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FOTO DE LA SEMANA: “Isla del tiburón”

La imagen fue capturada por Cristina Saldaña.

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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De la nacionalización del petróleo a la privatización del sector energético

Liz Ileana Rodríguez Gámez*

El 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas emitió el decreto por el cual se nacionalizó la industria petrolera; esta decisión marcó sin duda una nueva etapa en el desarrollo del país, pero también fue una acción para que el Estado recuperara el control de sus recursos naturales estratégicos y, por tanto, su poder de negociación frente a terceros, ya fuesen gobiernos extranjeros y/o empresas transnacionales.

Hace 76 años se expropiaron todos los bienes muebles e inmuebles de compañías extranjeras o filiales de compañías extranjeras, principalmente de capital estadounidense e inglés, que se habían rehusado a acatar la sentencia emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor del pago de mejores salarios a los obreros y trabajadores de esa industria. Las empresas, por su parte, se rehusaban a abandonar el suelo mexicano cuya riqueza habían usufructuado por muchos años y se negaban a negociar y a aceptar una indemnización por parte del gobierno mexicano.

En tiempos de la expropiación, la economía mexicana apenas iniciaba su camino a la industrialización: del total de la producción petrolera, sólo 38 por ciento era para consumo nacional.

Posteriormente, la demanda crecería en 10 por ciento anual en el periodo 1960-1972, mientras que la producción de petróleo lo hizo solo en 4.1 por ciento anual, enfrentando serias crisis que mermaron la producción, lo que en algún momento implicó la importación de crudo. La cifra récord de 200 millones de barriles al año que produjeron las empresas extranjeras en los años veinte fue superada sólo después de la explotación de los nuevos yacimientos en Chiapas en 1974, gracias a los cuales la producción fue aumentando cada año hasta llegar a más de 1 200 millones de barriles al año (cifra récord en 2006), de la cual se consumía nacionalmente poco menos de la mitad, mientras que el resto se exportaba.

Pese a los gobiernos, con todos sus errores y niveles de corrupción, México logró crecer. El “Milagro Mexicano” que se registró de 1940 a 1970, con tasas de crecimiento anuales del 6 por ciento, descansó en la estrategia de nacionalización del petróleo, que permitió un desarrollo de la industria y de la producción agrícola. También se registraron importantes avances en materia social como en servicios educativos, de salud y seguridad social. En cambio, en el sexenio de Felipe Calderón la economía alcanzó un crecimiento anual del 2 por ciento y en 2013 solo de 1.1 por ciento; en estos años el crecimiento ha ido de la mano de serios problemas sociales sin tener una actividad económica alternativa lo suficientemente fuerte como para contrarrestar la debacle de las reservas petroleras en el futuro inmediato.

Evidentemente se registran tres décadas perdidas. Desde la de los ochenta la economía ha dado tumbos, y la producción petrolera —como recurso estratégico para el crecimiento y desarrollo del país— dejó de ser parte de las acciones y del discurso de los gobiernos neoliberales para ser relegado a generador de divisas y/o fuente de financiamiento del presupuesto público. Lo anterior, aunado a una cadena de errores de inversión, costosos niveles de corrupción y el financiamiento de enormes deudas e irresponsables etapas de déficit y gasto gubernamental, han puesto al sector energético de México en serios problemas financieros, tecnológicos y de producción.

Permitir inversiones privadas nacionales y/o extranjeras en un sector estratégico como el energético, no es la mejor manera de solucionar sus problemas. En todo caso, le resta capacidad de negociación al Estado mexicano y nos pone en una situación vulnerable al “compartir la riqueza que nos pertenece”. El presidente Enrique Peña Nieto ha sostenido reiteradas veces que el petróleo no se vende; ciertamente, esto es así sólo por una cuestión legal. Valdría la pena una segunda revisión a la reforma energética para salir de nuestro error y darnos cuenta de que efectivamente no estamos vendiendo nuestro petróleo sino, peor aún, lo estamos regalando.