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Corrupción y acciones que no solucionan

Victor S. Peña*

El 3 de diciembre Transparencia Internacional da a conocer la versión 2014 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este trabajo es toda una referencia, ya que permite rastrear la evolución del problema, en varios países, desde mediados de la década de los noventa.

En virtud de una metodología probada y comprobada, respetada en todo el mundo, Transparencia Internacional asigna a cada país una calificación y los ordena del menos al más corrupto. Esto es el IPC.

Para el caso particular de México, año tras año hay quienes suenan la alarma porque, dicen, el país va en caída libre: mientras que en 1996 se ocupaba el lugar 38, para el 2013 México andaba por el 106… ¡Más de sesenta posiciones retrocedidas!

Esto, siendo verdad, es una lectura incompleta. Tan significativo “retroceso” es más una consecuencia de la incorporación de nuevos países (con mejor calificación) en el estudio y no tanto que la corrupción se esté propagando como enfermedad infecciosa.

La situación, sin embargo, no está para echar las campanas al vuelo.

En términos absolutos, es decir, considerando los puntos obtenidos independientemente de la posición que se ocupe en la tabla general, México se ha mantenido en un promedio ligeramente por arriba de los 30 en una escala donde 0 es una muy alta percepción de corrupción y 100 la calificación perfecta.

Mucho ojo en esto: desde las mediciones del IPC, ni la presencia de organismos promotores de transparencia a lo largo y ancho de la república mexicana, ni un par de reformas constitucionales en la materia, ni el desarrollo de una estructura nacional para la fiscalización, ni la firma y ratificación de tratados internacionales y un largo etcétera han podido impactar de manera efectiva en la calificación. No es que la corrupción empeore como enfermedad infecciosa, pero resulta que un muy amplio y pesado cuerpo burocrático exclusivo para inhibir y castigar la corrupción apenas y ha podido mantener la misma situación con la que comenzamos.

¿Será que el IPC mide algo en lo que no se está trabajando… o, por el contrario, que todo el trabajo ha servido para poco, pues está mal enfocado?

El tema ha estado y está en la agenda. Ahora mismo, en el Senado de la República, se encuentran en análisis y discusión tres iniciativas (una por cada uno de los partidos políticos con mayor representación en la instancia Legislativa) que abordarían el combate a la corrupción de manera frontal.

Entre los acuerdos y coincidencias que pueden encontrarse en los documentos de estas fuerzas políticas se destacan: la intención de crear un órgano constitucional autónomo, esto es, colocarlo en la misma jerarquía que tienen los poderes tradicionales como el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial; dotarlo con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía operativa; otorgarle facultad para sancionar actos de corrupción por la vía administrativa; que la existencia del órgano nacional venga acompañada por una normatividad general aplicable en los tres órdenes de gobierno coexistentes en México; la muy alta probabilidad de que el esquema nacional se replique en los gobiernos subnacionales; que la acción del órgano no estaría limitada por el secreto bancario, fiduciario y fiscal.

Otros muchos temas seguirán siendo parte del análisis y discusión interna de la instancia legislativa. Aspectos tan sensibles como el procedimiento para la designación de los Consejeros o Comisionados del nuevo órgano, la prescripción (o no) de los actos de corrupción, el ámbito para sancionar (sólo por la vía administrativa, sólo por la penal o ambas) el destino de los bienes confiscados, están en la palestra.

A esperar unos días más. No se esperan, para México, mayores sorpresas. Lamentablemente.

*Doctor en Política Pública por el Tec de Monterrey. Profesor Investigador en El Colegio de Sonora