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La imagen fue capturada por Gloria Ciria Valdéz-Gardea.

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Cumpliendo promesas

Alvaro Bracamonte Sierra*

En el mensaje del 13 de septiembre la gobernadora se comprometió, entre otras cosas, a que en 15 días se integraría una fiscalía anticorrupción que se encargaría de investigar los abusos cometidos por los funcionarios de la administración anterior.

Cumplió la primera parte, pues el lunes 28 anunció al responsable de tan delicada encomienda. Se trata de un joven abogado que a simple vista parece reunir el perfil profesional exigido para estos transcendentales asuntos. Pero tras su nombramiento surgieron dudas relacionadas con su independencia política y su capacidad para resolver los espantosos, pero aún sin comprobar, casos de corrupción denunciados mediáticamente. Se dice que son tan graves los asuntos a enfrentar que sólo un ciudadano con gran experiencia e intachable fama pública manejaría apropiadamente las presiones que seguramente surgirán al indagar por ejemplo a los familiares del exgobernador Padrés o al propio exmandatario.

El fiscal recién nombrado, quizá por su juventud, no alcanza a cubrir esa condición de probada experiencia y trayectoria, lo que eventualmente podría afectar conseguir los resultados que espera la gente y que de alguna forma dejó insinuados CPA en su toma de posesión. Tal dificultad aumenta por la manera en que fue seleccionado. Me explico: a pesar de que supuestamente o en apariencia no tiene compromisos partidarios, y menos con el PRI, se empieza a señalar que su designación no fue fruto de un proceso de auscultación transparente sino de una decisión tomada en lo más alto de la pirámide gubernamental. Incluso algunos adelantan que podría quedarle grande el compromiso al novel fiscal; al margen de estas especulaciones, ojala él pueda demostrar que su designación se explica más por otras virtudes que no son precisamente la experiencia y amplia trayectoria.

En ese terreno aparece en escena la propuesta panista: los legisladores azules anunciaron una iniciativa de ley que toca el combate a la corrupción. En ésta se contempla la integración de una comisión anticorrupción cuyos alcances trascenderían lo meramente presupuestal al considerarse otros asuntos como son los delitos electorales. Hay que estar atentos tanto al trabajo que desarrolle el fiscal anticorrupción como también a los debates que tengan lugar en el Congreso en torno a la propuesta presentada por los diputados de Acción Nacional.

Otra promesa de Claudia Pavlovich es la que comprometía a todos los funcionarios del círculo íntimo de colaboradores a hacer pública su declaración patrimonial, la de impuestos y la de potencial conflicto de interés. Se trata de la demanda formulada por Transparencia Mexicana y el IMCO en el marco de la campaña electoral, en el sentido de que todos los candidatos a un puesto de elección popular deberían hacer dichas declaraciones. “Tres de tres” fue el estribillo publicitario que, en el ámbito local, atendió la actual gobernadora; tres de tres responde a un reclamo muy sentido por la población, harta de la impunidad y la corrupción gubernamentales.

La declaración patrimonial es la que todo servidor está obligado a presentar ante la Contraloría estatal al ocupar un cargo público. Dado que existen múltiples formas de encubrir la acumulación de propiedades, entonces la declaración de impuestos es una buena vía para detectar otros ingresos no declarados en la declaración patrimonial. Por otra parte, con la declaración de potencial conflicto de interés, se transparentan las áreas en que podrían incurrir en complicidades los funcionarios en el ejercicio de su responsabilidad. Han pasado tres semanas desde que se anunció dicho compromiso y a la fecha no se sabe nada al respecto, o no se ha publicado nada que indique el cumplimiento de esa instrucción girada públicamente por la gobernadora. Si ya se hizo, valdría la pena saber cómo procedieron varios secretarios para salvar posibles conflictos de interés que a primera vista parecieran claros, como son los casos del secretario de Salud, el de Infraestructura y otros funcionarios menos visibles.

Estaremos atentos a la evolución de dicho compromiso que, de cumplirse cabalmente, podría colocar a esta administración en un lugar destacado en la historia de Sonora.

*Doctor en Economía. Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora