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FOTO DE LA SEMANA: “Una rasurada”

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Preguntas frecuentes sobre el Sistema Nacional Anticorrupción

Nicolás Pineda.*

El pasado 17 de junio, el Congreso aprobó las primeras siete leyes del sistema nacional anticorrupción (SNA). Sin embargo, a pesar de los grandes avances que contiene esta reforma, se ha desatado una guerra mediática con respecto a la modificación, hecha de última hora, de los artículos 29 y 32 de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ahora, el presidente canceló la promulgación del SNA y se le está exigiendo que vete la promulgación de dichos artículos.

Le conviene que se entere de este asunto porque de él depende que usted y yo tengamos que presentar declaración patrimonial y de interses el año próximo. Vayamos por partes.

¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción?

Es una reforma legislativa que incluye la reforma de los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108 (éste es el que decía que al presidente no se le puede acusar de corrupción), 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Mexicana y en la que se reforma a siete leyes entre las que destaca la Ley de Responsabilidades Administrativas. El SNA recae en cuatro instituciones y en resumen promueve lo siguiente: a) Fortalece y da nuevas facultades (dientes) a la Auditoría Superior de la Federación; b) Refuerza a la Secretaría de la Función Pública; c) Otorga más facultades al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y d) Crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El modelo deberá además replicarse en los gobiernos de los estados.

¿Quién dirige el SNA y cómo se nombra?
Lo coordina un Comité Coordinador integrado por el auditor superior de la Federación, el titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, un representante del Consejo de la Judicatura y un representante del Comité de Participación Ciudadana. Son en total siete miembros. Cada uno de ellos es nombrado por un proceso y periodo diferente dentro del órgano del que procede.

¿Cuáles son las principales logros o medidas que establece el SNA?
Sus principales medidas son las siguientes: 1) Establece la obligación de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses; 2) Aplica la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito; 3) Sanciona a los servidores públicos con amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas según los beneficios obtenidos; 4) Elimina el principio de confidencialidad de la información en materia fiscal en los procesos de fiscalización; 5) Aumenta a siete años la prescripción de actos u omisiones de responsabilidad administrativa grave.

¿Cuál es el problema con el artículo 29?
El texto original del artículo 29 decía: “… todos los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes; asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación en la materia.”

El artículo 29 aprobado dice: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.

Al restringir la publicación de los datos al criterio de “lo que puede afectar la vida privada” deja en manos de los declarantes decidir qué es lo que quieren delcarar. Esto invalida y anula totalmente la publicidad del patrimonio o lo hace de una manera que la vuelve inútil.

¿Cuál es el problema con el artículo 32?
El original decía: “Están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses […] todos los servidores públicos.

El artículo aprobado agrega que deben presentarlas también: “b) cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos; c) Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refieren la fracción anterior.” Estas adiciones implican que millones de ciudadanos y empresas relacionados con fondos públicos tendrían que presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses. Usted dirá.

*Profesor-investigador en El Colegio de Sonora.