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La imagen fue capturada por Inés Martínez de Castro.

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Aumento a la tarifa del agua en Hermosillo

Alan Navarro*

Enterarme del alza estrepitosa de un 60 por ciento en el precio del agua me ocasionó sentimientos encontrados. El tema es complejo, espero que esta nota brinde al lector elementos de reflexión que ocasionen un espacio de discusión más allá del rechazo categórico o la aceptación tácita. De entrada coincido con la señora gobernadora, a nadie le gusta tener que pagar más por nada, creo que esto trae implícita la aceptación de que la medida es impopular. Las comparaciones son odiosas —entre países y entre personas—. Si decimos que la tarifa del agua es barata comparada con otros países, tendremos que ver también cómo andan los sueldos y el poder adquisitivo en esos lugares; lo mismo entre personas, seguro habrá una relación positiva entre los que están de acuerdo o son indiferentes al alza y su nivel de ingresos. Por otra parte, el alza parecería más un subsidio popular a la ineficiencia del organismo operador del agua, que como tal pierde mucho en fugas, y en su incapacidad recaudatoria, endeudado y con una estructura administrativa y operativa que no deja ver la luz al final de túnel. Coincido con muchos en que la simple alza es una postura cómoda  si no va acompañada por una reestructuración general del organismo.

Sin embargo, no debemos de olvidar que, en teoría, todos deberíamos de pagar por el servicio, es decir, cooperar como sociedad. Los usuarios cumplidos que sí pagan la tarifa sostienen de una forma u otra a los que no pagan, pero la forma ordenada de ayudar a los que verdaderamente no pueden pagar el agua son los subsidios, como lo es la denominada tarifa social. El dilema es si tenemos un organismo endeudado porque la tarifa es baja y los usuarios no pagan o porque éste se ha  manejado políticamente, no con la seriedad técnica y administrativa que debiera. Este tema, entre políticos y usuarios, sería como discutir que fue primero “si la gallina o el huevo”.

La gran mayoría de los estudiosos en el tema del agua parecen estar de acuerdo con que el derecho universal a recibir agua potable no significa agua gratis. Igualmente, hay desacuerdo  en tratar el agua como un bien puramente económico, es decir, lo que se discute como su “privatización”. Ahí es de donde aparece la primera controversia: ¿La tarifa actual del agua ofrece incentivos para su cuidado y ahorro? Mi apreciación es de que no lo hace. El agua a precio alto, como en el caso de hogares que compran agua a piperos, incentiva su uso racional y su ahorro; no obstante, las intenciones del alza a la tarifa parecen tener más intenciones recaudatorias que de incentivar el ahorro del agua.

Hasta este momento, todos estos argumentos son tan solo para discutir el 25 por ciento del alza. El otro 35 por ciento me provoca más conflictos. La Ley de Aguas Nacionales obliga a todos los usuarios a reintegrar al medio ambiente las aguas aprovechadas en condiciones adecuadas, esto es, nadie debería verter agua contaminada a cauces y ríos. Suena lógico ¿no? Este es el famoso principio de que el que contamina, paga. En este sentido el tratamiento de las aguas negras de Hermosillo es responsabilidad de los hermosillenses. Con la puesta en marcha de esta planta de tratamiento, de tratar alrededor del 10 por ciento de las aguas residuales se pasaría al 100 por ciento. En un mundo ideal, así debería de ser en cada municipio.

Cuando te traen la cuenta en un restaurante, sabes que debes pagar, eso no cabe duda, la discusión es si la cuenta está bien y cómo, en su caso, nos la repartimos. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, surgen las siguientes preguntas: ¿Quién pagará o debería pagar el costo de tratamiento de aguas residuales? ¿Cuánto cuesta tratar el agua? ¿Quiénes se beneficiarán del agua tratada? ¿No pudiera ser ésta autosuficiente?

En conclusión, esta es la primera decisión impopular que asume la administración actual, en una población que aún tiene frescos los agravios de la administración anterior. La tarifa del agua deberá  incentivar su uso racional y ahorro sin descuidar el derecho universal de acceso al agua potable. Desafortunadamente, como se dice en la jerga económica “no hay almuerzo gratis” alguien debe pagar el costo de tratamiento de aguas residuales, así como el costo total de la provisión de agua potable.

*Profesor-investigador en El Colegio de Sonora.