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Protección civil en Sonora: ¿reacción, prevención o falla en el diseño institucional?

Lizette Sandoval.*

Hace un par de semanas presentamos ante el diputado Carlos León, presidente de la Comisión de Protección Civil de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, y un grupo de regidores, un análisis y una serie de recomendaciones en materia de protección civil, que intentan regular la responsabilidad de servidores públicos en la integración de medidas contra incendios y otras eventualidades en los inmuebles que utilizan. Desafortunadamente, después de varios eventos que han sido una dura experiencia colectiva, la lección aprendida no es suficiente y no hemos transitado aún de una cultura de reacción hacia una cultura de prevención.

En México, en los últimos seis años se han registrado por lo menos cuatro grandes tragedias derivadas de incendios en inmuebles que no contaban con las medidas necesarias de prevención en materia de protección civil y cuyo alto saldo mortal obedeció a este factor. En el 2000, en México DF, se incendió la Disco Lohobombo, ahí fallecieron 22 personas y faltaban salidas de emergencia y dispositivos contra incendios. En el 2009, en Hermosillo, tuvo lugar el  incendio de la guardería ABC, donde 49 niños fallecieron y más de 70 niños se vieron afectados. El fuego se inició en la bodega contigua, perteneciente a la Secretaria de Hacienda, que no contaba con absolutamente ningún dispositivo contra incendios. En el 2011, en Monterrey, fue el Casino Royal, con 61 muertos; aunque el incendio se catalogó como provocado, el alto saldo de muertos obedeció a la falta de salidas de emergencias y de dispositivos contra incendios. En el 2015, en Mexicali, se incendió el asilo Hermoso Atardecer, donde fallecieron 17 ancianos; el inmueble no contaba con ninguna medida de protección civil. Contamos 149 muertes en total.

Uno de estos casos está directamente relacionado con inmuebles bajo uso y responsabilidad de autoridades gubernamentales que, por apatía, desidia, desinterés o ignorancia, nunca solicitaron ayuda a las autoridades correspondientes para integrar un plan de acción con una unidad de protección civil. El que un inmueble no cuente con un plan interno de protección civil significa que carece de las medidas adecuadas para hacer frente a eventos imprevistos, como un incendio. El hecho de que 18 bodegas que arrienda la mismísima Secretaria de Hacienda de Sonora no cuenten, a la fecha, con medidas de prevención contra incendios, confirma el nulo aprendizaje. Las bodegas están ubicadas en ocho municipios: Agua Prieta, Hermosillo, Moctezuma, Nogales, Obregón, San Luis Rio Colorado, Navojoa, Magdalena de Kino. Diez de ellas se encuentran en Hermosillo y se utilizan, casi en su totalidad, para archivar papel, placas y/ o vehículos, entre otras cosas, y se ubican en colonias de las afueras de la ciudad, colonias de clase baja y media baja, como la Quinta Emilia, Privadas del Bosque, Amapolas y Parque Industrial. Por el contenido de las bodegas, es muy probable que su clasificación de riesgo, según la Norma oficial NOM-002-STPS-2000 de la Secretaría del Trabajo y  Previsión Social,  sea de “riesgo alto”. Igualmente, por lo menos hay tres bodegas que sirven como depósito de automóviles, que pueden contener acelerantes de fuego, como gasolina.

Hacienda ha respondido mediante una solicitud de información, obligado por el ISTAI, con recurso ISTAI-RR-014/2016, que ya “se está trabajando en un plan de protección civil donde se incluirán todas las bodegas en cuestión”. Habrá que hacer un seguimiento a esa respuesta, para ver si en realidad es así.

La semana pasada, en entrevista, Alberto Villa Terán, coordinador del área de Proyectos Preventivos de la Unidad Estatal de Prevención Civil, expresó que la probabilidad de que la misma situación ocurra en la mayoría de los inmuebles que utilizan otras dependencias gubernamentales es muy alta, ya que son muy pocos los servidores públicos que se acercan a esta Unidad. La periodista Lourdes Encinas documentó el antecedente de catorce incendios en bodegas utilizadas por el gobierno de 1995 a 2012. En uno de estos eventos, sucedido en el 2002, se incendió una bodega arrendada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Sonora. El local, ubicado en Blvd. Garcia Morales, Km 1, en la colonia El Llano, contenía 40 toneladas de papel y el fuego amenazó con extenderse a un negocio cercano que contenía cubetas con aceites.

Algunas de estas bodegas incendiadas estaban ubicadas en zonas céntricas de la ciudad o altamente habitadas, como las colonias San Benito, Cinco de Mayo, Villahermosa y Los Olivos, entre otras. Trece de esos incendios se catalogaron como provocados y solamente el incendio de la guardería ABC está catalogado como de causa indeterminada. El costo mínimo de los incendios de estas bodegas es en promedio de más de diez millones de pesos, sin contar el material que se encontraba en su interior ni el gasto excesivo de agua que se emplea para apagar incendios en grandes predios.

La principal causa, entre otras, de la problemática de falta de medidas contra incendios, es que la petición e integración de un plan interno de protección civil queda a voluntad de los servidores públicos, aunque sea requisito obligatorio en las leyes de protección civil, porque no hay incentivos ni se sanciona a los servidores públicos que no cumplan con la ley. Otra causa es que las unidades de protección civil tampoco cumplen con los estatutos de las leyes de protección civil, pues la Ley 161 de Protección Civil para el Estado de Sonora establece que tanto las unidades estatales como las municipales deben tener un Programa Estatal de Protección Civil y un Programa Anual de Protección Civil donde se establezcan planes de revisiones en inmuebles, incluidos los inmuebles del gobierno. Actualmente y a un año de gobierno estatal y municipal, ninguna de las unidades cuenta con estos planes. Este problema se relaciona directamente con el diseño institucional de las leyes de protección civil, porque aunque hay obligaciones establecidas en las leyes, no hay mecanismos que obliguen a su cumplimiento, como sucede en muchas otras cuestiones en México.

Algunas recomendaciones para solventar este problema a corto plazo son: un exhorto público para que los servidores públicos, titulares de dependencias o entidades de gobierno, pidan a la UEPC el Plan Interno de Protección Civil y modificaciones a la Ley de Protección Civil 161 para que se establezca la obligatoriedad de transparentar anualmente la comprobación y conformación de los planes internos de protección civil; que se establezcan incentivos y sanciones a titulares de entidades públicas; que para monitorear el cumplimiento de las unidades de protección civil municipal y estatal se realice un plan de revisión de inmuebles del estado anualmente y se revise la acción de transparentar las prácticas en materia de protección civil por parte de los servidores públicos, para incluir la participación ciudadana y a un tercero que dé fe de las revisiones, donde se incluyan colaboradores de otras entidades públicas que testifiquen su veracidad.

Este tema no está actualmente en la agenda pública, pero es necesario discutirlo, porque de no hacerlo estaremos a la espera de otro siniestro que podría llegar a tener un saldo mortal. Debemos pasar de la reacción a la prevención.

 

*Egresada del programa de maestría en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora