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Participación de Norma de León en Coloquio de Historia.

Gratificaciones por cabelleras, saca y pena de muerte. Premios y castigos a la población en materia de combate a los apaches. Sonora, 1830-1850

Norma De León Figueroa*

Los atapascanos son diversos grupos nómadas unidos por elementos lingüísticos y culturales comunes. Fueron genéricamente conocidos como apaches durante la etapa que nos ocupa. Una de sus características distintivas es su fraccionamiento: una división inicial los segmenta en dos grandes ramas, seguidas por siete grupos, que a su vez se segmentan en bandas (Jacoby 2008 145-146). Los más cercanos a los sonorenses fueron los apaches del oeste, y entre estos, los Chiricahuas, que regularmente habitaban en las montañas entre Sonora y Chihuahua, donde se refugiaban y desde donde también se desplegaban sobre las poblaciones sonorenses.

Su movilidad en un amplio territorio considerado como propio, obviando las fronteras establecidas por blancos y mestizos, su fraccionamiento y sus excepcionales dotes como guerreros fueron algunas de las características que convirtieron a los apaches en un enemigo difícil de controlar y casi imposible de vencer. Durante la época de la Colonia y posteriormente del México independiente, incursionaron en lo que hoy es Sonora y otros estados del norte mexicano con el propósito principal de obtener ganado (para consumo e intercambio) y cautivos; sin embargo, estos no fueron los únicos motivos, la venganza, la iniciación de nuevos guerreros y otros elementos (incluso el hastío) también explican sus ataques a los poblados novohispanos y posteriormente mexicanos.

Cuando los asentamientos de población blanca, mestiza y de indios asimilados en el norte de la Nueva España se fueron acercando al territorio habitado por los apaches, se convirtieron en blanco de sus ataques, pues para los apaches era algo natural extender sus redadas para cazar y recolectar en la propiedad de los nuevos vecinos (Jacoby). Los enfrentamientos que esta situación ocasionó entre ambos grupos motivaron ataques por venganza y deseo de escarmentar a los poblados enemigos mediante la depredación.

La llegada de los españoles a territorio novohispano abrió un abanico de posibilidades para los apaches, pues asimilaron elementos de los recién llegados, como el caballo, la silla de montar y las armas de fuego que aumentaron su capacidad guerrera. De igual forma, con la introducción de la ganadería las poblaciones se convirtieron en surtidores de animales y cautivos para los apaches, que los precisaban para su consumo, para proveer los circuitos de intercambio e inyectar sangre nueva a las diversas bandas (por respeto al tabú del incesto).

Los apaches pronto se convirtieron en un serio problema para los españoles pues sus constantes ataques a ranchos, misiones, minas, pueblos y villas, provocaron cuantiosas muertes y pérdidas materiales (Spicer 1981, 238). Estos lugares fueron abandonados o reducidos a ruinas, no sólo en sitios apartados sino en los lugares más poblados de la provincia,

Los españoles desplegaron un amplio abanico de tácticas para hacerles frente: desde pactos transitorios con diversas bandas, alianzas con indígenas pimas y ópatas para combatirlos, deportación hacia el sur de apaches capturados, organización de expediciones punitivas a sus “aduares” o villorrios, erección de una línea de presidios, por mencionar algunas. Estas medidas funcionaron de manera parcial y las incursiones con sus desastrosas consecuencias continuaron.

Eventualmente, los españoles se percataron de que dónde la confrontación directa y las tácticas defensivas parecían inútiles, la negociación podía funcionar. Por iniciativa de Bernardo de Gálvez se pactó con bandas de atapascanos para que se establecieran alrededor de los presidios de manera pacífica, a cambio de lo cual el gobierno novohispano se haría cargo de su manutención. Se crearon así los llamados “establecimientos de paz”, donde los apaches se familiarizaron con productos europeos como telas, alcohol, tabaco, municiones, entre otros (Jacoby 2008, 161). Esto no significo el fin de las incursiones, que se llevaron a cabo en menor escala, dando un breve respiro a la provincia.

Con la llegada de la independencia, las instituciones españolas como los presidios empezaron a decaer y fueron abandonadas. Las raciones dejaron de entregarse en los establecimientos de paz y las incursiones se reanudaron alcanzando proporciones épicas en los años siguientes debido a la falta de control de los mexicanos sobre la zona fronteriza y en general por la inestabilidad que se presentaba en la nación mexicana.

En sus Noticias estadísticas del estado de Sonora, Ignacio Zúñiga relata que entre 1820 y1835 al menos cinco mil personas habían muerto a manos de los apaches y que algunos asentamientos a lo largo de la frontera norte estaban siendo abandonados por miedo a sus ataques o debido a las muertes que éstos causaban. La falta de control sobre la frontera, las luchas entre facciones políticas, la formación de circuitos de intercambio para lo robado en México, la amenaza latente del expansionismo norteamericano y una carencia crónica de brazos y armas fueron factores que contribuyeron a agravar el conflicto con los apaches en el estado durante las décadas que siguieron a la independencia.

Mientras centralistas y federalistas luchaban por el control político en la entidad, el incremento en intensidad y número de incursiones era innegable. En el año de 1833 los ataques se extendieron hasta los valles de Ures y Hermosillo (Almada 2010, 122; Spicer 1981, 240). Los apaches estaban bien armados (gracias a los circuitos de intercambio con comerciantes estadunidenses) y hacían uso de rutas bien conocidas para adentrarse en el estado y huir de forma rápida y segura. La situación era tal que solo en 1833 los apaches mataron a más de doscientas personas (Worcester 1979, 36).

Las invasiones de los bárbaros se multiplicaron, lo mismo que las depredaciones, robos y asesinatos; la mayoría de las haciendas y ranchos de la región septentrional quedaron abandonados (Almada 1990, 60). El gobierno de la entidad, encabezado por Ignacio de Bustamante describía la situación en los siguientes términos: “estamos inundados de apaches que talan, destruyen y aniquilan sin hallar quienes les hagan resistencia…” 1 haciendo alusión tanto a los constantes ataques y sus consecuencias, como a la escasez crónica de hombres y recursos para combatir a los atapascanos.

Como la defensa de las poblaciones fronterizas era una tarea superior a sus fuerzas, el gobierno sonorense buscó incentivar a la población a combatir a los apaches mediante el ofrecimiento de diversos estímulos, sobresaliendo en esta década dos de ellos, la “saca” y las gratificaciones por cabelleras.

La saca fue una práctica retributiva que consistió en “distribuir como recompensa una parte del ganado arrebatado a los apaches entre los miembros de las partidas que los perseguían y conseguían represar parte o la totalidad del botín” (Almada 2014, 575-576). Cabe señalar que estas recompensas eran pagadas por los propios dueños de los animales robados. La normatividad al respecto (1835) “concedía a los vecindarios de los pueblos fronterizos el derecho de cobrar la saca por las bestias que de tránsito quitaran a los apaches que las condujeran robadas de los ranchos del interior…A los jueces de paz y ayuntamientos tocaría evitar cualquier fraude sobre los bienes represados, con cuyo fin no p ermitirán que se entregara la saca, sino después de bien justificada y probada la realidad del hecho”.2

Este tipo de alicientes tenían como propósito excitar a la población a combatir a los apaches, recompensando las fatigas y peligros a que quedaban expuestos durante esta faena, a la vez que significaban un ingreso complementario para la economía familiar, ya que al salir en persecución de los apaches los hombres abandonaban temporalmente las actividades que les proveían el sustento. Al respecto declaraba el gobierno del estado: “los pueblos se hallan sumamente fatigados con el continuo servicio que se les exige; ellos hacen la campaña3 sin retribución pecuniaria, ellos salen a continuas cortadas4 sobre el enemigo dejando en un absoluto abandono sus familias, hogares e intereses…”. Esta exposición tenía como objetivo solicitar al gobierno central apoyo económico para financiar las campañas contra los apaches, estableciendo que eran los vecinos quienes empuñaban las armas, dejando sus ocupaciones, sin recibir a cambio algo más allá de la saca, en el caso de que la persecución resultara exitosa.

En este contexto de peligro y carencias, la intención manifiesta del gobierno sonorense era llevar a cabo una guerra contra el enemigo apache, sin embargo, carecía de los recursos para emprenderla como tal. Las acciones armadas eran básicamente de corte defensivo, pues no existía la capacidad para emprender una efectiva ofensiva y apelaba a la cooperación de los vecinos en los siguientes términos: “siendo los apaches enemigos comunes de estado, todos los pueblos están facultados para perseguirlos como a fieras sanguinarias que cruelmente lo devoran (…) las autoridades de cada pueblo deberán mantener un depósito de bastimento para las partidas de vecinos que salieran a efectuar las cortadas cada quince días. Los servicios patrióticos que presten los jefes, ciudadanos y oficiales para castigar y perseguir al insolente apache, serán premiados en lo posible, así como castigada la deshonrosa deserción y la apatía conforme a la ordenanza y leyes vigentes”. Los desertores en alguna salida serían tenidos presentes para la salida siguiente, si por segunda vez desertaran se pondrían a disposición del juez local respectivo quien iniciaría las diligencias que procedieran, turnando a continuación al reo al juez de primera instancia.5

El decreto también establecía que habiéndose declarado la guerra al bárbaro apache como común enemigo de la sociedad del estado, cualquier persona que directa o indirectamente favoreciera las incursiones sería considerada como enemiga y juzgada de acuerdo a las leyes, el ganado orejano represado se vendería en pública subasta y las ganancias se invertirían en parque, pues el erario estatal difícilmente podía costearlo. Este decreto se publicaría en día festivo y posteriormente, en junta general de los habitantes vecinos e indígenas de los pueblos, se organizarían las acciones a emprender contra los apaches.

Estas medidas tenían como objetivo ofrecer una rápida respuesta a los ataques apaches y de esta manera “que el enemigo observe que se le persigue sin demora para castigarlo o evitar las depredaciones de su astucia”,6  y que no fuese la poca capacidad de respuesta un aliciente para los atacantes.

 En septiembre de 1835, el gobierno estatal, que continuamente manifestaba la necesidad de exterminar a los apaches, implementó las gratificaciones por cabelleras como una táctica para alcanzar dicho objetivo. Inicialmente se ofrecieron cien pesos por cabellera de varón mayor de catorce años; las mujeres y niños serían tomados prisioneros y deportados al sur o colocados como sirvientes entre las familias de la entidad (Smith 1964, 5; Vandervort 2006, 196). A este decreto del ejecutivo sonorense le siguieron medidas similares en otros estados norteños que también sufrían los continuos ataques de los nómadas.

La toma de cabelleras era una costumbre precolombina derivada del acto de tomar partes del cuerpo del enemigo vencido en batalla a manera de trofeos. Fue, según algunos estudiosos, una evolución del acto de tomar cabezas. Los europeos, criollos, mestizos e indios aliados contribuyeron a propagar esta práctica, pero desprovista de su significado original. Estas recompensas pagadas por el gobierno sonorense que iniciaron en la décadade 1830, permanecieron vigentes y aumentaron en las  décadas posteriores, pagándose hasta $300 durante el mandato de Ignacio Pesqueira. Efectivamente, esta medida encontró eco en la población, pero no en la medida en que hubiese deseado el gobierno del estado.7

Esta política dio lugar a verdaderas masacres de parte de las bandas de mercenarios dedicados a la caza de cabelleras en convenio con los estados norteños, que desataron espirales de violencia y venganza entre apaches y mexicanos, contribuyendo más que a solucionar el conflicto, a intensificarlo, pues los atapascanos no se amedrentaban con estas medidas, por el contrario, se enardecían. Las autoridades lamentaban el drama cotidiano que vivían los pobladores y los llamaban a “hacer un heroico esfuerzo por salir del estado de abyección y abatimiento en que se encontraban debido a las agresiones que el bárbaro apache perpetraba diariamente en sus vidas e intereses”.8

 La década de 1850 fue de gran actividad en cuanto a encuentros y desencuentros con los grupos apaches, intentos malogrados de pactar la paz, masacres de apaches de paz en Chihuahua perpetradas por los sonorenses, combates entre la guardia nacional sonorense y los Chiricahuas de Mangas Coloradas, incursiones excepcionales donde se reportan robos de casi mil caballos, 111 sonorenses muertos en el año de 1850  y 187 el año anterior a manos de los apaches (Sweeney 1998, 215).

 El siete de febrero de 1850 el gobierno del estado respondió a las incursiones de los bárbaros con un decreto que aumentaba las gratificaciones vigentes por cabelleras de cien a ciento cincuenta pesos; autorizaba la organización de guerrillas formadas por nacionales y extranjeros con el objetivo de perseguirlos; ofrecía recompensas por mujeres prisioneras y la posibilidad a los jefes de estas bandas, denominados “empresarios”, de conservar a los menores de catorce años (con el compromiso de educarlos en los principios sociales); los dueños de ganado represado pagarían una cuota según su especie; se establecía un fondo denominado “de guerra” para pagar las recompensas; se conformaría una junta (integrada por cuatro individuos de prestigio, nombrados por el gobernador) con el mismo nombre, encargada de recaudar los fondos, administrarlos y publicar los ingresos y egresos en la materia, para hacerlos del conocimiento público.9

En 1851, mientras las incursiones se habían intensificado a pesar de las medidas tomadas por el gobierno del estado, llegó a Sonora el coronel José María Carrasco (con el título de Comandante General e Inspector de las Colonias Militares). Enterado del estado que guardaba el conflicto apache en la entidad, optó, al igual que la mayoría de las autoridades sonorenses, por la guerra como política frente a los atapascanos e ideó un plan formal para hacer frente a las incursiones, que buscaba el exterminio del enemigo o su subyugación. Carrasco declaró una “guerra a muerte a los apaches” (Sweeney 1998, 217). Una de sus primeras acciones fue expedir un bando que señalaba lo siguiente: “para evitar en lo sucesivo el vergonzoso tráfico que con pretexto de paz y rescate de cautivos se hace con las tribus apaches, declaro: 1º. Guerra a muerte y sin cuartel a todas las tribus apaches, exceptuando solo a las mujeres de toda edad, a los varones de quince años para abajo y a los que a la publicación de este bando vivan de su trabajo y sujetos a las autoridades de los pueblos, haciendas y colonias. 2º. Todo soldado, colono o paisano que bajo cualquier pretexto tuviere trato o hablare con los individuos de esta tribu será juzgado como traidor y pasado por las armas. 3º. Cuando uno o muchos indios se presenten en paz en alguna de las colonias de la frontera deberán dejar diez rehenes y los jefes serán enviados a la comandancia general. Para resolverse se les dará cuatro horas de plazo, las cuales terminadas se romperá el fuego. 4º. Cuando en campo abierto antes o después del combate pidieran paz, no se les oirá y se les aplicará el artículo segundo (pasarlos por las armas). 5º. Todo lo que se les quitaré en campaña por los soldados o colonos será entregado sin rescate a sus dueños, y si alguna cosa se tomaré para el servicio será pagado según el avalúo que hagan tres peritos nombrados por los propietarios del lugar más inmediato” (Almada 1990,62).

Los cambios en el contexto fronterizo durante esta época a raíz del Tratado de Guadalupe Hidalgo y venta de la Mesilla, una mayor presencia de colonos estadunidenses en estos territorios y la participación de comerciantes en el circuito de intercambio de lo robado en México (que se ampliaba debido a la demanda de las nuevas poblaciones) fueron factores que impactaron la situación de las incursiones en el estado, a la par de los continuos tratados de paz que el gobierno de Chihuahua realizaba con ciertas bandas que concentraban sus ataques en las poblaciones sonorenses. Estos y nuevos elementos que aparecieron en las décadas siguientes prolongaron e imprimieron nuevas características al conflicto, frente al cual autoridades y población siempre tuvieron respuesta, aunque no siempre éxito. A los habitantes del estado aún les quedaban por delante décadas de intenso combate frente a los apaches.

CONCLUSIONES

 La relación entre sonorenses y apaches estuvo marcada por un conflicto de tipo intermitente, pero también existieron relaciones pacíficas: intercambio, mestizaje, tratos para el intercambio de cautivos, asimilación de miembros en uno u otro grupo.

Los efectos devastadores de las incursiones en las vidas y propiedades de los sonorenses son innegables. Basta con una lectura de los informes, del recuento de los daños de las autoridades sonorenses de los diversos niveles, relatos de viajeros contemporáneos a los hechos, para darse una idea del clima de zozobra, impotencia, miedo y violencia en que se vivía en las poblaciones fronterizas a raíz de la siempre presente amenaza del llamado “enemigo común”.

Tanto las autoridades novohispanas como del México independiente pusieron en práctica medidas que tenían como fin prevenir y responder a las incursiones, tales como alianzas con pápagos y ópatas, para combatir a los apaches, campañas ofensivas que tenían como fin escarmentar a estos últimos tras un ataque, sorprendiéndolos en sus aduares, sobre todo aquellos ubicados en Chihuahua y que servían como refugio tras depredar en Sonora. Algunas acciones estuvieron enfocadas a incentivar a la población a perseguir a los apaches, como la saca o las gratificaciones por cabelleras, la promesa de poder conservar a los niños y mujeres cautivos. Otras disposiciones tenían como fin sancionar la apatía o complicidad en la materia, tales como castigar con pena de muerte el trato de cualquier tipo con los apaches (incluso negociar con ellos el rescate de cautivos sonorenses a cambio de bienes o cautivos apaches) o sancionar a los desertores o a quienes trataran de evadir el servicio en la Guardia Nacional.

Mediante el discurso gubernamental se formó una imagen del apache como irreconciliable enemigo y el exterminio apareció como la solución a sus incursiones. Las características atribuidas a estos grupos, trashumancia, barbarie, belicosidad, hacían imposible su coexistencia al lado del hombre civilizado. La saca y las gratificaciones por cabelleras fueron incentivos económicos que se ofrecieron para motivar a la población a perseguir a los apaches; la saca del lado de las medidas de corte defensivo y las gratificaciones de corte ofensivo, pues se buscaba no sólo repelerlos o perseguirlos, sino salir en su búsqueda para darles muerte.

Cabe señalar que aunque el conflicto es la modalidad que parece definir la relación entre apaches y sonorenses, éste no fue permanente sino más bien tuvo un carácter intermitente, combinando relaciones pacíficas con choques violentos, en una frontera porosa, permeable, caracterizada por un estado de cosas en constante cambio.

 A lo largo del siglo XIX diversas estrategias y tácticas fueron desplegadas por el gobierno y la población del estado para hacer frente a los apaches, aún así las incursiones fueron constantes al igual que la falta de recursos de todo tipo para detener los ataques de los llamados “bárbaros”.

 FUENTES

Colección Fernando Pesqueira

 Leyes y Decretos del Estado de Sonora y Documentos para la Historia de Sonora

 Almada, Francisco R. 1990. Diccionario de historia, geografía y biografía sonorense.

Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora.

Almada Bay, Ignacio. 2014. La saca. Una práctica retributiva en una frontera caracterizada por la informalidad y la violencia. Sonora, 1851-1870 en Rojas, Laura y Deeds, Susana (coordinadoras) México a la luz de sus revoluciones. Vol I. México, D.F. El Colegio de México. 571-578.

De León Figueroa, Norma. 2012. El conflict apache en Sonora bajo el gobierno del General Ignacio Pesqueira, 1867-1872. Hermosillo: El Colegio de Sonora- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.

Jacoby, Karl. 2008. Shadows at Dawn. A Borderlands Massacre and the Violence of History. New York: The Penguin Press.

 Smith, Ralph. 1964. “The Scalp Hunter in the Borderlands, 1835-1850”, Arizona and the

West. VI (I): 5-22.

Spicer, Edward H. 1981. Cicles of Conquest. The Impact of Spain, Mexico and the United States on the Indians of the Southwest, 1533-1960. Tucson: The University of Arizona Press.

 Sweeney, Edwin R. 1998. Mangas Coloradas. Chief of the Chiricahua Apaches. Norman: University of Oklahoma Press.

 Vandervort, Bruce. 2006. Indian Wars of Mexico, Canada and the United States, 1812-1900. New York: Routledge.

 Notas

1 Carta de Ignacio de Bustamante al Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, 19 mayo1835. Documentos para la historia de Sonora, DHS. Tomo I, Serie I, 1822-1834.

2 El Gobernador del Estado a todos sus habitantes, Arizpe, 14 junio 1835. DHS, Tomo I, Serie I, 1822-1834.

3 En una maniobra planeada con anticipación, se compone de una fuerza preparada con anterioridad y provista de víveres, armas y parque. Su objetivo es buscar rancherías de apaches escondidas entre las serranías (Almada 2014, 591).

4 Es una respuesta rápida que consiste en atajar y cerrarle el paso a las partidas de apaches. Su objetivo es represar robos de ganado, o encontrar huellas de apaches con o sin robo (Almada 2014, 591).

5 El gobernador del Estado de Sonora a todos sus habitantes, Arizpe, 7 septiembre 1835. Leyes y decretos del estado de sonora, LDES, Serie I, Tomo I, 1831-1850.

 6 El gobernador del estado a todos sus habitantes, Arizpe, 7 septiembre 1835. LDES, Serie I, Tomo I. 1831 -1850.

7 Los siguientes datos permiten darnos una idea de la efectividad de esta medida: Durante el año de 1870, 105 personas fueron asesinadas en Sonora por los apaches, se reportaron 29 heridos por la misma causa y cinco personas fueron tomadas cautivas durante sus ataques. En contraparte, diez atapascanos fueron muertos por los sonorenses y 9 cabelleras apaches canjeadas por gratificaciones, según los datos publicados en el Diario Oficial de la época, La Estrella de  Occidente (De León 2012, 167).

8 Gobernador interino del Departamento de Sonora a sus habitantes. Arizpe, 8 de agosto 1837. DHS, Serie I, Tomo I. 1830-1850.

9 El Gobernador Constitucional del Estado de Sonora a todos sus habitantes, Ures, 15 febrero 1850. D