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FOTO DE LA SEMANA: “Ya llegó septiembre”

La imagen fue capturada por David Dórame.

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Problemas y desafíos locales

Álvaro Bracamonte Sierra*

Tres asuntos ocupan y ocuparán la agenda pública local: el desastre ambiental del río Sonora, la reforma electoral y el debate en torno al salario mínimo. A primera vista parecen tres asuntos desvinculados, pero tienen vasos comunicantes que los asocian y los vuelven un solo problema, un solo desafío. Me explico: el que ahora una región del extenso territorio sonorense experimente la peor catástrofe ecológica, aunque no deja de sorprender, era de esperarse dada la conocida negligencia con que frecuentemente opera la empresa responsable de la contaminación.

Ese rasgo se explica justamente por la incapacidad del Estado para acabar con la impunidad que incentiva toda clase de irregularidades por parte de los poderes fácticos. El Grupo Larrea, propietario de la mina de Cananea, es uno de ellos. Por lo menos así se deja entrever en las listas que año tras año la revista Forbes publica con los hombres más ricos del mundo. La impunidad tiene su origen en las múltiples componendas que los Larrea han tejido con las autoridades; es la rendija por donde se filtra la corrupción que sigue siendo, hoy como nunca, un freno para el desarrollo nacional. La corrupción no es una cuestión cultural como sostuvo el presidente Peña Nieto en reciente entrevista, sino deviene de la privatización de la agenda pública.

Si la esfera de lo público quedara separada de la privada se mejoraría mucho el combate a la corrupción. Estamos muy lejos aún, pues para ello es condición indispensable fortalecer la vida institucional a fin de neutralizar el acecho incansable de los pícaros que sólo aspiran a un puesto político para beneficio personal.

Para atajar esta posibilidad es indispensable elegir bien a nuestros representantes populares, lo que presupone un sistema democrático que permita elegir a los hombres y mujeres más preparados y honestos. Los constantes cambios a la ley electoral van en esa lógica; los ajustes en las reglas electorales suponen ese espíritu: hacer de los comicios una oportunidad para votar a hombres y mujeres con suficiente autoridad moral para hacer cumplir la ley y sancionar a quienes la violenten.

El debate en torno al aumento de los salarios mínimos también ocupa la atención mediática. A la propuesta de incrementarlos, formulada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, se sumó la dirigencia nacional del PAN, que planteó una consulta a la ciudadanía, y la del PRI, que disimuladamente la rechaza, pero al mismo tiempo organiza foros de análisis. Es un tema relevante del que nadie quiere quedar al margen ya que afecta a la mayoría de los mexicanos que con el paso del tiempo ven perder el poder adquisitivo.

Vale señalar que la distribución del ingreso o mejor dicho la correcta distribución de la riqueza producida es, en el fondo, un asunto de correlación política y no una cuestión meramente económica como quieren hacer creer las cúpulas empresariales. La organización de la sociedad plantea tres interrogantes básicas: qué, cómo y para quién producir; las dos primeras atañen a la teoría económica y la tercera a la economía política.

La distribución no corresponde al mercado sino al Estado, y pese a que en éste se integran grupos plurales, en su interior alberga tradicionalmente fuerzas políticas hegemónicas. El deterioro del salario se ha acentuado porque la representación de los trabajadores ha sido desfavorable. Lo es quizá por lo inequitativo de nuestra democracia, que inhibe la posibilidad de que los sectores progresistas ocupen puestos políticos. Se supone que las continuas reformas electorales buscan reducir ese problema y la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso a principios de año debe contribuir a ese propósito.

Precisamente, de la reforma electoral, de su contenido, limitaciones y alcances, el doctor Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, ofreció el jueves pasado en El Colegio de Sonora una espléndida conferencia. De su charla me quedo con una idea que dejó implícita: avanzar hacia el perfeccionamiento de nuestro régimen democrático ayudará a elegir mejores autoridades que facilitarían acabar con la impunidad, la corrupción, las componendas y se ensancharían las probabilidades de reducir la vergonzosa desigualdad social del país.

*Doctor en Economía. Profesor-investigador de El Colegio de Sonora.