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Sol y Luna en los patios del Colson.

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Cómo evaluar un gobierno

Nicolás Pineda*

Las campañas electorales son tiempos propicios para la evaluación de los gobiernos y su desempeño. Unos candidatos tratan de presumir lo que han hecho en sus puestos anteriores, mientras que sus oponentes enfatizarán sus deficiencias y errores. El juicio final le toca al elector al emitir su voto. La cuestión es entonces cómo evaluar a los gobiernos municipales, estatales o federales que nos toca vivir o padecer. Aquí presento de manera muy resumida un breve esquema que plantea Francis Fukuyama, uno de los más grandes politólogos de la actualidad.

Qué es buen gobierno: la teoría del agente y principal
Buen gobierno o gobierno de calidad es sencillamente el gobierno capaz de cumplir las leyes y de prestar los servicios que tiene encomendados. Este enfoque implica que el gobierno en general no tiene por sí mismo fines u objetivos predeterminados o iguales en todos los casos sino que éstos se definen o concretan para cada gobierno en particular, de acuerdo a la relación que tiene con la sociedad y la ciudadanía.

Este enfoque se basa en el modelo de la gestión pública denominado “Teoría del agente-principal”. Según este modelo, un patrón o dueño llamado principal le encarga a otra persona, a quien se denomina agente, que se encargue de un asunto o negocio que no puede atender personalmente. En el caso de los gobiernos, el principal es la ciudadanía y el agente es el gobernante. El meollo del asunto es cómo asegurar que el agente lleve a cabo las tareas encargadas y cumpla la voluntad del principal.

Un problema central en la relación entre el principal y el agente es la “asimetría de la información”. Después de un tiempo, el agente se familiariza con el puesto y conoce más de la materia que el mismo dueño. Por otro lado, al patrón se le dificulta determinar qué tanto cumple realmente con su cometido. No hay forma confiable de saber o resolver este problema a bajo costo; todas las soluciones implican la inversión de dinero y de tiempo.

El problema crece cuando el agente desarrolla sus propios intereses y su propia agenda independiente de la que la asignó el patrón o principal. En este caso se desarrolla lo que se denomina “oportunismo” y que conocemos de manera más coloquial como corrupción. En este caso el agente utilizará el puesto público para obtener beneficios personales, a costa del desempeño público.

Cuatro modos de control
Para tratar de resolver este problema, Fukuyama identifica cuatro maneras de controlar o medir el desempeño de los gobiernos. El primero es el control de los procedimientos. Se trata de evaluar el cumplimiento de las normas establecidas. Es lo mínimo que se espera de un agente y eso es precisamente lo que juran los gobernantes al tomar posesión de sus cargos. La pregunta aquí es entonces

¿Qué tan legal y dentro del Estado de derecho es la gestión?
Una segunda modalidad es evaluar la capacidad institucional de los gobiernos. Ésta se refiere principalmente a la manera cómo se manejan los recursos y al nivel de competencia técnica que desarrollan sus colaboradores. Se trata principalmente del manejo eficiente del presupuesto y de designar a funcionarios calificados para cada función que se les encarga. El punto es hacer más con menos y designar los puestos con base en competencias y no tanto en base a lealtades personales. Aquí preguntamos ¿Qué tan buen uso se hizo de los recursos y qué tan competente es el equipo de trabajo?

Una tercera modalidad es la evaluación de resultados. En este caso se pone atención en los impactos que la gestión ha tenido en los problemas y asuntos que se atienden. El problema es que con frecuencia los resultados no dependen de los puestos o del gobierno en turno sino de factores diferentes. Otras veces son resultado de las acciones de gobiernos anteriores o se debe a tendencias de largo tiempo. Otro problema es la dificultad técnica de medir de manera objetiva los resultados alcanzados, sobre todo por la asimetría de la información. Pero además no se deben evaluar los resultados de manera independiente de los procedimientos o medios utilizados. Dicho de otro modo, no es aceptable alcanzar resultados de manera ilegal o al margen de las leyes. El ejemplo clásico es el de los nazis, que tuvieron muchos resultados, pero lo hacían al margen de los derechos humanos.

Por último, está la satisfación del ciudadano. Se trata de qué tan contento o satisfecho está el principal con la gestión que realiza el agente. En el sector público esta cuestión se remite a la satisfacción de los gobernados con el gobernante y a la evaluación que los ciudadanos manifiestan con sus votos. Aquí volvemos a quedar donde mismo, en el juicio subjetivo que cada elector hace sobre los gobiernos de acuerdo a su propia experiencia y evaluación personal. Las campañas son, entonces, el tiempo de evaluar a los gobiernos y de contratar agentes idóneos para el cargo.

*Profesor-investigador de El Colegio de Sonora. nicolas.pineda.p@gmail.com. Twitter: @npinedap