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La imagen fue capturada por Judas Méndez.

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Reforma energética

Álvaro Bracamonte Sierra*

 

A simple vista y aconsejados por el sentido común, deberíamos aceptar la reforma energética que negocian en el Congreso los legisladores panistas y priistas. Se supone que la estela de beneficios podría ser larga y que constituiría la aurora de una expansión económica sin precedentes en la historia nacional. Las inversiones que se anuncian tras la apertura petrolera serán de tal magnitud, que el PIB aumentaría en casi dos puntos adicionales al porcentaje que se obtendría sin reforma. Los capitales de riesgo materializados con la apertura energética no pondrán en peligro las finanzas públicas sino únicamente las de los particulares que apuesten en proyectos de exploración y explotación en aguas profundas donde las probabilidades de encontrar petróleo pueden ser cuestión de suerte; si no se descubre nada, las pérdidas suelen ser cuantiosas.

Es el caso de una petrolera brasileña que arriesgó fuertes sumas de dinero y no halló nada, la empresa se declaró en quiebra y el descalabro financiero se ubicó por el orden de los 30 mil millones de dólares. Se anuncia también que la apertura liberaría recursos para modernizar Pemex que hoy exhibe un doloroso estancamiento. Se agregan otras virtudes que, como decíamos, podrían convencer a todos, incluso al más desconfiado. Sin embargo, según se deriva de varias encuestas, los mexicanos —por un amplio margen— no están de acuerdo en la reforma; esto es, hay un rechazo claro a la posibilidad de que los privados le entren al negocio petrolero ¿Cómo entender dicho rechazo? Las respuestas pueden ser diversas.

En primer término estaría el lugar que ocupa el petróleo en el ánimo nacionalista que aún bulle en el alma del mexicano promedio. Entre las páginas imborrables de la historia reciente, la expropiación de Pemex tiene un lugar central; no hay hecho o evento que más entusiasmo provoque. Dar a las trasnacionales la posibilidad de que vuelvan a invertir equivale casi casi a dejar atrás esos momentos estelares de la vida nacional.

Otro factor tiene que ver con las malas experiencias de privatizaciones en el pasado reciente. La venta de las paraestatales se justificaba con el argumento de la ineficiencia insostenible de las empresas del Gobierno y de que el privatizarlas conduciría directamente a la mejora en la calidad y los precios de los bienes producidos. De esto han pasado muchos años y hoy podría afirmarse, sin temor a equivocaciones, que nada de lo prometido ha ocurrido. Lo que sí atestiguamos es el nacimiento de una camada de multimillonarios amparados en la corrupción que acompañó al frenesí privatizador.

Teléfonos de México, las compañías aéreas, los bancos, los ferrocarriles, las mineras, las carreteras, la televisión, etcétera, son ejemplos del fracaso del proyecto privatizador. Por si fuera poco, las relaciones laborales se deterioraron a tal extremo que los contratos colectivos y, en general, las relaciones obrero patronales quedaron prácticamente destruidas; ahí están los mineros de Cananea, vivo ejemplo de la precariedad laboral surgida en el marco de la obsesión privatizadora.

Pese a que estos antecedentes aconsejarían no privatizar, seguramente un mexicano bien intencionado aceptaría la apertura petrolera persuadido de que las ventajas compensarían con creces los peligros y amenazas que trae consigo. En teoría, las inversiones de los privados ayudarían a modernizar la industria petrolera; eso le otorgaría rápidamente a México un buen lugar en la industria petrolera mundial y permitiría empezar a explotar reservas en aguas profundas con tecnología que al parecer Pemex está lejos de manejar. Las finanzas federales se fortalecerían si se diera una buena negociación de los porcentajes de ganancias y quedara establecido que el Estado Mexicano es el único dueño de la renta petrolera. Si éstos fueran los únicos elementos para estar o no de acuerdo con la reforma, un mexicano bien intencionado, como decíamos, aceptaría la apertura. Se entendería y se justificaría su postura.

Sin embargo, aun con todos estos elementos, hay motivos para que, como en el caso de quien esto escribe, nos declaremos en contra de la privatización pues, pese a las buenas intenciones esgrimidas por sus promotores, no se puede ocultar que tras ésta se oculta un gigantesco negocio cuyos dividendos se ambicionan vergonzantemente. No se puede olvidar que estos “neomodernizadores” son los mismos que privatizaron la empresa pública en los años ochenta y noventa del siglo pasado y que enriquecieron a tantos a costa del patrimonio nacional. Un cuarto de siglo después es difícil pensar que cambiaron y que ahora son auténticos reformadores que sólo buscan el bien del País. En lo personal no lo creo; por ello juzgo que la postura histórica correcta es el rechazo sin titubeos a esta propuesta privatizadora.

*Doctor en Economía. Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora.