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FOTO DE LA SEMANA: “Las casas de Xochimilco”

La imagen fue capturada por Ramón Romero.

 

 

 

 

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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¿Por qué llegar a la consulta?

 

María Macrina Restor Rodríguez*

A propósito del procedimiento de consulta a la etnia yaqui, me propuse recopilar información sobre el tema que ahora comparto.

En el marco internacional los datos1 arrojan que durante la última década los países de América Latina se encuentran viviendo procesos de explotación de recursos naturales a través de megaproyectos que los gobiernos han establecido particularmente en territorios indígenas, poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho. Por ello, los pueblos indígenas, en defensa de sus saberes y las riquezas de sus territorios, están acudiendo a organismos internacionales para proteger sus derechos humanos. Como resultado de ese proceso, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emitido cinco sentencias: el pueblo Saramaka vs Surinam, 2008; la comunidad indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay, 2006; la comunidad Moiwana vs Surinam, 2005; la comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay, 2005, y la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua, 2001, que constituyen el marco legal para resolver conflictos surgidos entre los Estados y los pueblos indígenas.

Estas experiencias sirvieron a la CIDH para establecer los principios fundamentales de la consulta como: 1) El derecho a la propiedad, trátese individual o colectiva, para pueblos indígenas y tribales, garantizado por el artículo 21 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que no es absoluto, pero restringe los derechos comunitarios al no exponer las tradiciones y las costumbres ni la supervivencia del grupo y sus miembros. 2) El derecho a conseguir el título sobre sus territorios y que los Estados estén comprometidos legitima la relación de los pueblos indígenas con sus tierras y salvaguarda sus intereses dentro de la propiedad. 3) El Estado está obligado a consultar con los pueblos indígenas y tribales acerca de los temas que afecten sus propiedades e intereses, así como a conseguir el consentimiento previo de los pueblos indígenas perjudicados.

Estos principios, sumados al análisis e interpretación jurídica, actualmente constituyen el marco internacional de defensa de los pueblos indígenas concretizados en instrumentos como la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas.

Por otro lado, se dice que la consulta en México es un concepto ambiguo, aunque no es un ejercicio reciente, y aún no alcanza el grado de derecho porque depende de la voluntad política de quien detenta el poder. Es un mecanismo de participación que protege los derechos de los pueblos indígenas vinculados a sus saberes y sus riquezas, y asimismo un derecho ciudadano a un sujeto colectivo como los pueblos indígenas.

El informe final de la consulta sobre el anteproyecto de la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, publicado por la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2011), expone que la realización de la consulta indígena queda enmarcada en tres documentos legislativos: la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. La Constitución refiere, en su artículo 1°, “que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales” y en el 2°, que “se consultará a los pueblos y comunidades indígenas para planes y programas de desarrollo”. El Convenio 169, mediante el artículo 6°, prevé la consulta de los pueblos afectados por la medida, el uso de procedimientos adecuados y transparentes así como la participación de sus propias instituciones tradicionales. Mientras, el artículo 7° dicta el derecho de participación de los pueblos indígenas en cualquier formulación, aplicación y evaluación de planes y programas de desarrollo que los afecten.

*Encargada de información y documentación de la biblioteca Gerardo Cornejo de El Colegio de Sonora