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La imagen fue capturada por Jesús Morales.

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Los 19 procesados en el caso de la guardería ABC, la burla y el juego de la culpa

Lizette Sandoval.*

En días pasados el Juez Primero de Distrito en Hermosillo, a casi siete años de la tragedia, dictó condena a 19 personas procesadas por el incendio de la guardería ABC. Los procesados son el exdelagdo del IMSS en Sonora, César Arturo Leyva Lizárraga, quien ya está  preso en un penal de Guadalajara, Jalisco, por intentar evadirse de la justicia y salir de Sonora cuando se desarrollaba el juicio en su contra; la coordinadora de Guarderías del IMSS, Nohemí López Sánchez, el ex coordinador de Protección Civil en Sonora, Willebaldo Alatriste, Sandra Luz Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, socios y directamente responsables de la guardería, así como ex director de Protección Civil de Hermosillo, Roberto Copado Gutiérrez; el jefe de Bomberos, Martín Lugo Portillo, y Arturo Dávila Pacheco, oficial de Bomberos, así como a  ocho trabajadores de la bodega de Hacienda y al director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo, Jesús Davis Ozuna.

El problema es que muchos de los procesados siguen siendo personas de medio y bajo rango, inclusive se encuentran entre ellos funcionarios con poca relación con el funcionamiento de las guardería, como los es Jesús Davis Ozuna. Hay todavía muchas cuestiones irresueltas alrededor de esta propuesta de justicia. Una propuesta de justicia que, aunque presenta un avance con algunos de los procesados, no deja de ser una burla con otros, y  nos muestra una aplicación desigual de la ley. ¿Cómo se ha jugado el juego de la culpa? Este se centra en culpar a ciertos actores, en busca de objetivos gubernamentales o partidistas. Gran parte del juego político reside en las causas que se determinen como origen del evento, porque con base en ello se fincará la responsabilidad respectiva, pero cuando las causas no se determinan claramente, las responsabilidades suelen ser difusas. El proceso del caso se ha centrado en dictar responsables de bajo perfil y poco en ver más allá de las verdaderas causas y de lo que aún se puede lograr. Evitar hablar de las verdaderas causas y de las fallas también requería y sigue requiriendo depositar la culpa en personal de bajo rango.

¿Qué falló en la política de subrogación? Los formatos de supervisión de seguridad de las guarderías no correspondían con las disposiciones de previsión de incendios de la Norma Oficial Mexicana (NOM-167-SSA1-1997) para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, que establece disposiciones generales de seguridad para las guarderías. El IMSS no contaba con un departamento que se dedicara a supervisar las medidas de seguridad. Estos formatos no eran herramientas operativas suficientes para que las coordinadoras de zona realizaran un control efectivo sobre aspectos de seguridad y protección civil; no había lineamientos concretos a observar. En otras palabras, las guarderías aprobaban las revisiones más no la normatividad en materia de seguridad.  Además la capacitación de supervisoras en materia de seguridad era nula; había un desfase entre los lineamientos de seguridad del IMSS y los de protección civil local.

¿Qué falló en las políticas de protección civil? La guardería siempre aprobaba las peticiones de revisión que hacían los dueños, sin embargo, se determinó que los formatos de revisión no estaban diseñados para hacer cumplir las disposiciones del Reglamento para la prevención de incendios y protección civil del municipio. Roberto Copado evidenció que el municipio no tenía un marco jurídico donde se pudieran regular las guarderías específicamente, pues la Ley municipal no hacía mención específica sobre medidas en guarderías infantiles, las cuales sí especificaba la NOM-167 del Seguro Social

¿Y en la bodega de Hacienda? La bodega nunca se inspeccionó porque durante los 6 años de operación las autoridades de la Secretaría de Hacienda no informaron de su existencia a la Unidad Estatal de Protección Civil. Al no informar de su existencia, nunca se pidió una revisión. Según el artículo 37 de la Ley 161 y el artículo 17 del Reglamento de la misma, las autoridades de la Secretaría de Hacienda eran responsables de pedir la revisión de las condiciones de seguridad de la bodega. Si la bodega no contaba con ninguna medida de seguridad, los trabajadores que tenían acceso a ella se encontraban también en un estado de vulnerabilidad frente a cualquier contingencia a causa del descuido de sus superiores. No era su obligación pedir revisión a Protección Civil sino de los usuarios legales, que fueron los encargados de firmar los contratos, y de las altas autoridades de Hacienda. A pesar de no haber cumplido con ninguna disposición de seguridad, dos contratos de arrendamiento se renovaron. El primero bajo la dirección de Guillermo Hopkins, el segundo bajo la dirección de Ernesto Vargas Gaytán, quien en enero del 2009 renovó el último contrato de arrendamiento.  A la renuncia de éste a la Secretaría de Hacienda para ir a contienda electoral, entra Gilberto Inda Durán. ¿Dónde están en las lista de procesados? Las limitaciones de protección civil estatal y municipal aún no han sido modificadas como se requiere.

*Maestra en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora.