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La tragedia de los comunes

Lorenia Velázquez C.*

Existe una relación inherente entre la libertad y la responsabilidad. No puede ir una sin la otra, menos cuando se trata de los bienes, servicios o recursos comunes.

G. Hardin describía en 1968 que los recursos comunes (aquellos que al mismo tiempo son de todos y de nadie) están destinados a la ruina. Y esto sucede porque los individuos, en su actuación racional, tenderán a destruirlos a pesar de que en el largo plazo ninguno podrá recibir beneficio alguno de ellos.

En su esquema, Hardin utiliza como ejemplo un pastizal compartido donde se impone la racionalidad económica y cada individuo desea aumentar el número de animales sin importarle el costo adicional que este incremento traerá para la comunidad en conjunto. En el corto plazo, el individuo obtiene los beneficios de la sobreutilización de recursos; en el largo plazo, la comunidad comparte los costos del comportamiento individual.

La idea detrás de esto es que la comunidad por sí misma es incapaz de hacer acuerdos racionales al utilizar los recursos comunes, y la única solución es la privatización y la creación de instituciones o gobiernos que actúen como garantes (o propietarios) de dichos bienes.

No se ve una tragedia generalizada e inevitable por el uso excesivo de los bienes comunes ni en la necesidad imperiosa de privatizar —incluida la propiedad gubernamental— para evitar la sobreexplotación de los recursos y la ruina para todos. Generalmente los usuarios de los recursos comunes siguen una especie de reglas aceptadas por toda la comunidad, desarrollan incentivos por el buen uso, entendiendo (y por tanto evitando) el riesgo que existe por el uso excesivo. En este sentido, más que un dilema, en última instancia, se trata de un problema de coordinación.

Elinor Ostrom —premio nobel de economía 2009— y sus colegas detallaron siete principios básicos de diseño institucional que permiten el manejo eficiente de los recursos comunes: 1) definición clara de los límites de la explotación de los recursos; 2) congruencia entre las reglas de explotación de los recursos y las condiciones locales de cada región afectada; 3) participación de las partes implicadas en las decisiones colectivas; 4) supervisión del sistema de explotación de recursos; 5) sanciones graduales para quienes falten a las reglas acordes a la gravedad de la falta; 6) mecanismos para la solución de los conflictos, y 7) reconocimiento a los usuarios de su derecho para determinar la forma de organización en aras del aprovechamiento comunitario.

Esto significa que los grupos locales con propiedad común pueden manejar sus recursos bastante bien y es posible encontrar un modelo de crecimiento económico sostenible y respetuoso con la biodiversidad.

En este escenario, sin embargo, pueden surgir dos problemas: uno, cuando el uso de una persona hace que disminuyan los recursos que pueden ser consumidos o disfrutados por el resto y el otro es la dificultad de excluir a los free-riders (aquellos que se benefician de los recursos sin apegarse a las reglas ni pagar el precio que les corresponde, los parásitos o “gorrones”).
Las reglas para definir a las personas que tienen y sobre todo a quienes no deben tener acceso a los recursos o en todo caso establecer de forma clara la manera en que deberán hacer uso de él y las sanciones que deberán enfrentar, hacen que funcionen las instituciones, las cuales deben de ser creadas a raíz de criterios que incluyan tanto la eficiencia económica, como la sustentabilidad y la equidad.

Desafortunadamente, Sonora se ha convertido en un claro ejemplo de caso fallido en el manejo de recursos comunes. Sin el desarrollo de las instituciones apropiadas, comprometidas con el bienestar general que no sólo atiendan el beneficio de los grandes capitalistas, y ante todo sin la voluntad de entender la fragilidad de nuestro medio ambiente, no habrá forma de evitar la tragedia de los comunes.
*Profesora-Investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de El Colegio de Sonora. lvelaz@colson.edu.mx