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Justicia dudosa

Nicolás Pineda*

Ambos parecen tener razón. Tienen razón los del PRI cuando acusan al anterior gobierno panista de peculado y desviaciones de fondos públicos y tienen razón los del PAN cuando acusan de que la justicia está politizada. Una cosa no excluye a la otra.

Denuncias y casos judiciales que se atoran

No es nomás el gobierno de Guillermo Padrés y el evidente desorden financiero que reinó en su gobierno el único que no llega a mayores en los tribunales. También está el del priista Humberto Moreira y su reconocido desfalco al estado de Coahuila justificado por haberse hecho con fines electorales. También está el caso del gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, quien sigue en el puesto a pesar de sus desmanes y de que se ha dicho que debe rendir cuentas. Está también el ex gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina, cuyo desorden financiero no hace mal tercio frente al de Sonora. Y no quiero mencionar el caso de la casa blanca, el juicio llevado a cabo por Virgilio Andrade y el castigo a la periodista Carmen Aristegui porque ya es demasiado.

Pero en el mismo Sonora existen muchas denuncias y casos que se han demandado judicialmente y hasta ahí llegan. El caso de la Guardería ABC nunca pasó de tocar a mandos medios, cuando mucho, y nunca resolver realmente. El proceso judicial contra el acueducto Independencia ha consistido en postergar y patear el bote, nunca en resolverlo. Las mismas denuncias que, con gruesos expedientes, interpusieron funcionarios del gobierno actual, por medidores, por el Femot o por terrenos malversados, están atoradas en las procuradurías y procesos judiciales de los que ya nadie informa en qué quedaron ni hasta donde llegaron o por qué naufragaron.

El elemento común de todos estos casos es que afectan a la clase política. La regla no escrita del sistema judicial mexicano es que a los miembros de la clase política no se les toca; tienen fuero y permiso para hacer y deshacer con el erario público. Los podrán exhibir, los podrán regañar, los pueden destituir y castigarlos con inhabilitaciones, pero que se haga justicia, los detengan y devuelvan lo robado, eso no. En otros países se hará, aquí no. Por eso tenemos una justicia que no funciona cuando de juzgar a políticos se trata. En este caso, lo que existe es un pacto de impunidad.

Falta autonomía y profesionalismo

El aparato judicial no sólo se compone de la Fiscalía Anti Corrupción y la Contraloría, éstas son solo la puerta de entrada. El proceso completo lo integran también las procuradurías, que reciben e investigan las denuncias, y los juzgados que procesan y sentencian los casos. Puede que un eslabón haga un esfuerzo meritorio y mucha publicidad en las primeras etapas, pero no es raro que después se pierda y desaparezca en las siguientes.

¿Cuál es el problema? Hay muchas maneras de explicar el entuerto. Una de ellas es que a todas estas instancias les falta autonomía y por ello no son profesionales. Para que fueran autónomas, sus titulares tendrían que ser profesionales de la materia, que no le deban el puesto al gobernante en turno, que hicieran carrera judicial trans sexenal y que estuvieran protegidos contra presiones y represalias. Pero esto no se da. Se vio claramente como el gobierno del PAN cooptó y designó a gente suya en los órganos y poderes autónomos (tribunales, comisiones, institutos). Ahora el PRI se deshace de los funcionarios partidizados y pone a los suyos, con sus propios sesgos.

En estas condiciones, no contamos con un marco institucional que propicie que los procesos y las decisiones se hagan con base en las reglas jurídicas y sin sesgos partidistas o políticos.

*Profesor-investigador en El Colegio de Sonora. nicolas.pineda.p@gmail.com. Twitter: @npinedap