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El reto presupuestal del 2015

Nicolás Pineda*

La semana pasada, el Ejecutivo envió al Congreso del Estado su propuesta de presupuesto para el año 2015. El presupuesto es la gasolina con la que funciona la administración pública estatal y la que echa andar gran cantidad de servicios, organismos y actividades que inciden en nuestra vida diaria. El mal uso del presupuesto significa desviaciones y malversaciones de los fondos públicos y afecta direcamente el desarrollo y bienestar colectivo. En una mirada de pájaro veámos que contiene la propuesta.

Qué trae el proyecto de presupuesto 2015
La propuesta de gasto público del Ejecutivo para el próximo año asciende a 48 mil 444 millones de pesos. Este monto significa un 4.3 por ciento de incremento sobre el presente año, lo cual es ligeramente superior a la inflación estimada, que asciende a 3.9 por ciento.

En cuanto a los ingresos, dos cosas llaman mi atención. Una es que hubo una ligera disminución en los ingresos fiscales estatales. Esto significa que el estado recauda cada vez menos sus propios ingresos y en cambio cada vez depende más de las transferencias y participaciones federales y sobre todo de más deuda que le tocará pagar a los gobiernos futuros. Otra es que se contempla un ingreso de 900 millones por lo que se llama “diferimiento de pagos” y que no es otra cosa que dejar de pagar a los proveedores. Así que los proveedores del gobierno ya están advertidos de que no se les va a pagar. Ésta es una práctica funesta que no sólo encarce los costos de servicios para el gobierno, sino que hace discrecional la decisión de a quiénes se les paga y cómo y cuándo se les paga. Hay que señalar que supuestamente este proyecto sólo incluye “financiamiento interno”, que aparentemente se trata de deuda revolvente a corto plazo, y no incluye mayor deuda externa. Sin embargo, en el anterior año electoral se adquirió una deuda considerable a pesar de que no había sido presupuestada. Además, con la deuda que ya se tiene, Sonora ya es uno de los estados más endeudados del país.

Por lo que respecta a la distribución de los fondos, se aprecia que el incremento de 4.3 por ciento no es parejo para todas las dependencias. En primer lugar, aparece una Oficialía Mayor que no existía anteriormente y que viene cargada con un presupuesto de poco más de 3 mil millones de pesos. De acuerdo al analítico de partidas, de esa cantidad 2 740 millones están destinados a la inversión en obras y otros 100 millones a inversión financiera. O sea que es una dependencia que no sólo va a llevar asuntos administrativos sino que incluso manejará obra adicional a la que realiza al Secretaría de Infraestructura Urbana.

Otras dependencias que vieron aumentado su presupuesto son la Oficina del Ejecutivo (16 por ciento), la Secretaría de Gobierno (14 por ciento) y la Secretaría de Economía (36 por ciento). Por otra parte, entre las dependencias que vieron disminuido su presupuesto destacan el Congreso del Estado (-19%), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (-18 por ciento) y sobre todo al Instituto de Transparencia Informativa (-38 por ciento).

Obviamente, estas variaciones nos hablan de las prioridades y los movimientos que se dan en la administración estatal así como de la agenda prevista para el año próximo; del desorden presupuestal estatal. Más allá de la formalidad del presupuesto que prepara el Ejecutivo, y que el Legislativo generalmente aprueba con cambios menores, está la situación crítica de que este gobierno ha sido poco ordenado en el ejercicio del gasto y no ha habido disciplina presupuestal.

Esta falta de orden se aprecia en las muchas modificaciones que se hacen al presupuesto sobre la marcha durante el año de ejercicio y que se han puesto de manifiesto en el aumento considerable de las observaciones que ha hecho el Instituto de Auditoría y Fiscaliación (ISAF) al ejercicio del gasto de los años anteriores. Además, el desorden se ha visto también en las retenciones de las ministraciones al Congreso y a municipios, así como a muchas dependencias y organismos que no pueden levantar la voz para reclamar. Está también el diferimiento de pago a proveedores y el incumplimiento de obligaiones como la aportación al fondo de pensiones del ISSSTESON. También se llevan a cabo obras no presupuestadas y otras que están presupuestadas no se ejecutan. Da la impresión de que una vez aprobado el presupuesto, el ejercicio del gasto se vuelve discrecional y queda al gusto de los titulares del Ejecutivo y de las dependencias.

Si las observaciones del ISAF no se atienden y las actividades estatales no se ajustan y someten a lo programado y aprobado en los presupuestos, el ejercicio de elaborar estos documentos pierde sentido y se convierte en “atole con el dedo” para los ciudadanos.

Por otra parte, se está desperdiciando un instrumento muy valioso no sólo para hacer más eficiente la asignación de los recursos públicos, sino sobre todo para alcanzar los objetivos de mayor desarrollo y bienestar de los sonorenses.

*Profesor-investigador de El Colegio de Sonora. nicolas.pineda.p@gmail.com. Twitter: @npinedap