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El recuento (reencuentro) de (con) los daños

Francisco Piña Osuna*

Después de todo conflicto bélico, del cese al fuego y la eufemística bandera de la paz, lo que irremediablemente sobreviene es el recuento de los daños. El recuento de los caídos y de los restos de las hostilidades suponen a su vez un reencuentro con una guerra en la cual invariablemente nadie gana.

Durante seis años, desde diciembre de 2006 hasta dciembre de 2012, y tomando en cuenta que justo el día en que el ex presidente Felipe Calderón tomó protesta comenzaron los operativos contra el crimen organizado en su natal Michoacán,  así el gobierno federal nos tuvo técnicamente en una guerra, que si bien no fue civil, sí  fueron muchos  más los  afectados de la sociedad “civil” en relación con los del enemigo: el narcotráfico.

Es consabido que durante esta guerra escuchamos casi a diario y de manera obsesiva el recuento de la famosa “lucha contra el crimen organizado”. Sonadas fueron las notas que saturaban los noticieros, y aún retumban las voces de los locutores que puntualizaban con regodeo el aumento de muertos y heridos, exclamación propia de la nota roja durante esos años y tema en boga de la presidencia.

Hoy, al menos en el discurso, la temática se atiende poco, con el argumento de que fue una etapa que se superó. Es claro que el tema sólo se ha disipado en la presente gestión, lo que no sucede en la práctica. Es sabido, y se ha documentado, el decremento de notas publicadas en relación al crimen organizado con respecto al sexenio anterior. Esto se ha visto como una simple pretensión de tregua.

Como apóstrofe a ese frenesí de violencia, donde el dato duro y el fetiche de la sangre fueron el lenguaje utilizado para explicar la realidad nacional, sobrevino la descalificación de la mencionada estrategia contra el crimen organizado: “inservible” es el adjetivo calificativo al que acude la voz popular para referirse a ella, y más común aún es escuchar que “después de todo seguimos igual”. Es en esta última frase donde el viento tuerce su curso, ya que este citado frenesí de seguridad sí cambió nuestras vidas y, evidentemente, el cambio experimentado a nivel estructural contrasta con esta sensación facilista de “seguimos igual que antes”.

Sabemos de antemano que la estrategia fue fallida, es de sobra sabido que en la mayoría de las regiones del país la vida pública sufrió una reconfiguración, que se quintuplicaron los asesinatos ligados al narcotráfico; es también sabido que bajo este esquema de seguridad federal se presentaron diez veces más muertes de elementos policiacos que en sexenios pasados; que el número de civiles caídos sólo se compara con los de la revolución mexicana y que, por ende, hablar de una permanencia “en el mismo estado de cosas” resulta hasta injusto.

Decir “quedamos igual que antes” sería impreciso frente a la magnitud de lo vivido el sexenio pasado y la parte que se  reproduce hasta la fecha. En realidad las instancias de seguridad buscan que la cuestión sea olvidada a pesar de  altos costos que la estrategia trajo consigo. Es necesario contrarrestar esta percepción de anquilosamiento, con un recuento más a fondo.

Es preciso ir más allá de la concepción reprobatoria que ha quedado en el imaginario de gran parte de la ciudadanía (y no hablo en pasado debido a que las acciones estipuladas en el anterior sexenio siguen siendo letra de manual en las corporaciones policiacas). Se requiere atender la percepción de los agentes participantes: ciudadanía y policía.

Se necesitan estudios que atiendan los saldos de la tan llevada y traída “guerra contra el narcotráfico”; que revelen los cambios específicos en la ciudadanía tras la estrategia mencionada; y se revise el tipo de participación civil presentada en los hechos, pero sobre todo, cuestionar a la policía sobre los cambios operados en su modo de trabajar, en su percepción como profesional policiaco tras la implementación de la estrategia, incluso en cuanto a su seguridad personal. Insistir en los cambios que atrajo consigo este esquema, caduco ya en el discurso del actual gobierno federal, pero que sigue operando en lo técnico.

Otro aspecto se refiere a lo contextual. Es necesario tomar en cuenta el contexto sonorense para replicar o comparar lo hecho en otras entidades. Llevar el análisis más allá de los números de guerra, atendiendo las modificaciones específicas que trajo consigo esta etapa “cuasi bélica” será un paso que ayude a cerrar —de manera relativa— el primer capítulo de la implementación de esta estrategia y evitará que el veto que la actual administración pretende imponer al tema de la violencia generada por el combate al crimen organizado surta efecto en la población y termine siendo empacado y guardado como una simple estrategia que simplemente falló sin más.

De los cuerpos académicos, de las instituciones no gubernamentales y, por qué no, de las propias instituciones de seguridad, depende que el tema no se archive. De lo contrario, la tradición gubernamental que espera que la memoria a corto plazo opere en vez del análisis a conciencia, se impondrá una vez más. La sociedad debe participar más a fondo en un recuento, aunque eso implique también un no muy afortunado reencuentro con los daños.