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Ocultar a los pobres, mantener la pobreza

 

 Rosario Robles.*

En días anteriores se originó un diferendo entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) debido a la información que dio a conocer el INEGI en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 (información bianual que presenta el organismo desde el 2008) que permite conocer las características de vivienda y sociodemográficas (acceso a la alimentación, equipamiento del hogar y tiempo de traslado al hospital), el ingreso de los hogares más pobres registró un aumento del 33.3 por ciento.

Aparentemente este diferendo se solucionó al comparecer ante el senado los titulares de dichas dependencias y acordar establecer un grupo técnico de trabajo para coordinarse y colaborar en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2016; sin embargo, investigadores y especialistas manifiestan reserva de este acuerdo y piden que se integren a estos equipos de trabajo expertos externos que garanticen la transparencia y credibilidad y que se den a conocer los documentos técnicos que dieron lugar a las cifras que hoy presenta el INEGI.

Es necesario reflexionar acerca de este suceso que representó para analistas e investigadores un intento de maquillar la pobreza, además de romper con una estadística de su evolución seguida desde hace veinte años y una falta de rigor científico en la metodología. Algunas de las razones para esta inconformidad son las siguientes:

  • Con la nueva metodología no sería posible establecer patrones ni comparativos anuales para medir la evolución de la pobreza en México, pues los datos recabados con la metodología anterior no podrán ser contrastados con los que se tomen a partir del 2016.
  • La falta de rigor científico en la nueva metodología, debido a que el INEGI de manera unilateral y sin parámetros plenamente definidos, indicó a los encuestadores que se insistiera en obtener información para aquellos hogares que declararan obtener menos de mil pesos mensuales, es decir volver a aplicar el cuestionario. Para el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) esto representó “una mejora selectiva de la información”.
  • El cambio en el operativo de campo no se realizó en todos los deciles de la población, por lo anterior los datos no reflejan realmente la desigualdad de los ingresos
  • Con esta nueva metodología se incrementó entre un 33 y un 40 por ciento en los ingresos de los más pobres, irreal por donde se mire debido a que el salario mínimo desde hace 18 años se ha mantenido en un rango no mayor a 3 pesos anuales de incremento: del año 2014 a 2015 pasó de 67.29 a 70.10 con tasas de inflación de 4.08 y 2.13 por ciento respectivamente.

La inconformidad tanto del CONEVAL como de los diversos analistas es un asunto en el que la sociedad civil y los investigadores debemos levantar la voz. No es posible y no se debe permitir este tipo de decisiones unilaterales, sin documentos técnicos que las avalen y que impiden contrastar y darle seguimiento a la evolución de la pobreza en un organismo como el INEGI, referente nacional e internacional en las cifras y estadísticas sociales y económicas del país. Asimismo, estas cifras sirven al CONEVAL para medir el nivel de la pobreza y, a partir de esta información, plantear políticas públicas y el gasto público que se destinará a este fin.

Constituye una política de avestruz que pretende maquillar una realidad palpable en cada rincón de nuestro país para no hacerla visible: borrar a los pobres de un plumazo. Para Sanjuana Martínez (Sin embargo, 25 julio) los “pobres fueron escondidos debajo de la alfombra por decreto presidencial”.  Consideramos esta decisión irresponsable y que atenta contra el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos.

Representa una falta de respeto a los más pobres dudar de su dicho y repreguntarles a ellos y no a otros segmentos de la población encuestada. Una falta de respeto a la información ya recabada y a la comunidad académica e investigadora que utiliza estas cifras para medir y dar seguimiento a la evolución de la pobreza en nuestro país.

Es irresponsable, porque al intentar borrar a los pobres, al presentar estas cifras maquilladas de un incremento en los ingresos y, por ende, una disminución de la pobreza, pueden justificarse decisiones de destinar un menor gasto social.

La decisión que tomó el INEGI parece haber sido detenida, sin embargo, es necesario reflexionar, involucrarse y no permitir que esto se repita. Por lo pronto no se ha dicho que pasará con la información recabada en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 ni a quién se responsabilizará por los recursos destinados (se crearon 1 062 plazas, 770 para labores de campo y 292 para labores de oficina),  por las decisiones unilaterales y por la falta de rigor científico que pone en entredicho a una institución como el INEGI.

*Doctora en Ciencias por El Colegio de Sonora.