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Violencia política contra las mujeres

Mireya  Scarone*

El pasado 14 de marzo, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en coordinación con organismos electorales y dependencias federales, presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

Dicho protocolo establece que la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

El documento precisa que se puede asegurar que la violencia política de género se  dirige a una mujer por el simple hecho de serlo, es decir: “Cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios”. Incluso, muchas veces el acto violento se dirige hacia lo que implica lo “femenino” y los “roles” que culturalmente se asignan a las mujeres. Un ejemplo de lo anterior se presentó en la pasada contienda electoral en el estado de Sonora cuando, a finales de abril,  aparecieron inscripciones grotescas, insultantes y misóginas dirigidas evidentemente a Claudia Pavlovich, entonces candidata priista a la gubernatura. Se colocaron dos mantas en el paso peatonal del Boulevard Luis Encinas y Américas, una de las cuales decía: “Las panochas en las coyotas, no en el palacio”, en tanto que la otra rezaba: “Las mujeres como las escopetas… cargadas y en el rincón”. Esta agresión orientada y planificada contra una mujer fue muy criticada por mujeres de  los grupos de feministas de Hermosillo, pues se trataba claramente de un caso de violencia política de género contra una mujer que estaba contendiendo electoralmente. El texto tenía la intención de degradar y desvalorizar su candidatura.

Una vez aprobado el citado protocolo, el TEPJF resolvió el caso de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes de San Luis Potosí. En este primer caso en el país, el Tribunal Electoral determinó que Pedroza Reyes fue víctima de discriminación, obstrucción de trabajo, ocultamiento de información y trabas en su desempeño debido a su género. Los magistrados federales coincidieron en que la violencia política fue ejercida por los mismos compañeros de la magistrada, por lo que se espera que la Suprema Corte de Justicia emita las sanciones correspondientes.

A raíz de esa resolución, el TEPJF ya ha registrado 38 casos más de denuncias de mujeres de distintos estados, que evidencian claramente situaciones de violencia política de género que afectan la participación política de las mujeres; sin embargo, resulta evidente que los casos denunciados son pocos, si consideramos los que no se denuncian, que se cobijan en la impunidad que corroe todos los espacios públicos.

Pese al avance en el país sobre la aplicación de la legislación sobre los derechos políticos electorales de las mujeres, que van desde las cuotas de género hasta la paridad, lo cierto es que existe una sub-representación de las mujeres en los cargos públicos. Esto, de entrada, revela que existe una desigualdad y discriminación de género en la participación política de las mujeres del país.

La discriminación de las mujeres en su participación política empieza por sus propios partidos políticos y se extiende al sistema político mexicano en su conjunto. Un estudio publicado en 2010 por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) en el que se entrevistó a mujeres legisladoras del PRI, PAN y PRD, incluidas mujeres que ocupan cargos en el CEN de sus respectivos partidos, muestra que 70 por ciento de ellas señala que existe discriminación de género en el desarrollo de las labores parlamentarias. El 64 por ciento percibía discriminación de género en el ámbito de la estructura de los partidos políticos. Un 64 por ciento señaló que es común el acoso sexual a mujeres que desempeñan cargos públicos.

La discriminación hacia las mujeres en su participación política se traduce en una dificultad para promover candidaturas femeninas, por lo que las prácticas discriminatorias y de violencia deben ser analizadas desde un enfoque de género para explicar las relaciones desiguales de poder en las organizaciones partidarias y políticas que son asumidas como ámbitos de actuación masculina.

*Dra. en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora misca77@hotmail.com; mscarone@industrial.uson.mx