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Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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Criminalización de la búsqueda de una vida mejor con el programa “Operation Streamline”

Ramiro Antonio López*

 De lunes a viernes a la una y media de la tarde se lleva a cabo en la Corte Federal de Tucson Arizona una audiencia masiva en la que en un tiempo record de hasta 30 minutos se decide el futuro de al menos 70 migrantes indocumentados que han sido atrapados en su cruce hacia Estados Unidos o que han sido detenidos una vez que ya se encuentran viviendo en ese país sin contar con documentos que les permitan hacerlo.

Presenciar la audiencia —la cual parece estar dictada por un guión— donde estas personas son juzgadas y sentenciadas es una experiencia sumamente triste. Ver sus rostros de desesperación y fracaso sabiendo que su esperanza de una vida mejor para ellos y su familia ha sido destruida, produce un sentimiento de frustración e impotencia.

Bajo el programa Operation Streamline, que opera desde el año 2005 con el propósito de combatir la inmigración ilegal, cruzar la línea se convierte en una violación no solo civil o administrativa sino criminal. Cientos de miles de personas han sido juzgadas y sentenciadas a una condena que va desde los 30 días de cárcel hasta un máximo de 180 si es la primera vez que es detenido. Las personas que son deportadas bajo este programa quedan marcadas con un récord criminal y la próxima vez que intenten cruzar sin documentos y sean detenidos podrán ser sentenciados hasta dos años de prisión y después ser deportadas nuevamente.

Esposados, con los pies encadenados y con las mismas ropas sucias y malolientes con las que fueron aprehendidos luego de haber caminado durante días en el desierto, los indocumentados son presentados ante el juez en grupos de ocho. Antes de comparecer, son asesorados por defensores públicos, quienes les explican su situación legal y los cargos que enfrentan. En la gran mayoría de los casos se les recomienda declararse culpables.

Una vez que ante el juez, éste los identifica por nombre, les lee sus derechos constitucionales, les indica los cargos por los que se les acusa y pregunta cómo se declaran. Con el fin de evitar pasar un tiempo largo en prisión y ser deportados de manera inmediata, casi todos se declaran culpables. En ese momento el juez declara la sentencia y los acusados abandonan la sala entre el ruido de cadenas, y, en algunos casos, con ojos llorosos. Todo el proceso dura aproximadamente quince minutos o menos. Este mismo acto se repite hasta que los 70 acusados reciben su sentencia, todo en menos de dos horas.

Numerosas organizaciones y grupos defensores de los derechos humanos han expresado severas críticas hacia la Operación Streamline por injusta, inhumana, costosa e ineficiente. Se señala la falta de un debido proceso para los acusados; el hecho de que los abogados no puedan disponer más que de unos minutos para asesorar a sus clientes y deban representar a cuatro o más al mismo tiempo, así como las audiencias masivas donde —en cuestión de minutos o hasta segundos— se condena a los acusados. Esto pone en duda la legalidad del proceso. De igual manera se critica la criminalización de un acto que hasta antes del programa era considerado como una violación administrativa y juzgado en cortes civiles. Ahora es un asunto penal que convierte al infractor en un criminal que enfrentará cargos penales severos en caso de ser atrapado nuevamente.

Se señala, así mismo,  la forma terrible en la que este programa ha separado a muchas familias al deportar a cualquiera de los padres, eliminando casi por completo las posibilidades de reingresar a los Estados Unidos sin el riesgo de pasar años en prisión.

En mi visita a la corte conversé con una mujer que se veía sumamente afligida. Al preguntarle la razón, me contó que su esposo había sido detenido días antes y que sería juzgado esa tarde. Mencionó que tenían una hija de un año y que su esposo estaba tratando de regular su situación migratoria con base en su matrimonio. Sin embargo, si su esposo era deportado no tendría otra opción más que divorciarse, pues ella no quería que él pasara tiempo en la cárcel si llegaba a ser detenido nuevamente al intentar regresar. Escuchar su historia, mientras se esforzaba por contener el llanto, me permitió entender un poco mejor la tragedia y sufrimiento humanos que causa este programa al separar a las personas de sus familias y seres amados.

Los gastos millonarios que cada año se invierten en el programa son también objeto de crítica, pues se les considera como recursos que podrían utilizarse para atender la verdadera delincuencia y criminalidad en lugar de perseguir a personas cuyo único objetivo es tener una mejor oportunidad de vivir dignamente y contribuir también a la economía del país.

Sin duda es muy criticable la estrategia de la esta operación; la forma en que persigue a las personas como criminales y viola sus derechos y su derecho a un proceso justo. Sin embargo, también es criticable el papel que juega México en esta triste situación. Es vergonzoso que cientos de miles de mexicanos tengan que emigrar hacia Estados Unidos al no encontrar la forma de tener una vida digna en su lugar de origen. Es inmoral que mientras en nuestro país muchos políticos, legisladores y otros servidores públicos reciben sueldos y aguinaldos cuantiosos, cientos de miles de mexicanos no tienen ni siquiera para alimentarse y no hay otra salida más que emigrar, exponiéndose a ser víctimas de la delincuencia y a ser esposados, encadenados y tratados como criminales.

No obstante la catastrófica situación de los indocumentados al interior del injusto sistema estadounidense, México es en gran medida responsable de esta problemática al no crear las condiciones adecuadas para generar prosperidad y oportunidades para la mayoría de sus ciudadanos.

ramiantl@gmail.com*