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La imagen fue capturada por Cindy Martínez.

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Ciclo político del gasto público

Álvaro Bracamonte*

Hay suficiente evidencia de que las autoridades de todos los niveles manejan en forma oportunista el gasto público a fin de influir en un sector de la población que inclina su voto en un sentido, en función de si, previo a la jornada electoral, percibe beneficios individuales o colectivos derivados de la gestión del gobierno en turno. Esta reacción ha sido estudiada ampliamente y existe una vasta literatura especializada que da cuenta de ese fenómeno al que se denomina el ciclo político de la economía.

El más rápido y eficiente mecanismo de que dispone el Estado para inmiscuirse en la arena económica es el gasto público, el cual, de acuerdo con la teoría referida, debe aumentar en los meses previos a un proceso electoral. Gastar más en un año político no necesariamente implica endeudarse más. Puede conseguirse el mismo propósito a través de recalendarizar la aplicación del gasto: un recurso que originalmente se ejercería en la segunda mitad del año se ejecuta, por ejemplo, en el primer semestre. Claro que en coyunturas especiales puede implicar la contratación de deuda, pero esto irremediablemente pasa por el Congreso, instancia que tiene la última palabra en la materia. Cualquiera que sea el procedimiento para incrementar el gasto, una vez efectuado, genera un artificioso clima de bienestar que eventualmente puede definir el voto de aquel ciudadano más o menos influenciable.

En México este escenario ha estado presente en muchos procesos electorales. El presidente Salinas de Gortari hizo gala de la manipulación presupuestal en 1991 al poner en operación múltiples programas sociales que produjeron, a la postre, un rotundo triunfo del PRI. La victoria priista en ese año fue considerada por el salinismo como un referéndum positivo a propósito del desaseado proceso que tres años antes lo había llevado a Los Pinos.

Un manejo similar se registró en 1994 cuando el delfín de Salinas, el gris e incombustible Ernesto Zedillo, ganó por un margen superior al previsto en todas las proyecciones. Nadie duda que el derroche presupuestal en los meses y días previos fue un factor determinante en la recuperación tricolor, como el propio Zedillo reconoció tiempo después al sostener que la elección fue democrática pero inequitativa.

La reforma de 1996 y los cambios posteriores al código electoral afectaron sensiblemente el sesgo partidista con que se ejercía el gasto público. Actualmente la ley impide que se aplique desde varios meses antes de la votación. No obstante, prevalece una tendencia a replicar el ciclo político de la economía, aunque ahora por vías menos ortodoxas como la de aprobar partidas en forma anticipada y ejercerlas sin publicidad excesiva, pero cuidando orientarlas al beneficio de sectores concretos de la ciudadanía.

Si aceptamos como inevitable el ciclo político de la economía, en particular el asociado al incremento del gasto público, no deja de sorprender el anuncio del Gobierno federal de recortar preventivamente el presupuesto en una cantidad considerable: 124 mil millones de pesos. Este monto representa el 0.07 del PIB y alrededor de 2.2 por ciento del presupuesto aprobado por el Congreso para 2015. La medida iría contra la lógica del ciclo político del gasto, lo que genera la obvia suspicacia de que no se cumplirá. Se antoja pensar que no se concretará al menos en el corto plazo y que el anuncio del recorte tenía otro propósito: fortalecer la confianza en torno al manejo prudente de la política económica en un momento en el que las finanzas de la federación experimentan fuertes tensiones, fruto del derrumbe del ingreso petrolero. También es factible presumir que el ajuste, en todo caso, se materialice una vez desahogado el calendario electoral, eludiendo así el daño político que pudiera acarrear el recorte presupuestal.

Independientemente de la vía que el Gobierno federal tome para cumplir con el ajuste, llama poderosamente la atención que lo haya anunciado, pues, como se ha dicho, va contra la lógica sugerida del ciclo político de la economía. Como dicen los abogados, aceptando sin conceder que el recorte efectivamente se concrete más temprano o más tarde, entonces estamos frente a funcionarios que actúan de manera distinta a los políticos priistas del pasado. Recordemos que la crisis de 1994-1995 tuvo mucho que ver, al menos en cuanto a su profundidad, con el escaso profesionalismo que exhibieron los servidores en el manejo de los instrumentos fiscales, monetarios y cambiarios durante todo 1994.

¿Será que la pedagogía que dejó aquella crisis fue asimilada? Ojalá fuera así, pues lo otro, es de suponer, se trata de una expresión más de la simulación que distingue a la clase política.

*Doctor en Economía. Profesor-investigador de El Colegio de Sonora.