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Derechos Humanos contra la violencia obstétrica

Ma. del Carmen Castro Vásquez*

 En la violencia obstétrica contra los derechos humanos, el orden de los factores sí altera el producto. Estamos entre el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Por ello, vale esta reflexión para llamar la atención sobre un serio problema en la atención de la salud de las mujeres: la llamada violencia obstétrica (la atención del embarazo, parto y puerperio) que ocurre en las instituciones de salud tanto públicas como privadas.

Un reciente informe (2013) del Grupo de Información en Información Elegida (GIRE) define la violencia obstétrica como toda aquella “agresión durante la atención institucional del parto, que va desde regaños, burlas, ironías, amenazas, humillaciones, manipulación de la información, aplazamiento de la atención médica urgente y no ser consultadas antes de cualquier decisión, entre otras acciones que constituyen violaciones a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.”

Este tipo de violencia ha sido naturalizada entre el personal médico, pero también por las mujeres, quienes, a pesar de haber sufrido experiencias terribles de maltrato, después del parto prefieren olvidar o minimizar y muchas veces justificar las conductas institucionales que, a todas luces, son violatorias de los derechos humanos básicos. ¿Cómo “desnaturalizamos” estas prácticas?, aunque suene obvio decirlo, es una tarea colectiva.

La violencia obstétrica es un problema que ha sido denunciado por las activistas de los derechos de las mujeres desde hace décadas. La propia OMS lo ha acogido como un serio problema de violación de derechos y ha firmado muchas declaraciones, convenios y tratados para que los Estados del mundo pongan atención en el mismo. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer trabaja en contra de este problema.

En 1995 realizamos una investigación en diferentes partes del estado sobre prácticas de cuidado del embarazo, parto y puerperio, y se documentó cómo, durante la atención del parto en los servicios públicos, nuestras participantes recibieron malos tratos, violencia verbal y violencia física. Posteriormente, en 1998, 2004 y 2008, trabajamos sobre la atención al cáncer cervical y de mama. Todo para decir que dichas prácticas violatorias aún son comunes; seguimos escuchando las quejas y a veces historias de horror en voz de las mujeres. Una de ellas nos contó de las burlas que recibió del médico: “ah! Las primerizas… y cómo, cuando lo estabas haciendo… ?”; por supuesto que escuchamos muchas otras en el mismo tono y con las mismas alusiones a su intimidad. Y lo triste es que no nos enteramos de ningún caso que haya sido denunciado.

Recientemente estuve en el Congreso Internacional de Promoción de la Salud que se llevó a cabo en esta ciudad y al que asistieron personas de muchos países. Ahí tuve la oportunidad de escuchar al ombudsman de Sonora. Me apena decirlo, pero me dio pena ajena. El funcionario, en su presentación, abogó ampliamente por los derechos de los médicos, su innegable abnegación en el servicio, y los presentó casi como víctimas, pero no abogó por las pacientes, por la violación cotidiana en los servicios de muchos de sus derechos, siendo que la relación de poder entre unos y otras ¿quién lo puede negar? se inclina a los prestadores y a la institución. Y yo que estaba segura de que lo que escucharía sería todo lo contrario. Pues no. No solo fue un discurso sesgado hacia el poder, sino que le restó mérito a esa instancia que debería ser siempre el reducto de los más desfavorecidos.

Afortunadamente, paso a pasito, se ha ido visibilizando el problema. La tarea colectiva para desnaturalizar estas prácticas nos compete a todos y todas, a la SSA, a la CEDH, al sistema de salud, a la sociedad civil y a las pacientes.

*Socióloga, Profesora-Investigadora del Centro de Estudios en Salud y Sociedad, El Colegio de Sonora. ccastro@colson.edu.mx