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La imagen fue capturada por Inés Martínez de Castro.

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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Los derechos de la infancia y la violencia

Ma. del Carmen Arellano Gálvez*

En 1989 se aprobó la Convención sobre los derechos del niño (y la niña, diríamos 25 años después), que los concibe como sujetos sociales con derechos. Tal convención fue ratificada por México en 1990 y de ella se desprende la Ley para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuyo fin último es asegurar el desarrollo integral y en condiciones de igualdad de todos los niños y niñas; ahí, la discriminación y la violencia quedan excluidas, al menos discursivamente. Sin embargo, día a día nos enteramos de situaciones diversas que violan sistemáticamente los derechos de estos actores sociales, como es el derecho a la seguridad tanto en los espacios privados, como en los públicos. Así, el hogar, la escuela y los mensajes transmitidos por los medios de comunicación son escenarios donde la violencia se cultiva y se reproduce.

La violencia contra los niños, niñas y adolescentes ejercida al interior del hogar, a pesar de ser sancionada, es aceptada como medio de castigo o correctivo de conductas “inapropiadas”. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, correspondientes a la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la mayoría de las personas encuestadas reconocen que no se justifica golpear a niños y niñas con fines disciplinarios, pero 95 por ciento cree que es una práctica común en el país, práctica que viola sus derechos.

En la mencionada ley también se refiere el derecho a la educación en un contexto de no discriminación y respeto de los derechos humanos y, específicamente, en el artículo 13 se refiere que en las instituciones educativas, los profesores o educadores serán responsables de evitar el maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes.  Esto viene a colación por los lamentables hechos de acoso escolar y los discursos de autoridades reprobando esta violencia generalizada. Tales argumentaciones sin embargo, no concuerdan con las realidades de un México en el cual el libre ejercicio de derechos es coartado desde las más tempranas edades, al negar a los niños y niñas el acceso a una educación y cuidados en espacios seguros.

Pero no sólo las instancias educativas son las responsables de esta situación, el conjunto social en su complejidad, con la permisividad e idealización de la violencia como medio de solución de conflictos, porque a pesar de que discursivamente se le rechaza, los estándares de éxito se vinculan al ejercicio del poder. Lo vemos en los medios de comunicación a través de los estereotipos de adolescentes “populares” que hacen alarde de la violencia manifiesta y simbólica como medio de legitimar su dominación sobre otros, los que se encuentran subordinados y/o discriminados por categorías arbitrarias que diferencian a los grupos sociales y reproducen estas asimetrías.

De acuerdo a la Ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es responsabilidad del Estado evitar la transmisión de programas que promuevan la violencia o la comisión de delitos en horarios de clasificación familiar. Esta restricción supondría un análisis crítico de los contenidos, pero lo que cotidianamente se transmite en los medios masivos de comunicación dista mucho de pasar este filtro y responde más a una lógica de mercado. Los lineamientos legales están plasmados, ahora es necesario reflexionar sobre las prácticas y los discursos sociales que reprueban pero que a la vez permiten la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en distintos contextos sociales y que son muestra clara de la violación a sus derechos humanos fundamentales.

*Asistente de investigación en el Centro de Estudios en Salud y Sociedad de El Colegio de Sonora.