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La imagen fue capturada por Antonio Quiñonez.

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Paridad política y algo más…

Leyla Acedo Ung*

El reconocimiento a nivel constitucional de la paridad política de las mujeres es uno de los grandes logros de la reforma política electoral del 2014. Los más de 20 años del establecimiento de cuotas están cosechando frutos.

Sin embargo, pese a lo novedoso de la reforma, la constitución sólo establece la paridad para planillas en diputaciones y senadurías, dejando de lado la composición de los ayuntamientos (presidencias municipales, regidurías y sindicaturas). El tema no es menor, pues el municipio es el espacio donde hay una mayor intervención con la población, lo cual permite adquirir experiencia y construir un base política de respaldo para forjar una carrera política.

Es por ello que en días pasados, un grupo de mujeres de distintos partidos políticos (Mujeres en Plural) presentó una iniciativa de ley para incluir la paridad horizontal en la legislación electoral del estado de Sonora. En ella se incluyen los criterios recientemente aprobados por el INE, donde se reconoce la alternancia y número igual de hombres y mujeres en la composición  de las planillas de los ayuntamientos (paridad vertical), así como el mismo 50% de las mujeres encabezando las candidaturas del total del municipio (paridad horizontal); lo que garantiza también la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial al reconocer a la paridad para los municipios.

La iniciativa llega a la agenda local, junto con el establecimiento de las mesas de discusión sobre las recomendaciones para la emisión de la alerta de género en el estado; si bien, dentro de estas recomendaciones no se hace un análisis puntual sobre la violencia política por razones de género, sí es un tema que merece ser rescatado en conjunto con la solicitud de paridad en municipios.

Desafortunadamente, la condicionante de violencia hacia las mujeres en nuestra región trastoca los planos del quehacer político de sus mujeres.  Sólo basta recordar la campaña en redes sociales sobre la apariencia física de la candidata a la gubernatura y la forma en la que los medios de comunicación reprodujeron los roles culturales instaurados en los cuerpos femeninos de las candidatas.

Por ello, me parece que la iniciativa recién presentada se queda corta si no se incluyen criterios para sancionar la violencia política por razones de género. La acciones afirmativas deben extenderse más allá de los números de representación, pues uno de los verdaderos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en la arena política es al acoso/hostigamiento físico y psicológico (amenazas, burlas, desprestigio, etcétera).

La paridad política difícilmente podrá lograrse sin la existencia de espacios públicos y privados para ocuparse de manera equitativa, y sin el tratamiento desigual que dan los medios de comunicación y las dinámicas al interior de los partidos. Hace falta cerrar candados para hacer posible la paridad sustantiva de militantes (o ciudadanas) realmente comprometidas y no sólo por llenar cifras. Se trata de apostar a la voluntad de inclusión de los partidos políticos, pero con todas las herramientas necesarias para que el contexto real donde se desenvuelven las políticas sea más equitativo.

De ahí la necesidad de reconocer la violencia política por razones de género como un acción que garantiza la equidad y una real paridad política, como ha sido el caso de Bolivia, cuya ley no se limita a mujeres en cargos de elección popular sino a todas aquellas que se encuentran en la función pública y que en ocasiones su proyecto profesional es una carrera política. Algo similar ha sido aprobado en Oaxaca.

Sin duda, los caminos para la inclusión de las mujeres en la participación de puestos públicos han sido sinuosos y paulatinos. El aprovechamiento de espacios para garantizar plenamente nuestros derechos constitucionales no debe conformarse con la apariencia numérica que cobija espacios que limitan realmente nuestro desarrollo democrático.

*Maestra en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora.