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FOTO DE LA SEMANA: “París”

La imagen fue capturada por Liliana Iveth Salado Rodríguez.

Los invitamos a publicar fotografías de su agrado para esta sección semanal. Enviar fotos al correo: asanchez@colson.edu.mx

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¿Se declara culpable? La criminalización de la Operación Streamline

Henia Prado Hernández*

 

Es viernes 16 de octubre de 2015. En la sala de justicia 2A de la Corte de Distrito en Tucson, Arizona, comienza el juicio. Ante la jueza Jacqueline M. Rateau se encuentran 40 migrantes de origen mexicano quienes masivamente serán juzgados de manera expresa.

En menos de 90 minutos esos hombres y mujeres esposados y encadenados de manos y pies son declarados culpables. Su delito es haber ingresado a territorio de Estados Unidos de forma clandestina. Se les impone una condena de 30 a 180 días de encarcelamiento y posteriormente serán deportados a su país.

El procedimiento es parte de la Operación Streamline implementada en 2005 por el Departamento de Seguridad Nacional (DNS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia durante la administración del presidente George W. Bush, y su objetivo es desincentivar de manera agresiva la entrada de migrantes indocumentados.

Aunque la iniciativa comenzó en el sector Del Río, en Texas, se ha ido expandiendo a gran parte de la frontera.

Si un migrante no autorizado es detectado en un área donde se aplica Streamline —aunque sea la primera vez que cruza— se le acusará de violaciones penales a la ley federal, por lo cual deberá enfrentar acusaciones por “entrada ilegal” o como “re-entrada ilegal”[1] si ha sido deportado previamente. Se le someterá a un juicio (que viola el debido proceso y múltiples derechos humanos) y será sujeto potencial de recibir una condena de hasta 180 días de cárcel para luego ser deportado.

En los sectores donde no se aplica este programa los migrantes tienen “salida voluntaria” si no son reincidentes.

Se estima que en esta estrategia, que criminaliza a los migrantes por considerar el cruce o estancia indocumentada como violación a la ley penal, el gobierno federal gastó 5.5 billones de dólares de 2005 a 2011 para encarcelar indocumentados, según cifras oficiales retomadas por la organización Grassroots Leadership.[2]

Además del exorbitante costo económico que representa para la federación, el lado más duro y violento de esta política migratoria es la agresión física, psicológica, emocional y financiera que se ejerce sobre los migrantes enjuiciados y que repercute directamente en sus familias. Al mismo tiempo es un mensaje de rechazo y criminalización al resto de la población migrante e incluso a aquellos que en sus países de origen pretenden realizar un viaje indocumentado.

A las 13:30 inicia la sesión. Aunque el acto es público, la mayoría de los juicios se llevan a cabo sin observadores. No existe mucha difusión al respecto y quien desee presenciarlo debe ingresar al Tribunal Federal de Distrito en el 405 de W. Congress Street, mostrar a los guardias de seguridad una identificación oficial, pasar sus pertenencias por máquinas detectoras; quitarse el calzado; colocarse bajo el arco de rayos X y, finalmente, ser inspeccionado por un oficial que usa un escáner manual. Está prohibido usar celulares y tomar fotografías.

Ese viernes se autorizó el acceso a siete observadores, cuatro de ellos familiares y conocidos de uno de los acusados. Al ingresar a la sala inmediatamente se aprecian las espaldas de 39 indocumentados —31 hombres y 8 mujeres—. Están sentados de cara a la jueza, lucen ropa en tonos oscuros o con estampados tipo camuflaje. Todos tienen una diadema donde escuchan la traducción simultánea de las palabras que la jueza pronuncia en inglés.

El nerviosismo y ansiedad de los acusados se percibe. Chocan sus dos rodillas entre sí con movimientos discretos pero rápidos, cambian de posición en el asiento constantemente y dan círculos con los pulgares de las manos, los movimientos se delatan debido a que las cadenas que tienen atadas a los tobillos y muñecas generan sonido. Se miran unos a otros, observan repetidamente los detalles de la sala y a veces cierran los ojos y voltean hacia el techo.

Los abogados de oficio van llegando poco a poco.[3] Los hombres —que son la mayoría— lucen trajes impecables, corte elegante, zapatos lustrados, portafolio. Damas son sólo dos,  una usa pantalón y su vestir es sobrio, otra luce vestido arriba de la rodilla, zapatillas de tacón alto, pulsera, cadena discreta en el cuello, uñas decoradas, maquillaje marcado y no suelta el celular. Los litigantes se desplazan en la sala llevando hojas de papel en su manos.

La sesión inicia y la jueza les explica las acusaciones: una felonía (delito mayor) y un cargo menor. En caso de que se declaren culpables, automáticamente se les “borra” el delito mayor y permanece el cargo menor por el cual deberán pagar una multa de 5 mil dólares y pasar de 30 hasta 180 días de prisión, sin embargo, el Estado se porta “benevolente” y también les condona la multa.

No obstante, al reconocerse culpables queda registrado el historial criminal y si vuelven a intentar un cruce indocumentado y son detectados pueden recibir una condena de hasta dos años de cárcel y posteriormente ser deportados a su país. El récord criminal les quita toda posibilidad de lograr un estatus legal en Estados Unidos en el futuro.

De defender su inocencia serán sometidos a un juicio que puede durar varios meses, tiempo en que ellos permanecerán encerrados, esto aunado al pago de su propio abogado durante dicho proceso. Esta explicación que efectúa la jueza es prácticamente una repetición de lo que ellos escucharon horas antes del juicio en voz de los abogados de oficio quienes más allá de cumplir una labor de defensoría, se encargan de motivar al migrante a que firme un documento  o “acuerdo” aceptando la culpabilidad y lo aleccionan en las respuestas ante la jueza. Se les convence diciendo que así estarán poco tiempo en la cárcel y que es lo más fácil.

Las comparecencias se hacen en bloques de 7 u 8 migrantes. Empieza el llamado del primer bloque. La jueza menciona a cada uno por sus apellidos para que pase al estrado “Míster Navarro Cardona, Míster Navarrete Morales, Miss Pérez Torres” entonces los migrantes se levantan del asiento, caminan a pasos lentos y cortos debido a que las cadenas les impiden andar de forma natural, se colocan en orden ante uno de cuatro micrófonos y atrás de ellos se ponen de pie los abogados.

Toda la maniobra es controlada por los guardias de la corte quienes dan órdenes a los migrantes para que se acomoden y se recorran en las sillas desocupadas conforme vayan siendo juzgados.

Jueza: “¿Señor Navarro Cardona entiende los cargos en su contra, la pena por esos cargos y las consecuencias de declararse culpable?”

Acusado: “Sí”.

El resto de las preguntas que realiza la jueza versan sobre lo mismo: que si entienden los derechos a los que renuncian mediante el acuerdo al que llegaron; que si les obligaron a tomar la decisión o declararse culpables; luego les remarcan que no son ciudadanos de Estados Unidos y que se introdujeron en una fecha y lugar determinados sin ser inspeccionados por la autoridad. Concluye con una pregunta que parecería redundante.

Jueza: “¿Se declara culpable porque es culpable?”.

Acusado: “Sí”.

La única que habla y articula frases completas es la jueza, los migrantes sólo responden en monosílabos “sí” o “culpable”. El sistema no da pie a cuestionamientos ni otras posibilidades de respuesta.

En uno de los casos el migrante no responde. En ese instante todo se paraliza y la sala  queda en silencio absoluto entonces la jueza vuelve a preguntar “¿cómo se declara del cargo de entrar a los Estados Unidos de manera indocumentada?”.

El silencio continúa y la presión se siente en la sala. Todos están atentos. La jueza, los abogados, el resto de los migrantes, el intérprete, los guardias de la corte, los espectadores, en total unas 60 personas fijan la vista en aquel migrante que no respondió. Pareciera que los segundos se alargan.

El silencio se rompe cuando el  hombre dice: “no entiendo”. La jueza en tono de fastidio pregunta que si no entiende o no le explicaron el acuerdo y vuelve a hacer la pregunta sin agregar elementos explicativos para mejorar la comprensión. El migrante entonces —nuevamente bajo situación de presión— no sabe qué decir y termina por emitir un “culpable”.

Apenas termina de pronunciar la palabra y la jueza ya está haciendo el mismo cuestionamiento al siguiente acusado. El proceso es repetitivo con cada uno de los 39 migrantes.

Al final de cada bloque vienen las sentencias: 30, 60, 90 o 180 días según en caso particular de los acusados. La jueza pregunta a los abogados si hay alguna razón por la que no puedan aceptar esa sentencia, ellos generalmente responden no. Enseguida da oportunidad a los acusados de escucharlos por última vez. El silencio se impone nuevamente. Nadie se anima hablar ni emite frases, así que el caso se cierra y continúa bloque siguiente.

El proceso es repetitivo y mecánico. Una y otra vez se escuchan las mismas palabras de la jueza. De manera que cuando toca que el último migrante sea juzgado, él ya ha oído en cinco ocasiones todos los cuestionamientos y sentido la presión que se ejerce hacia los acusados.

Una vez juzgados, los migrantes comienzan a caminar en fila hacia la derecha donde está la salida. La maniobra nuevamente se vuelve lenta a causa de las cadenas. Mujeres y hombres se observan desconcertados, tristes, agotados, algunos incluso tienen ojos vidriosos. Las dudas que no expresaron ante la jueza se las hacen a los abogados mientras caminan, éstos les responden brevemente o se limitan a decirles “good luck”. Algunos litigantes dan una ligera palmada a los migrantes, pretendiéndolos tocar lo menos posible, otros ni siquiera los tocan.

Entonces la tanda de abogados que asesoró a ese grupo de 7 u 8 migrantes toma asiento y entran “en acción” otros colegas. Mientras toca nuevamente el turno para cumplir con su labor de “defensoría”, algunos abogados se salen de la sala, otros observan y unos más se entretienen con el celular, envían mensajes, miran Facebook, checan sus fotografías y contactos.

En esa ocasión los migrantes juzgados habían sido capturados entre los días 14 y 15 de octubre, es decir, dos días antes del juicio. Su detención fue en los lugares desérticos de Douglas, Lukville, Nogales y Sásabe, de manera que lucen despeinados, cansados, sin bañarse, su ropa (pantalones de mezclilla, tenis, sudaderas, playeras) está sucia, a veces rota. En general, su aspecto revela la dificultad de la travesía. Algunos cojean. Olor a sudor se percibe en la sala.

Desde el banco de los observadores se ve a los migrantes salir. Sólo nos separan 1 o 2 metros de distancia. Los indocumentados son hombres y mujeres entre 20 y 50 años, pocos rebasan apenas la mayoría de edad o son adultos mayores. Su tez es morena, cabello oscuro y piel rugosa que puede estar deteriorada por el sol o por trabajos duros como los del campo o la construcción. Ciertos rostros develan rasgos indígenas. Sus apellidos, según pronuncia la jueza son: Navarro, Pérez, Flores, González, Soto, Uribe, Chávez, Cuatlacuatl, Liborio, Cuautle… entre otros.

En su paso hacia la salida —custodiados por agentes de la corte y de inmigración— los sentenciados devuelven la diadema que se les prestó para escuchar la traducción simultánea del inglés al español. Uno de los empleados de la corte, que usa guantes de látex, recoge los aparatos y ante los presentes los limpia con toallitas desinfectantes.

Cuando el último grupo se encuentra en el estrado el abogado del migrante Jesús Magallanes-Ceceña pide la palabra y refiere a la jueza que la familia del acusado se encuentra en la parte posterior de la sala y que hace la petición de hablar con la impartidora de justicia. Una vez que todos los migrantes son juzgados la magistrada pide que los tres hijos, el vecino del acusado y una defensora de derechos humanos que los acompaña, pasen al estrado.

El hijo mayor de aproximadamente 15 años —quien ya radica en Estados Unidos y habla un perfecto inglés— expresa ante la jueza que sabía que su padre estaba pronto a cruzar la frontera de manera indocumentada para visitarlos, por lo cual, tenía miedo de que algo malo pudiera pasarle y una vez que había sido capturado le pedía que lo dejara estar en el país.

La magistrada señala que eso no es posible y que tiene que buscar un abogado especial en materia de migración y eso requiere otro tipo de procedimientos, por lo pronto, permanecerá encerrado. El adolescente pide autorización para hablar con su padre, la jueza acepta con la condición que se haga frente a ella en ese mismo instante.

En el momento en que el adolescente por inercia se acerca a su padre y lo abraza, un agente de la corte —que vigila junto con otros tres, cada detalle del juicio— se aproxima rápidamente al migrante y a su hijo y de manera enérgica ordena que se separen.

El policía pide al adolescente que le muestre las manos abiertas con las palmas hacia arriba. Un procedimiento que se hace “por seguridad” para verificar que no porten armas o evitar que le pasen algún artículo al sentenciado. Esta maniobra se repite con el hijo de unos 8 años, con la hermana más pequeña de unos 5 años, con el vecino y con la defensora de derechos humanos.

Los niños no pudieron hablar en privado con su padre, sólo pronunciaron unas pocas palabras y después el acusado fue sacado de la sala. El adolescente queda llorando.

Aunque la mayoría de los juicios son monótonos y predecibles porque los migrantes responden de acuerdo a como fueron instruidos, se presentan casos especiales que rompen el guión de la sesión y ponen a prueba la paciencia y sensibilidad de la magistrada.

Como un hombre, quien a pesar de la traducción en español, no entendía lo que la jueza decía, al final se conoció que no hablaba español, pues su idioma natal era el mixteco.

Otra situación fue la de un hombre que con voz quebrada y lágrimas pidió a la jueza que en lugar de ir a la cárcel lo deportara inmediatamente pues había cruzado la frontera acompañado de sus dos hijos menores de edad, pero que al ser capturado por la patrulla fronteriza los niños quedaron bajo custodia del “coyote”, por tanto, no sabía dónde estaban.

La jueza entonces ordenó que lo deportaran de forma rápida por el sitio donde había cruzado y lo amonestó diciendo que estaba exponiendo a sus hijos gravemente y que no volviera a  cruzar.

Una situación particular también fue la de un joven salvadoreño que era juzgado entre mexicanos. El hombre puso de manifiesto su verdadera nacionalidad ante la jueza y fue canalizado para que hablara con el consulado correspondiente. También existen aquellos casos en los que dos acusados son familiares o conocidos y piden a los jueces ser deportados juntos.

Ese día antes de que la jueza concluyera el juicio con el caso especial de Magallanes-Ceceña y su familia, la mayoría de los abogados y empleados de la corte que participaron en la comparescencia habían abandonado el lugar para continuar sus actividades.

Eran las 14:55 horas, el futuro, aspiraciones y anhelos de 40 personas estaba decidido, la sala lucía vacía, preparada para sesión del día siguiente.

*Asistente de investigación en El Colegio de Sonora.



[1] Fact Sheet: Operation Streamline. No more deaths. March 2012. http://forms.nomoredeaths.org/wp-content/uploads/2014/10/nmd_fact_sheet_operation_streamline.pdf

[2] http://grassrootsleadership.org/sites/default/files/uploads/GRL_Sept2012_Report-final.pdf

[3] Integrantes de organizaciones de defensa de derechos humanos critican que los abogados perciben un salario de 120 dólares por hora por prácticamente no hacer “nada” durante el juicio.