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Esbozos de política mexicana: del imperio a la república.

Iván Aarón Torres Chon.*

En el siglo XVIII el imperio español tuvo una severa crisis financiera porque no generaba insumos que otras potencias ocupaban: durante décadas azotaron la Península Ibérica sequías y epidemias, y fueron sus colonias y territorios los que sostuvieron el erario, sin embargo los recursos se invierten  fallidamente en conflictos con ingleses y holandeses principalmente. En pos de enmendar este error, la dinastía de Borbón promulgó reformas que imponen en Hispanoamérica como  la confiscación de bienes eclesiásticos y préstamos forzosos.

En la Nueva España, las principales autoridades eran el Virrey, la Real Audiencia y el Ayuntamiento en la Ciudad de México, por estamento, el ejército y el clero son los dos actores políticos principales (poseen el goce de “fuero”), y alrededor de éstos destacan cuerpos como las logias masonas o sociedades secretas que se unen por espíritu de partido cuando se fortalecen las diferencias entre los criollos y los españoles; principalmente  tras el fracaso de las representaciones que exigen al virrey José Iturrigaray la cancelación de gravámenes. Los mexicanos aportaban cerca del 70 por ciento de los ingresos de las colonias aun cuando eran azotados por sequías y heladas. Por tal motivo, las imposiciones se gravan sobre el sector minero, hacendario y comercial para 1806.

En mayo de 1808, el imperio español padece una situación inédita, la abdicación forzada en Bayona del rey Fernando VII, la razón es la invasión de Napoleón Bonaparte  a la península con pretexto de internarse diplomáticamente y dirigirse a Portugal. El reino queda acéfalo, José Bonaparte ocupa el trono pero no es reconocido por las colonias ¿Dónde reside la soberanía, en la persona, en la nación, en el pueblo, en las corporaciones?, de este debate se ocuparía la representación de diputados latinoamericanos en las juntas de Cádiz en septiembre de 1810.

Se configura el momento propicio para proponer autonomía entre el pueblo peninsular y el novohispano, así, a mediados de julio, integrantes del ayuntamiento presentan al virrey la Declaración de Autodeterminación de México, donde exponen que las abdicaciones no son válidas por fundarse en un acto violento; que la soberanía radica en el reino y las clases que le conforman, particularmente en los cuerpos políticos; y que éstos la devolverían al heredero al trono una vez que España no estuviese amenazada. La insurrección criolla no pretendía una separación del reino, de hecho, en el antiguo régimen al rey se le consideraba “padre de todos”, porque la sociedad se rige en base a una estructura estamental, y como súbditos comparten la obligación de defender el trono ante contingencias.

Para los monárquicos absolutistas el problema reside en que conferir la soberanía a los pueblos significa la desaparición de autoridades realistas, de hecho, lo consideran una pretensión autonomista para alcanzar la independencia y ocupar cargos exclusivos de los peninsulares. Por ello, los eclesiásticos del cabildo y de la Inquisición rechazan la propuesta criolla de custodiar el territorio como un legado de sus antepasados conquistadores. Curiosamente, el principal acontecimiento promotor del movimiento insurgente surgió cuando el 15 de septiembre de 1808, un numeroso grupo de comerciantes españoles toman el palacio nacional y destituyen al virrey bajo el cargo de sedición, por convocar a asamblea general a los procuradores de Nueva España, poco después inició el movimiento de Miguel Hidalgo, que se consuma en 1821.

En 1822 los jefes militares independentistas instauraron una ‘monarquía constitucional´, que fracasa al no subsanarse  las diferencias entre logias de masones, a partir de ese momento el debate gira en torno a un sistema federal (1824) que reconoce el autogobierno provincial, o el centralismo, que limita la administración (1836).

*Candidato a Doctor por El Colegio de Sonora zhoncy@hotmail.com