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FOTO DE LA SEMANA: “Atardecer en Tula”

La imagen fue capturada por Janeth Schwarzbeck.

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Amplia protección a los derechos de los menores evita problemas en el proceso de adopción

Un modelo de políticas públicas dirigidas a la plena y más amplia protección de las familias y sus integrantes con protección legal desde una lógica de derechos humanos, es lo que se requiere para un adecuado proceso de adopción, aseguró la doctora María Antonia Chávez Gutiérrez.

La investigadora del Departamento de Desarrollo Social de la División de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara, agregó que se trata de promover políticas públicas integradas y transversales orientadas a desarrollar nuevos modelos de desarrollo social que resuelvan los problemas económicos, sociales y culturales desencadenantes de la trata de personas, entre ellas de las adopciones ilegales.

En Sonora, hace algunos meses se dio a conocer el caso de lo que se denominó “venta de adopciones” por parte de autoridades del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, sin embargo, menciona que el término acuñado por autoridades y la prensa no ha sido hasta este momento el correcto.

Añadió que en términos jurídicos lo adecuado para este caso es Trata de Personas en la modalidad de adopciones ilegales, esto de acuerdo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.

“La adopción ilegal implica el robo, desaparición y ocultamiento de la identidad de niños y niñas, muchas veces mediante partos clandestinos, violando los instrumentos jurídicos internacionales en materia de adopción. Un ejemplo es la compra de niños y niñas en zonas marginadas por parte de parejas (directamente o por medio de intermediarios) de alto nivel socioeconómico que no pueden concebir”, expresó.

Chávez Gutiérrez reiteró que para cometer este delito de trata de personas se deben lesionar seis bienes jurídicos: vida, dignidad, libertad, integridad, seguridad y libre desarrollo; la iniciativa identifica correctamente el bien jurídico protegido y así lo establece: el libre desarrollo de la personalidad.

Destacó que según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para el año 2012 se tuvieron 35 adopciones internacionales (16 niñas y 19 niños); en 2013 fueron 29 (17 niñas y 12 niños) y los principales países de destino de los menores fueron Italia, España y Estados Unidos. Los estados que presentan mayor número de adopciones internacionales entre 2006 y 2014 fueron Jalisco 64, DF 36 y Guanajuato 26.

La sanción que pudiera enfrentar quien resulte responsable de este delito es de 5 a 15 años de prisión. Este es un tema que requiere ser atendido porque la ausencia de datos implica la posibilidad de tráfico o negocio con menores en el país y fuera de él.

“Se requiere orientar las políticas públicas en el tema de Trata de Personas, fortalecer la voluntad política para la erradicación en sus diversas modalidades que ayuden a desarrollar programas sociales, educativos, legislativos, económicos, políticos y culturales para frenar la demanda de compra venta de personas que propicia las de adopciones ilegales y distintas modalidades de Trata de Personas”, finalizó.