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La imagen fue capturada por Janeth Schwarzbeck.

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¿Qué tiene en común el asesinato de un niño en 9 años en Buenos Aires y la construcción de una presa (o un acueducto) en Sonora?

José Ignacio Delgado*

En su blog del diario español El País del 15 de diciembre pasado, a propósito del 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pablo Gentili recuerda a Kevin, un niño de 9 años asesinado bajo una endeble mesa, en medio de un tiroteo en un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires.

El asesinato de Kevin, señala Gentili, no es consecuencia de una bala perdida, sino de la prepotencia, la impunidad y la violencia que día a día se ejercen contra los más pobres. No nos resulta difícil imaginarlo. Lo mismo aplica cuando hablamos de comunidades originarias, sus derechos territoriales, derechos comunitarios, y en general sus derechos humanos.

Los derechos humanos expresan en buena medida lo que como sociedad queremos ser. Del mismo modo que la muerte de Kevin bajo una mesa nos cuestiona la universalidad del ejercicio de sus derechos, también hace evidente lo lejos que estamos de ser lo que queremos ser.

En ese sentido, el territorio de una comunidad indígena es condición necesaria para su existencia; no existe una frontera entre territorio y cultura; en el territorio están inscritas las actividades vitales, el conocimiento del entorno, de la flora y la fauna, sus vínculos afectivos y sociales, sus creencias, el vínculo con lo sagrado y las representaciones que tienen de la vida lo constituyen.

Y sin embargo, para las políticas desarrollistas nacionales y regionales, los territorios indígenas aparecen como espacios vacíos, carentes de valor más allá del económico. Aparecen como espacios salvajes que deben ser dominados, que deben ser “modernizados”: minas, presas, agroindustria, parques eólicos, carreteras.

Lejos de acercarlos a un mejor estadio, estas “modernizaciones” obligan a las comunidades indígenas a la larga a abandonar sus territorios y con ellos abandonar su historia, sus conocimientos y sus espacios sagrados. Y estos desplazamientos forzados, como señalan algunos estudios recientes, los empobrecen más.

Ningún pueblo, comunidad, nación o individuo pueden basar su desarrollo y prosperidad, sobre la servidumbre o el despojo de otro. Y es esto lo que representa una presa (o acueducto), una carretera o un proyecto eólico sobre territorios de comunidades indígenas sin su consentimiento.

Las necesidades de abasto de agua para ciudades y campos de riego no deben resolverse en detrimento de los derechos humanos de las comunidades indígenas, de su derecho a ser consultados, a decidir sobre su porvenir, cuando existen otras alternativas. Al igual que para Kevin, la violencia, la corrupción y la pobreza significó la muerte, para los pueblos indígenas puede significar el exterminio.

Ante ello, es inaceptable que existan derechos humanos distintos para unos y para otros; derechos humanos para ricos y derechos humanos para pobres; el derecho de hacer negocios de unos por el derecho a vivir de otros.

Cabe agregar acá, que desde las comunidades indígenas surgen alternativas de desarrollo que no implican la excesiva explotación del entorno ambiente y sus recursos, característicos de los modelos de desarrollo orientados al capital y de inspiración neoliberal.

Pablo Gentili termina su reflexión invitándonos a cerrar los ojos y a imaginar el miedo, el dolor y la desesperación de la madre de Kevin, a ponernos en su lugar. “Si no somos capaces de sentir que Kevin es igual a cualquiera de nuestros hijos, quizás no hayamos entendido nunca qué son los derechos humanos”.

Será que cuando se trata de comunidades indígenas, nosotros tampoco hemos entendido que son los derechos humanos…

*Asistente de Investigación en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad de El Colegio de Sonora. jdelgado@colson.edu.mx