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FOTO DE LA SEMANA: “Submarina”

La imagen fue capturada por Judas Méndez.

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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Reingeniería presupuestal

Álvaro Bracamonte Sierra*

El derrumbe del precio del petróleo está generando múltiples consecuencias, algunas de ellas ciertamente inesperadas. La inestabilidad del peso mexicano frente al dólar está asociada a la contracción del mercado energético; lo mismo se puede decir de la Bolsa de Valores, que el viernes 30 registró una caída cercana a 2.5 por ciento. Por si fuera poco, las turbulencias petroleras están afectando la meta de crecimiento del PIB cuya revisión seguramente se prolongará el resto del año tal como ocurrió en el 2013 y 2014.

Con ese telón de fondo el secretario de Hacienda anuncia el esperado recorte al gasto público en un monto superior a 124 mil millones de pesos, cantidad que representa el 0.7 por ciento del total aprobado por el Congreso y alrededor de tres veces el ejercido por Sonora en los años recientes. La tijera afectará especialmente a Pemex y a la CFE que no contaban con estrategias para compensar situaciones como las que se enfrentan en esta coyuntura petrolera. De la misma forma, el titular de las finanzas nacionales anunció la cancelación de un par de obras emblemáticas de la administración peñanietista: el tren México-Querétaro y el de Quintana Roo-Yucatán.

Pese a la contratación de coberturas contra la volatilidad del precio del petróleo, todo indica que están resultando insuficientes, en particular porque el próximo año difícilmente se contaría con esa clase de protección. Aunque la reducción preventiva del presupuesto se esperaba en cualquier momento, no por ello resultó menos desalentadora.

Es triste porque revela las penurias que arrastra la contabilidad nacional y agrega dudas a la posibilidad de una pronta recuperación de la economía. Es obvio que el recorte va a contracorriente de las recomendaciones formuladas por economistas reconocidos que sugieren incrementar el gasto cuando se asoma una desaceleración como la que ahora México experimenta. El ajuste seguramente tendrá efectos multiplicadores en el desempeño de la economía mexicana y de paso pondrá en entredicho las supuestas bondades de las reformas constitucionales que, según voceros oficiales y oficiosos, permitirían crecer a tasas anuales por arriba del 5 ó 6 por ciento.

Comentario aparte merece la reforma fiscal que teóricamente se orientaba a fortalecer las finanzas del país y a reducir la nociva dependencia petrolera; habría que decir que sí elevó los ingresos no petroleros, lo que de no haber ocurrido probablemente hubiera propiciado que la contracción fuera sensiblemente mayor. Sin embargo, a simple vista no resolvió la antigua fragilidad financiera sino que permitió exhibirla tal como se deduce del recorte presupuestal anunciado.

Es probable que la anemia presupuestal no radique en la raquítica tributación sino en la forma como se ejerce el gasto. La reforma fiscal de 2013, hay que recordar, se concentró exclusivamente en la recaudación posponiéndose las modificaciones que mejorarían la aplicación del gasto. Esta ausencia implicó tipificarla no como una reforma hacendaria sino simplemente como una reforma recaudatoria que sólo alcanzó para pulir los mecanismos de cobranza y para incrementar exiguamente la base gravable; así, aunque crecieron los ingresos, éstos siguen siendo escasos para satisfacer los requerimientos del obeso e improductivo aparato burocrático, convertido en un barril sin fondo que no se llenaría incluso cuando los ingresos fiscales se elevaran exponencialmente.

Es en ese contexto que llega el anuncio del recorte. El secretario de Hacienda, al tiempo que daba a conocer la reducción del gasto, planteaba un tema relevante: el próximo presupuesto se confeccionará a partir de un nuevo criterio que sustituye a la presupuestación inercial utilizada hasta ahora. Se trata de elaborar un presupuesto de base cero, lo que significa que la asignación de recursos a las dependencias estará en función de su capacidad para justificar los objetivos, metas y acciones en que fundamenten la solicitud, y su alineación a la visión de desarrollo de la administración central; de esta manera, se eliminaría el gasto superfluo o injustificado.

Se trata de un proceso complejo y azaroso que si sale bien podría derivar en una verdadera reingeniería de los asuntos públicos que es, dicho sea de paso, una asignatura pendiente de muchos sexenios atrás. Ojalá la propuesta sea seria y no un capítulo más del torneo de simulación en que está convertido el actual Gobierno federal.

*Doctor en Economía. Profesor-investigador de El Colegio de Sonora.