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FOTO DE LA SEMANA: Atardecer

La imagen fue capturada por Jimmy Maldonado.

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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Conflictos socioambientales y consulta indígena

 José Ignacio Delgado Zepeda*

A veces perdemos de vista que los conflictos socioambientales son conflictos políticos, esto es, que como sociedad no tenemos conflictos con la naturaleza sino por la naturaleza. No siempre que surge alguna situación adversa con la naturaleza (sequias, inundaciones, etc.) aparece un conflicto socioambiental, para que este se dé, debe existir una conciencia de riesgo, un desacuerdo entre por lo menos dos partes, y un espacio y/o recurso ambiental disputado. Cabe señalar entonces, que se trata de conflictos meramente humanos y de ahí obtiene su carácter político, se circunscribe a la esfera del interés público.

En la mayoría de los casos, se trata de imponer alguna manera de acceso, uso o disfrute de bienes comunes, sin embargo, para algunas personas el acceso y uso de esos bienes comunes representa las posibilidades de supervivencia y reproducción cultural. Los conflictos socioambientales no tratan solo del destino de un río, un bosque o un desemboque; se trata también de las posibilidades de autodeterminación de quienes los tienen como espacio vital, de las prácticas culturales vinculadas a ese entorno y las relaciones sociales que se producen ahí. Ahora, cuando hablamos de Pueblos indígenas, los conflictos socioambientales han caracteriza su historia, en una forma especifica: el despojo.

Los altos precios de algunas materias primas como el petróleo, metales y maderas, han llevado a los países llamados en desarrollo a una reprimarización de sus economías, favoreciendo el extractivismo como estrategia de desarrollo. Esto ha agudizado los conflictos socioambientales y el despojo de los bienes comunes de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, en favor de la acumulación de capital industrial, particularmente en los países desarrollados.

Es en este contexto, las consultas a comunidades afectadas por proyectos que modifican el entorno son una herramienta jurídica y social de gran relevancia en el establecimiento de equilibrios, evitando la imposición de los más fuertes (que suelen ser los poseedores del capital y el poder político) y la agudización de las condiciones de exclusión del resto.

Para el caso, estamos frente a una gran oportunidad con la consulta a la tribu Yaqui y la operación del acueducto independencia. El año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reponer el proceso de consulta a la tribu Yaqui al considerar que se violaron sistemáticamente sus derechos colectivos y humanos. Una consulta debe cumplir con tres principios básicos: ser informada, esto es, que se deben contar con elementos de decisión acerca de los beneficios y posibles afectaciones del proyecto; ser libre y pública, lo que implica que la decisión debe ser tomada sin coacción de ningún tipo y sujeta a las prácticas internas de la comunidad; y debe ser previa, es decir, realizarse antes de que exista algún tipo de afectación derivado del proyecto.

Frente a la oportunidad que significa abrir los espacios de decisión cuando se trata de proyectos de infraestructura que tienen grandes implicaciones tanto para Pueblos indígenas como para comunidades campesinas y urbanas, más de 100 organizaciones civiles e instituciones públicas de todo el país han conformado una misión civil de observación para la consulta Yaqui, con el fin de poder establecer precedentes para otros casos, y vigilar que ésta se apegue a los mas altos estándares internacionales, especialmente a los dispuestos por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por México. Para más información acerca de la Misión Civil de Observación a la consulta a la tribu Yaqui, puede visitar la siguiente vínculo:

http://observacionconsultayaqui.wordpress.com

*Asistente de investigación del Centro de Estudios en Salud y Sociedad en El Colegio de Sonora.