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FOTO DE LA SEMANA: “El Novillo”

La imagen fue capturada por José Luis Moreno.

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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De las personas adultas mayores en Sonora

María de Jesús Zupo*

Desde 2007 existe en el estado de Sonora una ley que ampara los derechos de las personas adultas mayores y se promueven, a partir de entonces, iniciativas que buscan formar parte de una política integral de atención al envejecimiento, que proponen cambios importantes en los distintos sectores de la sociedad para fortalecer el pleno ejercicio de los derechos de este segmento de la población.
Hay iniciativas interesantes como las que promueven el empleo, pensiones alimenticias o la activación física, propuestas tanto por dependencias de gobierno como por organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil; sin duda todas valiosas y que vienen a integrar poco a poco esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de vida de nuestros padres y abuelos, madres y abuelas.

Sin embargo, hay deudas importantes que aún no han sido cubiertas en la instrumentación de una ley que parecería acabada. No han podido operar figuras establecidas en la ley que, si no funcionan, dejan sin efecto lo que la letra dice.

Una de esas figuras es el Consejo Estatal de los Adultos Mayores, que se integró en octubre de 2010 con personas cercanas a la problemática, pero que no ha regularizado su funcionamiento por cuestiones que escapan quizá a la voluntad individual, y que responden más a un desdén de las autoridades que presiden el consejo.

Igualmente, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, que se integra en 2014 a la Ley de Adultos Mayores del Estado de Sonora, una vez aprobada la iniciativa de creación en 2013, y a la cual se le ha asignado presupuesto, no ha podido operar pues se ha retardado el nombramiento del titular. Esta instancia tendría como función principal la de atender a las personas adultas mayores en situación de riesgo y desamparo, así como velar por el respeto a sus derechos, utilizando para ello los recursos legales correspondientes y personal especializado en atender las necesidades específicas de esta población.

En otras entidades como Colima, Nuevo León y en el Distrito Federal, ya existen estas figuras que atienden de manera especializada los delitos cometidos en perjuicio de adultos mayores. En Sonora, a dos años de aprobada la iniciativa aún no opera y la atención a las demandas específicas se sigue canalizando a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del sistema estatal de Desarrollo Integral de la Familia.

En Sonora, el diez por ciento de la población tiene cumplidos más de sesenta años de edad, y las proyecciones indican que este porcentaje puede duplicarse en los próximos veinte años. Es necesario considerar que las necesidades no atendidas hoy alcanzarán una mayor complejidad cuando la población crezca y los problemas se multipliquen de manera exponencial.

La crisis en los sistemas de pensiones y de salud, así como los cambios en las dinámicas familiares y el reordenamiento socioeconómico en distintas regiones del estado, especialmente las áreas rurales del noreste y sur, sugieren que se agudizarán los problemas que ya aquejan a sus adultos mayores, quienes se quedan cada vez más solos y al desamparo de las instituciones del estado.

Los arreglos familiares se transforman y hay desapego respecto a las necesidades que tienen las personas adultas. No es patrimonio propio lo que no hemos hecho con nuestro esfuerzo y no es propio el ingreso que no generamos. Despojar a nuestra madre o a nuestro padre de aquello que les permita vivir de manera decorosa o, por lo menos, subsistir no es compatible con el respeto a sus derechos. Una instancia que vele por las personas despojadas y maltratadas es imprescindible para que una ley de protección a adultos mayores no se quede sólo en el papel.

*Asistente de coordinación de doctorado de El Colegio de Sonora.