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A pesar de su ilegalidad, acueducto Independencia continúa operando

Noemí Haro Velarde*

La violación sistemática de los derechos humanos y el incumplimiento por parte del Gobierno del Estado de Sonora, representado por Guillermo Padrés Elías, y CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) han sido una constante en los últimos años. El acueducto Independencia pese a las controversias generadas entre los diversos actores económicos, políticos y sociales desde el año 2010, actualmente se encuentra operando.

El conflicto ha adquirido grandes dimensiones debido a la incapacidad de las instituciones correspondientes de solucionar el problema, inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido incapaz de poner fin. El 08 de mayo de 2014 se cumplió un año de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que amparó a la Tribu Yaqui, al reconocer violaciones en el proceso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que, sin consultar a las comunidades, autorizó el informe de impacto ambiental sobre la operación del Acueducto Independencia. La aclaración de sentencia emitida en el amparo en revisión 631/2012 del pasado 8 de mayo dictaminó que la SEMARNAT y la PROFEPA deberían desahogar a la mayor brevedad una consulta entre la comunidad yaqui, independientemente de la etapa en que se encuentre la obra, sin embargo, la consulta sigue sin realizarse.

En el proceso se subraya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió, el 9 de agosto de 2012, una recomendación dirigida al gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, señalando que: a) el desacato a la sentencia de marzo de 2011, que ordena la suspensión de los trabajos del acueducto; b) la falta de implementación de políticas públicas por parte del Gobierno de Sonora para evitar un conflicto social en torno a la escasez y abastecimiento del agua en el estado, y c) la violación de los derechos de consulta del pueblo yaqui con respecto a la ejecución del acueducto (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2012, numeral 65).

Hasta el momento la obra guarda un estatus de ilegalidad; quedan pendientes tres controversias constitucionales, siete juicios de amparo y la consulta ambiental ordenada por la Suprema Corte (Moreno, 2014). No obstante, a partir de su inicio de operaciones en marzo de 2013, en ningún momento el acueducto ha dejado de operar. Al mes de octubre de 2014, suma 44.4 hm³, equivale a un gasto medio diario de 1.157 m³/seg.

Por último, la reclusión y sentencia de Mario Luna, vocero de la tribu Yaqui y de Fernando Jiménez, también integrante de la tribu Yaqui, ocurrida durante las primeras semanas de septiembre de 2014, han suscitado diversas manifestaciones exigiendo su liberación, y ponen de manifiesto posibles irregularidades por parte del gobernador estatal Guillermo Padrés Elías, quien ha desacatado el llamado del Senado de la República para la liberación de Mario Luna. Situación contraria es la de Enrique Martínez Preciado, quien se encuentra en libertad a pesar que desde mayo de 2013 se le giró orden de formal prisión e inhabilitación del cargo público por el delito de desacato ante una denuncia interpuesta por los productores de la tribu Yaqui. Martínez Preciado se encuentra en libertad, y a pesar de que oficialmente fue destituido de su puesto como director general de la Comisión Estatal de Agua, actualmente se desempeña como presidente del Consejo Ciudadano del Fondo de Operaciones de Obras del Sonora SI y como vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.

*Asistente de investigación en El Colegio de Sonora.