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La imagen fue capturada Jesús Morales.

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La reestructuración

Álvaro Bracamonte Sierra*

 

La primera impresión fue de incredulidad y asombro: El Gobierno estatal había solicitado la anuencia del Congreso para contratar deuda por un monto de 17 mil millones de pesos. La cantidad era lo de menos pese a representar cerca del 40 por ciento del presupuesto solicitado para el 2014; lo que llamaba poderosamente la atención es la osadía de pedir más dinero cuando el Gobierno padresista no ha sido un buen administrador de los recursos públicos. Como prueba fehaciente están las auditorías del ISAF que sólo en el último ciclo le remitió casi tres mil observaciones mismas que a la fecha no han sido totalmente solventadas.
La sorpresa causada por la noticia era mayúscula habida cuenta de que el propio Padrés se había encargado de subrayar que, a diferencia de otras administraciones, la suya no había endeudado al estado. Llamaba también la atención porque no se sabía para qué quería tanto dinero siendo que se halla en el tercio final de su gestión. La especie adquiría niveles de escándalo cuando desde las mismas oficinas centrales se aclaró que el pedimento no implicaba mayor deuda; que la solicitud en realidad consistía en aprobar las gestiones para redocumentar la deuda existente. Menos mal, podría decirse, al fin y al cabo regularmente una reestructuración supone mejores condiciones de pagos; si el calendario de éstos es a mayor plazo tiene el efecto de aliviar la asfixia que coyunturalmente experimentan las finanzas públicas.

Las reestructuras constituyen un instrumento financiero al que recurren todas las entidades sean éstas públicas o privadas. Recordemos que a la llegada de Carlos Salinas a Los Pinos, éste priorizó la renegociación de la deuda externa cuyo pago significaba alrededor del 10 por ciento del PIB anual. Esas transferencias lastimaban brutalmente a la economía nacional que durante casi toda la década de los ochenta del siglo pasado resintió una de las peores etapas en la historia de México. La reestructuración bajó esas transferencias y permitió que la economía mexicana recobrara, temporalmente, el ímpetu perdido por varios años.

Desde entonces los distintos gobiernos nacionales se han cuidado de no excederse en materia de endeudamiento. La pedagogía de los ochenta generó una conciencia saludable respecto a esa delicada asignatura. Sin embargo, son las entidades las que se han endeudado irresponsablemente. Hay muchos ejemplos, pero destaca particularmente el de Coahuila, que en unos cuantos años aumentó la deuda de poco más de 3 mil millones a casi 35 mil millones de pesos.

Reestructurar los pasivos es bueno y es un paso necesario cuando amortizarlos afecta el funcionamiento básico del aparato estatal. Molesta si se hizo un mal uso de los recursos obtenidos por esa vía; en estos casos la reestructura acentúa la inconformidad pues los platos rotos deberán pagarlos las próximas generaciones. Es el caso de los coahuilenses quienes, sin deberla ni temerla, deberán hacer frente a los desfiguros de un gobernador que ahora vive campantemente en una exclusiva zona de la ciudad española de Barcelona.

Las reestructuras también tienen su historia en Sonora. El ex gobernador Bours Castelo, por ejemplo, la intentó en el marco de la bursatilización diseñada por sus cerebros financieros para fondear el Plan Sonora Proyecta. En el 2010 el Gobierno actual reestructuró los pasivos dejados por Bours en una decisión que permitiría, así se anunció, el ahorro de cientos de millones de pesos. Pero ese momentum duró una par de años, pues ahora nuevamente se busca una reestructura. Ya no son los 10 mil millones dejados por la anterior administración. Se trata de 14 o 17 mil millones lo que significa 40 y 70 por ciento más del monto heredado. Lo curioso es que se reconocen ahora pasivos que eran negados hace apenas unos meses.

Preocupa porque ese descomunal incremento carga con la pesada losa de la suspicacia: si es endeudamiento, el Congreso debió aprobarlo previamente. La política de contratación de deuda pasa necesariamente por el legislativo estatal; la deuda que es aprobada va etiquetada sólo para gasto de inversión. Surge entonces la pregunta ¿Dónde están las obras hechas con ese recurso? Porque de no ser así, la deuda referida es entonces de corto plazo o revolvente. Si es éste su carácter, se trata de alrededor de 3 mil millones que con la reestructuración se pretenden regularizar dado que esta suma nunca fue avalada por los diputados ni se sabe en que se gastó.

Definitivamente necesitamos información clara sobre estos asuntos. De otra manera la reacción evidente que brota entre la ciudadanía es la de especular y hacer conjeturas.

*Doctor en Economía. Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora.