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La imagen fue capturada por Gloria Ciria Valdéz-Gardea.

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Expone problemática sobre tráfico y trata de personas

Un modelo de políticas públicas dirigidas a la plena y más amplia salvaguarda de las familias y sus integrantes, con protección legal desde una lógica de derechos humanos es lo que se requiere para un adecuado proceso de adopción, aseguró la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez.

La investigadora del Departamento de Desarrollo Social de la División de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara visitó El Colegio de Sonora para ofrecer una rueda de prensa e impartir un seminario sobre tráfico y trata de personas, el pasado 29 de septiembre de 2015.

“Se trata de promover políticas públicas integradas y transversales, orientadas a implementar nuevos modelos de desarrollo social que resuelvan los problemas económicos, sociales y culturales desencadenantes de la trata de personas, entre ellas las adopciones ilegales”, dijo.

En Sonora se dio a conocer el caso de lo que se denominó “venta de adopciones” por parte de autoridades del sistema de Desarrollo Integral de la Familia; sin embargo, menciona que el término acuñado por las autoridades y la prensa no es el correcto.

Añadió que, en términos jurídicos, lo adecuado para este caso es “trata de personas en la modalidad de adopciones ilegales”. Esto, de acuerdo con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

“La adopción ilegal implica el robo, desaparición y ocultamiento de la identidad de niños y niñas, muchas veces mediante partos clandestinos, violando los instrumentos jurídicos internacionales en materia de adopción. Un ejemplo es la compra de niños y niñas en zonas marginadas por parte de parejas (directamente o por medio de intermediarios) de alto nivel socioeconómico que no pueden concebir”, expresó.

Chávez Gutiérrez reiteró que con el delito de trata de personas se lesionan seis bienes jurídicos: vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad y libre desarrollo. La iniciativa identifica correctamente el bien jurídico protegido y así lo establece: el libre desarrollo de la personalidad.

Destacó que según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el año 2012 hubo 35 adopciones internacionales (16 niñas y 19 niños); en 2013 fueron 29 (17 niñas y 12 niños) y los principales países de destino de los menores fueron Italia, España y Estados Unidos. Los estados que presentaron mayor número de adopciones internacionales entre 2006 y 2014 fueron Jalisco 64, D.F. 36 y Guanajuato 26.

La sanción que enfrenta quien resulte responsable de este delito es de 5 a 15 años de prisión. Este es un tema que requiere ser atendido porque la ausencia de datos implica la posibilidad de tráfico o negocio con menores en el país y fuera de él.

“Se requiere orientar las políticas públicas en el tema de trata de personas, fortalecer la voluntad política para la erradicación en sus diversas modalidades, que se ayude a desarrollar programas sociales, educativos, legislativos, económicos, políticos y culturales para frenar la demanda de compra venta de personas, que propician las adopciones ilegales, y distintas modalidades de trata de personas”, finalizó.