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Las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, ¿se cumplen?

 

Oscar Nicasio Lagunes López[1]

Como es bien sabido, la principal tarea de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) en nuestro país, entre los que se encuentra la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDHS), es garantizar el respeto irrestricto de los derechos inalienables de toda persona, los cuales se encuentran reconocidos para su promoción y defensa en la Constitución federal y local, así como en los Tratados internacionales de los que México forma parte. Estos organismos pertenecen al sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos, por lo que concentran gran parte de su trabajo en atender a quienes han sido víctimas del abuso de poder. Por ello, las comisiones han convertido en quehacer fundamental la recepción de quejas, la orientación jurídica y psicológica, la emisión de conciliaciones y recomendaciones a las autoridades públicas responsables, aunque no deberían reducir su trabajo a esta tarea.

La recomendación es el instrumento más fuerte que tienen los OPDH para resarcir a las víctimas el goce de sus derechos. Sólo se emite por violación grave a los derechos humanos y tiene una naturaleza no vinculatoria con las autoridades públicas a las que se dirige, por lo que su incumplimiento nunca podrá derivar en sanciones administrativas o penales. En el caso de la Comisión sonorense existe un proceso de negociación política que simula, en complicidad con las autoridades públicas del estado, el cumplimiento de las recomendaciones que ésta emite.[2] La gestión de la Comisión puede dividirse en dos periodos: el de los ombudsman, designados directamente por el Ejecutivo estatal (1992-2004), y el de los elegidos por el Legislativo (2005-2012). En el primer periodo aparecen más las recomendaciones “totalmente cumplidas” (52.3 por ciento) acatadas por las autoridades públicas, mientras que en el segundo se acataron de manera parcial 31.3 por ciento de un total de 466 recomendaciones expedidas durante el periodo 1992-2012.

La evidencia encontrada en los informes de actividades anuales de la Comisión sonorense y en las entrevistas permite explicar que en el primer periodo esta diferencia se debe a una negociación política entre la Comisión y el gobernador, mientras que en el segundo, a una negociación política parcial entre Comisión, gobernador y Congreso. Las recomendaciones seleccionadas para el análisis (19/1994, 04/1998, 02/2008, 11/2009, 07/2011 y 02/2012) muestran claramente que su cumplimiento pasó por un proceso de negociación política y simulación entre dichas autoridades. Estas recomendaciones aparecen en los informes de la Comisión con el estatus de “totalmente cumplidas” por la autoridad pública a las que fueron enviadas, pese a tratarse de recomendaciones que no fueron totalmente acatadas y que no logran resarcir los derechos humanos vulnerados de los afectados. Finalmente, se constató que las autoridades públicas que más violaron derechos humanos fueron aquellas que tienen la responsabilidad de protegerlos, a saber, la policía estatal y municipal, el ministerios público, los jueces calificadores y las autoridades del hospital “Ignacio Chávez” del ISSSTESON. Entre otros hallazgos, se encuentra el fuerte control político a que está sujeto el organismo defensor local por parte del Ejecutivo del estado mediante la designación no democrática del ombudsman y los recortes presupuestales anuales que merman gravemente su desempeño.



[1] Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Es miembro de Cooperación para la Investigación, AC. Correo: oscar.lagunes@cinvestigacion.com

[2] Este artículo expone los resultados de la tesis de doctorado “El cumplimiento de las recomendaciones. ¿Negociación política o fuerza moral? El caso de la gestión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, 1992-2012”, presentada en el Colegio de Sonora el día 14 de agosto de 2015.