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FOTO DE LA SEMANA: Patos en la laguna

La imagen fue capturada por Ana Rosa Sánchez.

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Participación Ciudadana y Políticas Públicas: Victor S. Peña.

En otras entidades federativas, como en Sonora, el camino previo a la aprobación de una Ley de Participación Ciudadana (LPC) fue largo y sinuoso. A la vuelta del tiempo, en muchas de aquéllas entidades (por no decir que en todas) puede identificarse un desánimo sobre los efectos de la legislación: no pareciera haberse fortalecido la participación ciudadana y muchos de los instrumentos ahí descritos carecen de positividad. O para decirlo de manera directa son “letra muerta”.

El reto, entonces, está en aproximarnos a las Leyes desde una perspectiva de política pública y su implementación. El hacer leyes exige concentrarse en la consistencia interna del andamiaje legal y la sintaxis que se emplea y es limitada la oportunidad que se tiene para preguntarse qué sucederá una vez que ese texto quiera llevarse a la práctica. Es, por otra parte, el implementador de la Ley quien, sin salirse del marco que le establece la norma y a través de su trabajo ordinario, vuelve realidad lo ahí escrito.

De manera concreta, ¿qué hacer?

Por una parte, habrá que trabajar con los instrumentos que se tienen. Con voluntad, las autoridades podrían estimular el ejercicio de la Ley actualmente vigente. De los ocho instrumentos de la LPC, el presupuesto participativo, las Agencias de Desarrollo Local y los Comités de Participación Ciudadana tienen como puerta de entrada un acto del Gobierno del Estado o los Gobiernos Municipales. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPC), para incentivar la voluntad podría, por ejemplo, convocar a un reconocimiento estatal de “buenas prácticas” en cualquier de estos tres instrumentos.

Por otra parte, nutriéndose de las herramientas de política pública, no hay que descartar la modificación legal reduciendo, en algunos casos, los requisitos para movilizar los instrumentos descritos en la propia Ley.  Para los casos de la iniciativa popular, la consulta vecinal y la consulta popular (que no tienen efectos vinculantes) cabría la disminución del número de personas requeridas para iniciar los trámites. Una referencia rápida: en Coahuila, la iniciativa popular puede ser ejercida por una sola persona; cuando se reformó la Ley hubo quien consideró, como argumento en contra, que el Congreso destinaría gran parte de su tiempo para analizar iniciativas ciudadanas. ¿Qué sucedió? El Congreso no se ha distraído de sus actividades ordinarias y, por otro lado, se ha incentivado que jóvenes universitarios y profesionistas propongan reformas que, en algunos casos, han sido aprobadas. ¿No se trata, acaso, de incentivar la participación?

Incentivar, desde el CEEPC, la implementación de tres de los instrumentos; vía reformas legales, por otro lado, disminuir los requisitos de otros tres instrumentos que promueven la participación sin efectos vinculantes. De esta manera, seis de los ocho instrumentos pudieran activarse en un tiempo relativamente breve.

¿Qué más? Deben buscarse otros mecanismos, estén o no en Ley. Para conocerlos, reconocerlos y aprender de ellos. La instrumentación de las Contralorías Sociales, por ejemplo, se encuentran en la Ley General de Desarrollo Social y, en la práctica, han evolucionado de acuerdo con las necesidades y contextos particulares,  son un ejemplo de ello.

Los 17 principios rectores de la participación ciudadana consagrados en la LPC (la democracia, el bien común, la legalidad, inclusión, certeza, independencia, objetividad, imparcialidad, solidaridad, tolerancia, pervivencia, libertad, equidad, transparencia, corresponsabilidad, sustentabilidad y el respeto a la dignidad de la persona) no deben considerarse como elementos para el discurso, sino como guías orientadoras de una acción amplia y creativa desde quienes promueven la participación ciudadana.

Todo esto, en conjunto, son lineamientos básicos para una política pública estatal en materia de participación ciudadana. ¿Soluciona todos los problemas que se enfrentan? Claro que no. Pero en términos de May: “De hecho, lo que hacen las políticas eficaces es transformar las condiciones iniciales en otras que representan problemas de menor envergadura”.

La recomposición de la relación entre ciudadano y gobierno no es una concesión desde el poder: es, por el contrario, una necesidad que el ejercicio del poder impone.