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FOTO DE LA SEMANA: Al final del día

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desigualdad-ricos

Vía libre

Desigualdad e impuestos

Alvaro Bracamonte Sierra*

La desigualdad es la marca de nuestro tiempo. Es el resultado o, dicho en términos menos comedidos, la fruta podrida de la modernización económica sustentada en la lógica exclusiva del mercado. Esta modalidad de reestructuración productiva viene operando por lo menos desde los albores de los años ochenta del siglo pasado, cuando Reagan y la señora Thatcher asumieron el poder en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente. Aunque en México las directrices neoliberales se hicieron visibles tiempo después, lo cierto es que, una vez definida la ruta modernizadora, los tecnócratas mexicanos la asumieron con cierto fanatismo y la aplicaron con mucha mayor profundidad que otras naciones.

El resultado más notorio de ese cambio es la agudización de la desigualdad social. Veamos algunos datos: a principios de los ochenta el ingreso de los asalariados representaba alrededor del 44 por ciento de la riqueza generada anualmente en el País. Ahora no supera el 30 por ciento. En los últimos 25 años, los ingresos reales de los hogares crecieron 1.7 por ciento para el 10 por ciento de los mexicanos más ricos, pero sólo 0.8 por ciento para el 10 por ciento más pobre. En 2008 los más ricos tuvieron ingresos por 228 900 pesos, es decir, 26 veces por encima de los 8 700 pesos que percibió el segmento de menores ingresos. El uno por ciento de las familias más ricas del País tuvo, en el 2010, ingresos que fueron 47 veces más que los del 10 por ciento más pobre (ocde).

Esta desigualdad tiene múltiples orígenes. Destaca, por ejemplo, el rezago educativo que impide la movilidad social; también la precaria capacidad del Estado para aplicar tasas impositivas a los más privilegiados para luego redistribuir lo recaudado por esa vía entre la población marginada y vulnerable. La desigualdad es un lastre que eventualmente inhibe el crecimiento económico.

Stiglitz, el laureado economista que en los últimos años se ha convertido en una especie de rockstar de la disciplina, ha analizado ampliamente esta problemática. En su reciente obra El Precio de la desigualdad, la discute en el contexto de la economía norteamericana. Señala que uno por ciento de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida. Pero hay una cosa que el dinero no puede comprar, sostiene Stiglitz: la virtud de comprender que su destino está ligado a cómo vive el 99 por ciento restante. A lo largo de la historia, es algo que esa minoría sólo ha logrado entender cuando ya es demasiado tarde. Al respecto, continúa el economista, las consecuencias de la desigualdad son conocidas: altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida.

El Nobel de Economía señala que las causas de la desigualdad son intrínsecas a la economía de mercado: el Gobierno debe intervenir para amortiguar sus distorsiones y fallas. Es decir, tiene, entre otras tareas fundamentales, la de aminorar las diferencias sociales y por tanto avanzar hacia una sociedad más igualitaria y justa. Uno de los muchos mecanismos para lograr este propósito es el impuesto progresivo: que paguen más los que ganan más. De alguna manera, Obama aplicó esta lógica en el pasado debate en torno al precipicio fiscal donde obtuvo una sonada victoria al imponerse a los republicanos, quienes tuvieron que aceptar que los ciudadanos que recibieron ingresos por encima de los 400 mil dólares anuales pagarían más impuestos.

Estas reflexiones tienen sentido a propósito del debate que actualmente se registra en la entidad, especialmente en torno a los aumentos en impuestos, en especial el famoso Comun. Sin considerar otros elementos ni las circunstancias particulares de la controversia hacendaria, tendría razón el Gobierno al justificar la nueva tenencia con el argumento de que sólo pagarán los que tienen más ingresos. Si los números y porcentajes que manejan son correctos, entonces el razonamiento parecería sensato y cercano a lo esgrimido por Stiglitz.

Al analizar el tema con un familiar cercano, me decía que, aceptando la postura de Stiglitz, quienes deberían de pagar son los más ricos de los ricos, es decir, los verdaderos ricos. Creo que tiene razón: los grandes barones del dinero, como los propietarios mineros que ganan ahora espectaculares ganancias, los terratenientes, los usureros, que en Sonora abundan, deberían de pagar más impuestos y no aquellos cuyos ingresos apenas les alcanzan para hacerse de un modesto automóvil. Soy de la idea de que todos debemos contribuir con el financiamiento del Estado, pero cada quien de acuerdo con sus posibilidades. En esto todos podemos coincidir, pero antes sería indispensable que el Gobierno demostrara que lo que recibe lo gasta bien y lo hace en función de las verdaderas urgencias del desarrollo económico y social de la entidad.

Comparto el enfoque del rector de la Universidad de Sonora quien al responder a un reportero dijo, palabras más palabras menos, que estaba de acuerdo con el Comun siempre y cuando se recaudara bien y se gastara bien. A ello agregaría: y con la condición de que el Gobierno haga una profunda labor de asepsia y transparencia en la administración pública pues, como hemos señalado en otras ocasiones, existe la sospecha de que los recursos no se han aplicado correctamente.

*Profesor-investigador del Centro de Estudios de América del Norte

de El Colegio de Sonora. Correo electrónico: abraca@colson.edu.mx