gestión por cuenca” o avanzar hacia la conservación del recurso sino que, de acuerdo a lo publicado en documentos oficiales de menor jerarquía jurídica (como la Memoria Documental y la página web del REPDA), el objetivo de los derechos de agua es dar certeza jurídica de los concesionarios frente a otros concesionarios. Por ello, el incentivo de los usuarios al registrar sus aprovechamientos y extracciones es contar con dicha seguridad frente a otros usuarios o demandantes de agua y frente a las mismas autoridades. De este modo, los derechos de agua no se están utilizando como un instrumento para limitar y moderar las extracciones de agua y alcanzar una gestión más sustentable del recurso.

La supuesta concesión (acto de una autoridad que da permiso) es en realidad sólo el registro o legalización de usos que se están realizando en la práctica. El proceso de registro de concesiones de derechos de agua iniciado a partir de 1994 ha sido solamente un proceso de ir incorporando la información de las extracciones que se realizan en la práctica y que se venían realizando desde tiempo atrás. No se trata por lo tanto de una planeación propiamente dicha, ni de decisiones que se realicen con base en la disponibilidad, sino que obedecen más bien a un intento de las autoridades de la CONAGUA por hacer que los usuarios registren sus extracciones y de contar con una información aproximada de los aprovechamientos y extracciones que se están llevando a cabo.

Hay una tensión inherente entre los intereses de los usuarios y las funciones de registro que trata de realizar la CONAGUA. En la práctica la CONAGUA está subordinada a la voluntad de los usuarios para realizar los registros. No se trata de actos de autoridad vertical donde la autoridad controle el recurso y decida a quién otorgar derechos de agua, sino sólo de tomar nota de lo ya existente y consagrado por el derecho “consuetudinario”.

Por otra parte, los registros de derechos de agua no están agrupados por cuencas hidrológicas, como sería lo esperado de acuerdo a la política de gestión por cuencas, sino por “regiones hidrológicas” que contienen varias cuencas y por las divisiones políticas (estado y/o municipio) cuyas demarcaciones no coinciden con las cuencas. Por ello, la manera como se lleva el registro no permite ni facilita la realización de balances de los usos y extracciones del recurso por cuenca. A fin de avanzar en la gestión por cuenca, además de la referencia a la división política, deberá hacerse la vinculación o definición de los derechos a la cuenca hidrológica a la que pertenece.

El ejercicio de balance de los derechos de agua en la cuenca del río Sonora, debido a que no está disponible con base en la cuenca, se realizó con base en la división municipal y sólo sirve para hacer una aproximación a la contabilidad de los derechos por cuenca. Dicho ejercicio mostró que la mayoría de los registros de derechos de agua se realizó en la década de los noventa y que para la década del año 2000 los registros se han reducido considerablemente. Se pudo observar que 76 por ciento de los volúmenes concesionados corresponden a la cuenca baja, es decir al municipio de Hermosillo. Asimismo, se observó que el 59 por ciento del volumen concesionado en la cuenca corresponde a aguas superficiales y la contraparte, el 41 por ciento, corresponde a aguas subterráneas.

Del total del volumen concesionado en los 15 municipios estudiados, el 31 por ciento del agua se usa para la agricultura y 1 por ciento se destina al uso pecuario; el uso en actividades agropecuarias es entonces de alrededor de 32 por ciento. Por otra parte, el 60 por ciento está destinado al uso público urbano y el 3 por ciento a uso industrial. El restante 5 por ciento puede ser tipificado como usos múltiples. Cabe destacar que los datos deben considerarse con precaución, ya que se detectaron ausencias y errores en la base del REPDA. Considerando esto, debe enfatizarse la necesidad de generar información confiable de manera sistemática, que se actualice con el dinamismo con el que ocurren los cambios en la realidad, pues, de otra manera, tanto la investigación académica como la planeación de políticas públicas en materia de gestión del agua consistirán en aproximaciones imprecisas.

La asignación o contabilidad de los derechos puede ser contrastada con las declaraciones oficiales de no disponibilidad y de déficit tanto de aguas superficiales como subterráneas en los ríos San Miguel y Zanjón, así como en la parte baja de la cuenca. Destaca principalmente el alto déficit del acuífero de la Costa de Hermosillo, cuyo nivel de sobreextración es más del 70 por ciento. Con esto, se aprecia que los derechos de agua no están sirviendo para limitar las extracciones, sino que se han otorgado más derechos de agua de lo que la conservación y sustentabilidad del recurso aconsejaría y lo que hacen los derechos es dar protección jurídica a las sobreextracciones.

De esta manera, el propósito manifiesto en el artículo 27 constitucional de vigilar por el interés general, que pudiera interpretarse como una función orientada a la planeación y gestión tendiente a la conservación del recurso mediante la limitación de los excesos del interés individual y evitar lo que se ha definido como la “tragedia de los comunes”, en la práctica no se lleva a cabo ni se alcanza.
Referencias bibliográficas

Comisión Estatal del Agua y Torynor. 2009. Actualización de estudios básicos y factibilidad para el proyecto ejecutivo de la presa de Sinoquipe. Hermosillo: CEA.
Comisión Estatal del Agua. 2008. Estadísticas del Agua en el Estado de Sonora. Hermosillo: Comisión Estatal del Agua.
Comisión Nacional del Agua. (24 de sept. de 2007). ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas. Diario Oficial de la Federación.
Comisión Nacional del Agua. (28 de agosto de 2009). Actualización de la disponibilidad media anual de agua subterránea acuífero (2619) Costa de Hermosillo estado de Sonora. México: Conagua.
Comisión Nacional del Agua. (Mayo de 2009). Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero La Poza (2622) estado de Sonora. México: Gerencia de Aguas Subterráneas.
Comisión Nacional del Agua. (s.f.). Memoria Documental: Registro Público de Derechos de Agua. México: Semarnat.
CONAGUA y OCNO. 2007. Plan director para la modernización integral del riego del Distrito de Riego 051- Costa de Hermosillo, Sonora. México: Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Noroeste y Colegio de Postgraduados, 2007.
Diario Oficial de la Federación. Ley de Aguas Nacionales. Última reforma. México, 08 de junio de 2012. Acceso: 12 de agosto de 2012. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16.pdf
Diario Oficial de la Federación. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Última reforma. México, 24 de mayo de 2011. Acceso: 12 de agosto de 2012. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAN.pdf
Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos. México, 28 de agosto de 2009. Acceso: 12 de agosto de 2012. En: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5107344&fecha=28/08/2009
Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas superficiales en las cuencas hidrológicas de los ríos Sonora 1, San Miguel, Sonora 2, Sonora 3, Mátape 1, Mátape 2, Bavispe, Yaqui 1, Yaqui 2, Yaqui 3, de los arroyos Cocoraque 1, Cocoraque 2, Río Mayo 1, Arroyo Quiriego, Río Mayo 2 y Río Mayo 3, mismos que forman la región hidrológica número 9 denominada Sonora Sur. México, 24 de septiembre de 2007. Acceso: 12 de agosto de 2012. En: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5001436&fecha=24/09/2007
Diario Oficial de la Federación. Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua. México, 30 de noviembre de 2006. Acceso: 26 de julio de 2012. En: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/ReglamentoInteriorCONAGUA.pdf
Dourjeanni, A. 2004. Manejo Integral de Aguas en Cuencas: Una forma de gobernabilidad. Santiago, Chile: comisión Económica para América Latina.
Global Water Partnership. 2009. Handbook for Integrated Water Resources Management in Basins. Elanders, Sweden: Scriptoria.
Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science 162, 1243-8.
Monreal, R., Rangel, M., Castillo, J., y Morales, M. 2002. Estudio de la cuantificación de la recarga del acuífero de la Costa de Hermosillo, municipio de Hermosillo, Sonora, México. Hermosillo: Universidad de Sonora.
Morehouse, Barbara J., Daniel B. Ferguson, Gigi Owen, Anne Browning-Aiken, Pablo Wong-Gonzalez, Nicolás Pineda, Robert Varady. (2008). Science and socio-ecological resilience: examples from the Arizona-Sonora Border. Environmental science & policy 11, 272–284
Olavarrieta, M., C. Watts y J. A. Saiz-Hernandez. 2010. Beneficios de la cuota energética. Estudio de caso de la Costa de Hermosillo, Sonora, México, 2006-2007. Región y Sociedad XXII (47): 145-164 Olavarrieta, M. 2010. Modelo de Gestión para la administración del acuífero de la costa de Hermosillo, Sonora, México. Tesis de Doctorado en Ingeniería. Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Ingeniería.
Oroz, L. (2012a). Entrevista sobre el REPDA y los derechos de agua en Sonora. Hermosillo, Sonora: CONAGUA.
Oroz, L. (2012b). Comunicación personal. Hermosillo, Sonora: CONAGUA, Organismo de Cuenca Noroeste.
Ostrom, E. 1990. Governing the Commons. The evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Panayotou, T. 1997. Prólogo. En A. Roemer, Derecho y economía: Políticas públicas del agua (págs. 7-10). México: Miguel Ángel Porrúa.
Rahaman, M. M., & Varis, O. 2005. Integrated Water Resources Management: evolution, prospects and future challenges. Sustainability, Science, Practice & Policy Vol. 1, Num. 1, 15-21.
Roemer, A. (1997). Derecho y economía: Políticas públicas del agua. México: Miguel Ángel Porrúa. Registro Público de Derechos de Agua. Base de datos. México: CONAGUA. Acceso: 12 de agosto de 2012. En: http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=5&n2=37&n3=342012 2012a.
Registro Público de Derechos de Agua. Registro de vedas de aguas subterráneas. México: CONAGUA. Acceso: 12 de agosto de 2012. En: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/VEDAS_SUBTERRANEAS_P.pdf 2012b. SRH. Boletín hidrológico No. 40. Región Hidrológica No. 9- Sonora Sur, Cuencas de los ríos Sonora- Yaqui- Mayo. TOMO II. Resúmenes de datos hidrométricos, crecientes, gastos máximos, áreas de cuenca. México: Secretaría de Recursos Hídricos. 1969.