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Violencia sexual y Alerta de Violencia de Género en Sonora

Mercedes Zúñiga Elizalde.*

 

La violencia sexual, de la cual la violación es una de sus manifestaciones más claras, se inserta en la larga cadena de actos extremos que comprende la violencia feminicida. La violación, entendida como “cualquier forma de sexo forzado, impuesto por un individuo con poder de intimidación sobre otro”: uso y abuso del cuerpo del otro, “sin que éste participe con intención o voluntad comparables” (Segato 2003, 22), suele perderse o quedar oculta en lo que se denomina violencia doméstica o familiar.

La violación es un delito que comienza en casa, sobre todo en menores de edad. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más de dos terceras partes de las víctimas son mujeres y casi el 100 por ciento de los agresores son hombres. La vergüenza y el miedo de la víctima a denunciar ayudan a mantener bajas las estadísticas de incidencia. Sólo aquella violación que se comete en la calle o en cualquier lugar público por personas desconocidas, donde interviene la violencia física sin miramientos como mecanismo de dominación del cuerpo a victimizar, es la que se muestra claramente como un delito. Pero la que acontece en el espacio privado de una casa, incluso la que se da dentro de un lugar o área de trabajo, es puesta en duda como tal, cuestionándose la veracidad de la víctima y culpabilizándola de haberla provocado, si no consentido, aun cuando la agredida sea una niña o una persona cuyas capacidades físicas o mentales le impiden estar en condiciones de rechazar o aceptar el hecho.

Si, como afirma Susana Bercovich (2013,40), la realidad es “la que nos interpreta” y los acontecimientos los que nos sitúan y nos explican dónde estamos como sociedad, entonces la realidad que hoy nos está interpretando en Sonora, como en muchos lugares del país, es la violencia contra las mujeres, pero ésta ya no solo como un evento singular e inesperado, sino como un hecho cotidiano y regular que acontece en casa y en todo lugar como una violencia con múltiples manifestaciones, entre ellas la violación.

En el caso “Citlali”, esa realidad se exhibió desnuda, sin disfraces ni matices: violencia cruenta de su agresor y violencia cruenta de las instituciones y autoridades obligadas a respetar sus derechos y garantizar la procuración e impartición de justicia y la reparación del daño que se le hizo.

El llamado caso “Citlali” revela singular importancia no solo por la gravedad del hecho mismo: violación de una niña por un  adulto conocido, ni solo porque expresa a cabalidad la situación imperante en Sonora de violencia contra las mujeres y violación de sus derechos más elementales, sino también porque fue un “acontecimiento” que se produjo durante el periodo de implementación de las recomendaciones que se le hicieron al actual gobierno del estado como resultado de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres en Sonora, y que aquél se comprometió a poner en práctica a partir de diciembre de 2015 a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el estado.

¿Cómo fue posible que se diera el caso “Citlali”? ¿Cómo podemos explicarlo y comprenderlo en el contexto de la solicitud de alerta de género? Para entender esa relación, hagamos un pequeño recuento de “acontecimientos”:

  • El 25 de mayo de 2015 la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género A.C. presentó una solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para el municipio de Cajeme.
  • El 18 de junio de 2015 Conavim remite oficio de admisibilidad de la solicitud.
  • El 19 de junio de 2015 se informa al gobierno de Guillermo Padrés la admisión de la solicitud de AVGM por la solicitante.
  • El 22 de junio se definió qué personas de instituciones académicas integrarían el Grupo de trabajo que investigaría la solicitud. Este grupo se conformó finalmente por siete personas: cuatro provenientes de instituciones de educación superior, una representante de Conavim, otra de Inmujeres y otra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esa misma fecha la Conavim solicitó al gobierno del estado de Sonora información relativa a la solicitud de AVGM.
  • El Grupo se reunió en varias ocasiones y del 6 al 10 de julio de 2015 se trasladó a Ciudad Obregón para realizar entrevistas a representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos de las mujeres y servidoras y servidores públicos y visitas a diversas instituciones en el municipio. Posteriormente el Grupo realizó de igual forma una consulta de estadísticas y estudios disponibles para documentar el problema en la entidad.
  • El 22 de julio de 2015 el Grupo de Trabajo aprobó su Informe final y un día después, el 23 de julio, lo entregó a la Secretaría de Gobernación. Este Informe contiene doce recomendaciones, las cual se plantearon para ser implementadas en todo el estado, no solo en el municipio de Cajeme.
  • Una vez aprobado por la Secretaría de Gobernación, el Informe del Grupo se  entrega al gobierno recién iniciado de Claudia Pavlovich. Este lo acepta el 1 de diciembre de 2015 y se compromete a poner en práctica las recomendaciones en los siguientes seis meses, plazo reglamentado para llevar a cabo su cumplimiento.
  •  En junio de 2016 el gobierno de Sonora entrega su Informe de cumplimiento a Conavim.
  • Durante julio y agosto de 2016 el Grupo de Trabajo analiza el Informe y elabora el Dictamen respectivo, el cual fue entregado al gobierno del estado el pasado 14 de septiembre.

Si bien las propuestas que emitió el Grupo de Trabajo en su momento fueron muy básicas y generales,  frente a la ausencia o limitaciones de políticas, programas y derechos legislados en materia de equidad de género y combate a la violencia contra las mujeres, de distinta manera las diversas acciones y propuestas de armonización legislativa contenidas en las doce recomendaciones, y que se mantienen en el Dictamen recién emitido por Conavim, apuntan o tocan directamente la violencia sexual.

Las recomendaciones realizadas al gobierno del estado fueron las siguientes: 1) Creación del Banco Estatal de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; 2) Elaboración del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASE); 3) Publicación de reglamentos de leyes en materia de igualdad, no discriminación y trata de personas, así como reformas al Código de Familia y Código Penal; 4) Fortalecimiento del Instituto Sonorense de la Mujer; 5) Creación de agencias especializadas en los delitos de feminicidio y desaparición de mujeres, así como tener agencias especializadas separadas que investiguen los delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, y la violencia familiar; 6) Puesta en funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres y regulación de los albergues y refugios privados y públicos ya existentes; 7) Elaboración y publicación de protocolos de investigación en feminicidio, delitos sexuales y desaparición; 8) Capacitación del sector salud con énfasis en la NOM-046; 9) Capacitación de operadores y operadoras de justicia con énfasis en derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, no discriminación y enfoque específico según sus funciones; 10) Estándares específicos sobre campañas para la prevención de violencia contra las mujeres, incluyendo mujeres en situación de mayor vulnerabilidad; 11) Creación de programas de reeducación a personas generadoras de violencia, y 12) Mejoramiento de la infraestructura en instancias encargadas de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.

Si en verdad se quiere avanzar como gobierno y como sociedad en su conjunto en la erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado, es fundamental que nos cuestionemos sobre lo que falló en el cumplimiento de estas recomendaciones para que se diera el caso “Citlali”. Aquí solo me referiré a tres de ellas:

En principio, el no cumplimiento de la Norma 046 por parte del personal de salud, particularmente la no aplicación de las reformas realizadas el 11 de marzo de 2016 relativas a los derechos de las víctimas de violación, en cuanto a dar veracidad al dicho de la víctima, a proporcionarle anticoncepción de emergencia, tratamiento de profilaxis para prevenir el VIH e interrupción voluntaria del embarazo, conforme a la legislación correspondiente; a brindarle  información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento, a informarle sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que vivió, así como de las instancias y servicios disponibles de atención, protección y defensa de la violencia.

Un segundo aspecto fue la no aplicación del Protocolo Especializado  en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual de las Personas, el cual no solamente precisa lo que se entenderá por violación, particularmente en el caso de las niñas, sino los principios básicos de actuación para el personal investigador y demás personal de la Procuraduría General de Justicia del estado, entre los que se encuentra el respeto a los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género y las obligaciones de las y los servidores públicos para con las víctimas de violencia sexual.

Tercero, que se articula con el anterior, la no capacitación y profesionalización de las autoridades de procuración e impartición de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género e interculturalidad, con mecanismos de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto real, como lo establece el Protocolo Especializado en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual de las Personas, lo exige la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo plantea el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres  y lo precisa la novena propuesta del grupo de trabajo sobre la AVGM.

En la entrega del Dictamen del 14 de septiembre, el gobierno de Sonora refrendó su compromiso para cumplir en los próximos seis meses las propuestas que nuevamente se le remitieron. A la distancia de pocos meses del Caso “Citlali”, cabe preguntarse qué representó éste para el gobierno. ¿Habrá sido una lección aprendida sobre lo que no hay que repetir? Posterior a este hecho, en Hermosillo otra joven fue violada y las autoridades parecieron actuar como no lo hicieron con “Citlali”. ¿El “acontecimiento Citlali” obligará a cambiar las prácticas y mentalidades de los operadores de la justicia en el estado y abrir un camino hacia la justicia para las mujeres, niñas y adolescentes que viven violencia? Como afirma Elizabeth Maier (Maier 2001), una cosa es reconocer derechos de las mujeres y otra es respetarlos. ¿El mecanismo de la alerta de violencia de género que está en marcha logrará que éstos comiencen a ser una realidad, o tendremos como sociedad organizada que seguir presionando para que lo que se avance en la norma no quede en el papel?

*Profesora-investigadora en El Colegio de Sonora.