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La nueva Ley de Aguas: una iniciativa peligrosa

 

 José Luis Moreno*

 

A unos días de la celebración del Día Mundial del Agua, se generó un intenso debate público acerca del dictamen sobre la nueva Ley General de Aguas aprobado por las comisiones de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Presentado el 4 de marzo, tan sólo cinco días después, la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo decidió posponer “el tiempo que sea necesario” la discusión y votación en el pleno. La decisión —dijo— obedeció a la intención de abrir un espacio de participación ciudadana y de expertos “para que se aclaren las dudas”. En horas previas, se habían anunciado marchas y movilizaciones convocadas por distintas organizaciones para manifestar su rechazo a la iniciativa.

La lectura del dictamen elaborado por la CONAGUA permite observar que son dos los objetivos principales de la ley: regular los trasvases de agua entre cuencas y las modalidades de la participación del sector privado. El principio que permea todo el documento es garantizar el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico. Es decir, para garantizar este derecho la solución planteada son los trasvases y el sector privado.

En las consideraciones de la nueva ley no hay ninguna autocrítica al papel de la CONAGUA y la administración de los recursos hídricos que efectúa desde hace más de 25 años. Las causas de la situación hídrica “compleja y crítica”, dice el documento, son los “factores socioeconómicos y climatológicos” como las concentraciones urbanas y la sequía. Ninguna responsabilidad de la autoridad competente, ni de la cabeza del sector (la SEMARNAT).

Entre los peligros que contiene el citado dictamen está determinar como causas de “utilidad pública” a los trasvases (art. 8, IV), al igual que la solicitud del auxilio de “la fuerza pública” para hacer cumplir las determinaciones de las autoridades federales (art. 258). Sorprende que se insista en los trasvases, los cuales en el mismo texto son reconocidos como “medidas drásticas”. Así, estamos frente a una autoridad que expresa que no hay de otra. Por eso propone conferirse facultades discrecionales.

En el exceso, propone sancionar a quienes realicen obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación “sin contar con el permiso correspondiente” de la CONAGUA (art. 262, XXVI). Algunas de estas tareas son realizadas por miembros de la comunidad científica que han contribuido a generar conocimiento sobre la situación de los recursos hídricos en el país. Como sanción a esta conducta incluye un apartado de multas.

Otro exceso son dos atribuciones que se añade la CONAGUA, que ya advertíamos al analizar el caso del Acueducto Independencia en Sonora, invocar la importancia de los proyectos prioritarios, estratégicos y de seguridad nacional, y autorizar el trasvase de una cuenca a otra (art. 15, III y IV).

El capítulo específico de Trasvase, después de enlistar los criterios generales para ordenar y regular este tipo de obras, contiene un párrafo discrecional que indica que la CONAGUA “podrá emitir disposiciones e instrumentos jurídicos necesarios para cumplir con lo establecido en esta ley en materia de trasvases” (final del art. 117). Además, señala que los requisitos para la solicitud de un trasvase directo (que realizan los asignatarios o concesionarios) se establecerán en un “reglamento” (art. 119) que hasta la fecha no se conoce. Vale recordar aquí que la Ley, vigente desde 2004, opera sin reglamento a pesar de ser una carencia señalada en muchas ocasiones y que afecta la adecuada gestión de los recursos hídricos.

Una deficiencia del dictamen es que no tiene vinculación directa con los ordenamientos e instrumentos ambientales. Un ejemplo es el señalamiento de la conservación ecológica como una prioridad en la prelación de usos después del doméstico y público urbano (p.11), para luego reconocer al uso agrícola como prioritario después de estos dos últimos (p.12) y en la lista definitiva de prelación de usos (art. 87), omitir el concepto. Lo mismo ocurre con el caudal ecológico, el cual únicamente aparece en el glosario de términos (p. 20). Ambos conceptos aparecen en una lista de 20 principios de la política hídrica (art. 82, VIII), y al principio y final del artículo 87, de manera ambigua.

Un aspecto notable es la burla discursiva en torno a “asegurar el acceso al agua a pueblos y comunidades indígenas”, cuando la evidencia cotidiana muestra el despojo, persecución y encarcelamiento de sus líderes en varias regiones del país; “promover la participación ciudadana”, cuando iniciativas de ley propuestas por ciudadanos a la Cámara de Diputados fueron ignoradas, y sostener que los Consejos de Cuenca “no están subordinados a la CONAGUA”, cuando su operación, agenda y recursos financieros dependen directamente de ella.

No obstante, la mayor burla es señalar que esta nueva ley hará que se transite de un modelo de sobreexplotación de acuíferos, trasvases y contaminación del recurso, a uno de aprovechamiento óptimo del agua dentro de los límites de cuencas y acuíferos, lo que implica la restauración de cuerpos de agua y ecosistemas. O sea, que seguir por el mismo camino de la construcción de más infraestructura, trasvasando agua de una cuenca a otra,  se llegará por arte de magia a la sustentabilidad, la equidad y la seguridad hídricas, cuando se reconoce que ha sido lo contrario.

Otras opiniones sobre este proyecto de ley han sido vertidas por académicos de distintas disciplinas e instituciones, miembros de organizaciones sociales, no gubernamentales y partidos políticos, periodistas y artistas. Los temas que destacan son: tarifas, concesiones, contaminación, mínimos de dotación de agua y participación de particulares en el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica federal.

Bienvenida la sensata petición al Congreso de la Unión signada por los rectores de la UNAM, Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma Metropolitana, sobre la organización de un debate amplio, plural e incluyente en el que puedan intervenir todos los sectores del país. Hay que eliminar de la vida pública los madruguetes legislativos y las negociaciones en lo oscurito. Es mucho lo que está en juego.

* Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social.