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La imagen fue capturada Jesús Morales.

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Por la despenalización del aborto

Mireya Scarone Adarga*

La gobernadora Claudia Pavlovich declaró el 4 de mayo pasado que ella está en contra de que se encarcele a las mujeres que se ven obligadas a practicarse un aborto en Sonora, tal como lo establece la legislación vigente en la entidad, abriendo un debate muy importante para la sociedad sonorense y, en especial, para las mujeres que vivimos en este estado.

“Yo no estoy de acuerdo en que se castigue a las mujeres… Esa es mi postura personal… De por sí ha de ser muy duro lo que hacen, pero sí estoy a favor de la vida y siempre lo he estado”, dijo textualmente la gobernadora.

Por su parte, el Secretario de Salud Gilberto Ungson Beltrán manifestó: “En lo que va del año han muerto dos mujeres por complicaciones al abortar de manera clandestina”. Sin embargo, en lugar de reconocer que en las condiciones actuales de ilegalidad el aborto es un serio problema de salud pública, argumenta: “Personalmente estoy en contra del aborto y es la única postura que tengo”.

Ninguna mujer aborta por gusto, es una decisión triste, obligada y sumamente difícil de tomar para las mujeres y sus familias.

A nivel nacional, en el año 2010 el aborto clandestino fue la causa del 11 por ciento de las muertes maternas. En 2009, el número de mujeres que acudieron a hospitales por complicaciones en su salud debido a abortos inseguros fue de 159 005[1]. Estas muertes y complicaciones en la salud podrían haberse prevenido con el acceso al aborto legal y seguro.

A pesar de la existencia de leyes restrictivas en materia de aborto en las distintas entidades federativas del país, la tasa de abortos inducidos en 2009 fue de 38 por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, lo que se traduce en números totales en 1 025 669 abortos inducidos[2].

Se trata de un asunto de justicia social, porque en México el acceso de las mujeres a un aborto legal y seguro depende del lugar donde se resida y del estrato económico de las implicadas en la decisión de abortar.

Lo cierto es que las mujeres sonorenses con suficientes recursos económicos que toman la decisión de abortar, optan por acudir a las clínicas del sistema Planned Parenthood localizadas en Tucson y Phoenix, Arizona; o bien viajan al Distrito Federal para ser atendidas en alguna de las clínicas instaladas para este propósito en las distintas delegaciones.

En cambio, las mujeres pobres no tienen acceso a la justicia y les son negados sus derechos, ponen en riesgo sus vidas y su salud, y encima pueden ser sancionadas de acuerdo a lo que establece el Código Penal sonorense. Son las pobres las que morirán, afectarán su salud y podrán ser castigadas con uno a seis años de prisión[3] por tomar la decisión de abortar.

Hay que decirlo en voz alta: en la cuestión del aborto están involucrados los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son derechos humanos. En la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing de 2005, se estableció que el aborto es un problema de salud pública, por lo que se hizo un llamado a los gobiernos a establecer políticas de salud sexual y reproductiva no sexistas, de respeto a los derechos humanos al prestar servicios de salud no discriminatorios a las mujeres.

La gobernadora Claudia Pavlovich ha abierto el debate sobre el aborto en Sonora. Las mujeres debemos participar en esta trascendente discusión de manera organizada y elaborar una iniciativa ciudadana que plantee, como punto de partida, la homologación de la ley en Sonora al mismo nivel de la ciudad de México, así como en otros países donde la despenalización del aborto es una realidad contundente desde hace muchos años.

En lo personal, yo como ciudadana estoy a favor de la despenalización el aborto, para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales sonorenses, para que no se siga castigando a quienes abortan, para que no mueran o queden afectadas en su salud reproductiva, especialmente las mujeres de escasos recursos económicos.

Es una vergüenza que en nuestro estado se castigue a las mujeres que abortan y no suceda lo mismo con los violadores; que haya una completa impunidad con los feminicidios y las violencias de todo tipo contra las mujeres, con la corrupción que corroe todo el tejido social, y muchos otros casos de violaciones a la ley que permanecen impunes.


* misca77@hotmail.com; mscarone@industrial.uson.mx

Dra. en Ciencias Sociales por  El  Colegio de Sonora.

[1] Datos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, proporcionados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

[2] Información de GIRE.

[3] Artículo 266 del Código Penal para el Estado de Sonora.