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La imagen fue capturada por Janeth Schwarzbeck.

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Reestructuración y subasta de la deuda estatal

Álvaro Bracamonte Sierra*

La deuda estatal asciende a poco más de 17 mil millones de pesos (14 mil corresponden a la administración central y el resto a entidades municipales y órganos descentralizados); comparada con el monto heredado del “boursismo”, ha crecido más del 50 por ciento, pues aquella administración la dejó en 11 mil millones de pesos.

Otra forma de verlo es que se incrementó en 30 por ciento si se toma en cuenta únicamente el saldo correspondiente al Gobierno estatal; ahora bien, la entidad no es la más endeudada del país. Ocupa el décimo lugar en ese indicador y el undécimo en términos de la proporción de la deuda respecto al PIB estatal; está clasificada entre el sexto y octavo lugar en cuanto a deuda per cápita o respecto al porcentaje que representa de las participaciones federales.

Si la cuantía no es tan abrumadora, ¿por qué entonces están tan estresadas las finanzas públicas locales?, ¿por qué se siguen presentando problemas de liquidez si el presupuesto aprobado para este año (46 mil 500 millones) es la cifra más alta en la historia fiscal de la entidad?, ¿por qué no se ha superado la estrechez si ha quedado atrás la nefasta reconducción presupuestal y se han normalizado los mecanismos para su correcto ejercicio?

A simple vista, el manejo presupuestal actual se asemeja al que opera en periodos especiales caracterizados por la insolvencia; o examinado de otra manera, la situación se parece mucho a la que experimenta una empresa cuando se halla a punto de quebrar. No puede pensarse otra cosa ante las frecuentes protestas de burócratas y sindicatos académicos porque les deben prestaciones que por ley les corresponden.

Al intentar entender la causa de estos aprietos es probable que encontremos que el problema radica en los términos de contratación de la deuda. No es lo mismo una hipoteca de veinte años que una de diez; no es igual una tasa de 10 puntos que una de cinco. Si la deuda se documentó a plazos cortos y a primas mayores que las vigentes en el mercado, entonces las finanzas resienten una sangría innecesaria y excesiva de recursos. Es probable que algo así esté ocurriendo y sea lo que explica la estrechez presupuestal que arrastra el Gobierno. De ser el caso, lo que procede es una reestructura orientada a negociar términos más favorables. De hecho, el Congreso aprobó en diciembre pasado la reestructuración por una suma cercana a los 13 mil millones; el resto no fue considerado porque se relacionaba con compromisos de corto plazo y los legisladores no estuvieron dispuestos a aceptarlo.

El sábado pasado, representantes de Hacienda en el estado convocaron a los bancos interesados en participar en la subasta que determinará quién habrá de encabezar la reestructura del primer paquete de deuda cuyo monto es de tres mil millones de pesos. Es de suponerse que en otras oportunidades se replicará este ejercicio para tramos distintos del endeudamiento. Si todo sale bien, los pasivos quedarán redocumentados en el curso de los meses próximos, lo que significaría plazos más largos para amortizar la deuda y tasas de interés menores.

En ese escenario valdría la pena explorar la posibilidad de agregar un nuevo elemento en las negociaciones: El Gobierno estatal podría solicitar quitas al principal a fin de lograr una disminución significativa en el monto total de la deuda. No es una fantasía o una invención un esquema que incluya las quitas. Esta fórmula se aplicó cuando las autoridades hacendarias de México renegociaron la deuda externa a finales de los ochenta del siglo pasado, en un paquete que incluía extensión de los plazos, tasas menores y quitas al capital.

Al margen del resultado que pueda obtenerse con la reestructuración, vale la pena poner límites al endeudamiento de las entidades federativas que se ha elevado en forma notoria desde el 2000. La suma de los pasivos estatales equivale a casi 4 por ciento del PIB nacional y en algunos casos ha quebrantado el futuro de varias generaciones de mexicanos. Que en el Senado de la República se haya discutido esta problemática es una buena señal, pero también debería avanzarse en limpiar las deudas, pues sin duda un porcentaje importante de éstas sirvió para fondear proyectos personales o se canalizó al gasto corriente. Como indica la literatura especializada, el gasto corriente escasamente contribuye al desarrollo económico.

En las entidades federales, sobre todo en Sonora, también convendría replicar la práctica del balance fiscal estructural que a nivel federal fue planteado en la Reforma Fiscal votada en 2013. Dicha estrategia ayudaría a contar con finanzas sanas en un horizonte de largo plazo y aliviaría las dificultades presupuestales en épocas de vacas flacas.

*Doctor en Economía. Profesor e investigador de El Colegio de Sonora.