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Día internacional de la mujer. Los retos del movimiento feminista

                                                              Por Mireya Scarone Adarga[1]

Para este 2016, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha resuelto que el lema para el Día Internacional de la Mujer sea: “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”.

El 8 de marzo los países miembros de las Naciones Unidas –incluido México– reflexionarán sobre cómo acelerar la Agenda 2030 con el fin de impulsar la aplicación efectiva de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que se han establecido como meta. Asimismo, deberán centrarse en nuevos compromisos de los gobiernos bajo la iniciativa “Demos el paso”, de ONU Mujeres, y otros compromisos existentes en materia de igualdad de género, empoderamiento y derechos de las mujeres.

“Éste es el momento de defender las conquistas de las mujeres, reconocer desafíos y dirigir mayor atención a los derechos de las mujeres y la igualdad de género para motivar a todas las personas a hacer la parte que les corresponda”, plantea la ONU.

El movimiento de mujeres discute en la actualidad cómo recuperar el sentido original del 8 de marzo; lo cierto es que las mujeres no tenemos  nada que festejar en este día: cada vez hay más segregación, más muertes de mujeres; la violencia de género y los feminicidios crecen frente a la impunidad prevaleciente y ante Estados como el mexicano, que no cumplen con sus obligaciones en  materia de derechos humanos.

Reclamamos nuestro derecho a imaginar un mundo en el que todas las mujeres y las niñas puedan ejercer sus opciones, como participar en la política, educarse, obtener un ingreso y vivir en sociedades libres de violencia y discriminación.

Esto incluye adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política, con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos).

Es fundamental adoptar medidas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencia y sus manifestaciones contra las mujeres, cuyas consecuencias fundamentales recaen sobre las mujeres, niñas y adolescentes. Exigimos un alto a los feminicidios; el gobierno mexicano debe dar una respuesta ejemplar a estos crímenes, si bien no la ha dado en el caso de la periodista Anabel Flores Salazar, por ejemplo.

De la misma manera, el gobierno debe garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias, precarias e ilegales, y alentar la participación de las mujeres en sectores de trabajo creativos, innovadores y que superen la segregación laboral sexista.

Es preciso formular e implementar políticas públicas para ampliar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y al agua, a otros recursos naturales y productivos, al saneamiento y otros servicios, al financiamiento y tecnologías, valorando el trabajo para el consumo familiar y reconociendo la diversidad de iniciativas económicas y sus aportes particulares, y establecer medidas de garantía para las mujeres rurales e indígenas en sus territorios históricos.

También se deben implementar políticas públicas de acción afirmativa para mujeres indígenas –como medidas de reparación social– para garantizar su participación, en igualdad de condiciones, en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales.

En el  mismo orden de ideas, formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan de manera equitativa la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, superando los estereotipos de género, reconociendo la importancia del cuidado familiar y del trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad, como una de las formas de superar la división sexual del trabajo.

Asimismo, promover políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso y la permanencia de las mujeres adolescentes y jóvenes a la educación, la formación para el trabajo, salud sexual y reproductiva, empleo y participación política y social para el pleno ejercicio de sus derechos.

Debemos promover el cumplimiento de los derechos humanos integrales de las mujeres indocumentadas y tomar medidas que garanticen el acceso pleno a documentos de identidad y ciudadanía para todas las mujeres, especialmente para quienes han estado excluidas de este derecho, como las mujeres indígenas y rurales.

 

¡Las mujeres no podemos seguir esperando más!



[1] misca77@hotmail.com; mscarone@industrial.uson.mx

Doctora en Ciencias Sociales por  El  Colegio de Sonora