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A dos años del derrame en el río Sonora, ¿qué sabemos?

José Luis Moreno*

El objetivo de esta ponencia es presentar un resumen de trabajos publicados sobre el derrame de sulfato de cobre acidulado ocurrido en agosto de 2014 y sus repercusiones en la cuenca del río Sonora.

El primer trabajo que mencionaré es la tesis doctoral de Maribel Pallanez (2015), que no tenía como objetivo analizar la contaminación del río, pero cuya investigación se realizaba en el área en el momento en que ocurrió el derrame. Lo importante es que trata el conflicto sobre el fallido proyecto Mavavi que pretendía ampliar el área natural protegida Ajos-Bavispe, en los alrededores de Cananea, entre 1997 y 2003. En la tesis, elaborada para obtener el grado en El Colegio de Sonora, se narra el conflicto entre los mineros y el gobierno federal, y el papel que jugaron ganaderos y agricultores en la conformación de una alianza opositora al proyecto que, de aprobarse, hubiera establecido regulaciones para el desarrollo de actividades productivas y para la protección del ambiente.

Entre los trabajos iniciales se encuentran dos pequeños artículos publicados en la revista de divulgación Derecho Ambiental y Ecología. Uno de Víctor Simental (2014), que contiene una relación de los hechos ocurridos durante los meses de agosto y septiembre de 2014 y un listado de las leyes, reglamentos y normas aplicables al caso. El otro es de María Colín (2015), quien hace un recuento de los acontecimientos ocurridos hasta el mes de enero de 2015.

En  septiembre de 2014,  la revista Nexos publicó un artículo de Patricio Estévez en el que se discute la ubicación de la gran presa de Jales (no el represo que se rompió) y la amenaza que representa, y donde plantea propuestas para mitigar el desastre. El autor fue asesor de la CONANP en los años del proyecto Mavavi. En octubre del mismo año, la revista Crónica Ambiental publicó una texto de Gerardo Lammers, que retrata la situación en las poblaciones del río a través de testimonios de residentes y entrevistas con profesores de la Universidad de Sonora y un funcionario de la mina.

Otro artículo fue elaborado por Esthela Carrillo et al. (2015), publicado en la Revista de la Universidad Estatal de Sonora. El texto da cuenta de las afectaciones a la imagen turística de la región del río Sonora como resultado de la contingencia ambiental.

Desde la perspectiva de la justicia ambiental y de la ecología política, Miriam Alfie Cohen (2015) analiza los conflictos socioambientales en Wirikuta (San Luis Potosí) y Cananea. Su interés es mostrar la falta de equidad procedimental, geográfica y social en las concesiones otorgadas a la industria minera. Fue publicado en la revista El Cotidiano de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En septiembre de 2015 se publicó el informe de la organización PODER sobre los incumplimientos de la normatividad ambiental por parte de Buenavista del Cobre. Está basado en el análisis de los expedientes de la PROFEPA en donde se explicitan las 55 irregularidades que identificó para la clausura parcial de las instalaciones de la empresa, posteriores al derrame, y para la imposición de una multa por 22.9 millones de pesos. En el informe se documentan las irregularidades, hechos y omisiones en los que incurrió BDC, que dan cuenta de la responsabilidad y negligencia de la empresa en cuanto a la violación  de  las  normas  ambientales  correspondientes. Destaca que  la autoridad ha demostrado que BDC ha sido negligente y ha obtenido beneficios económicos al disminuir sus costos por evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, manejo de  residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera.El informe consta de 123 páginas y forma parte del proceso de acompañamiento que efectúa esta organización a los Comités de Cuenca del Río Sonora.

Otra publicación es el artículo de Rolando Díaz, Héctor Duarte y Francisco Durazo (2016) en la Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud. El texto analiza la base de datos del monitoreo de la calidad del agua subterránea que aparece en el portal electrónico del Fideicomiso Río Sonora. Por las  implicaciones que este evento tiene para la salud, los valores reportados se confrontaron con los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana vigente. Asimismo, se analizó el caso del arsénico, comparando los valores reportados en relación con la Norma Mexicana y con la Guía de calidad para el agua de la Organización Mundial de la Salud. Se analizaron 13 metales y 6 parámetros físico químicos en 34 sitios de muestreo del 18 de agosto al 24 de septiembre de 2015.

Un hallazgo es la falta de consistencia en la captura de datos del monitoreo, que se supone implementado desde que ocurrió el derrame. Por un periodo de tres meses, de julio a septiembre de 2015, no se observan valores numéricos para la mayoría de los metales estudiados, sino solamente la abreviatura “NE”, cuyo significado no se especifica; durante seis meses, de enero a junio de 2015, no  hay registros de muestreo alguno, además de que la frecuencia de captura varía para ciertos parámetros en días, semanas y hasta meses, como es el caso de sulfatos, turbiedad, sólidos disueltos totales, conductividad electrolítica, pH y temperatura.

En el caso del arsénico, si se toma como base el límite permisible establecido en la NOM 127-SSA1-1994 de 0.025 mg/L, solamente nueve muestras lo excedían. En cambio, si se toma como base la guía de la OMS de 0.01 mg/L, resulta que son 120 casos los que estuvieron fuera de este límite máximo. En cuanto a su distribución espacial, los resultados indican que el arsénico se encuentra en concentraciones más altas en la parte baja de la cuenca, contigua a las localidades aledañas a la presa El Molinito, muy cerca de la ciudad de Hermosillo.

Un texto importante es el libro de Lilia Albert y Marisa Jacott (2015) titulado México Tóxico, publicado por Siglo XXI editores. Contiene información valiosa sobre las emergencias químicas ocurridas en México e incluye cinco estudios de caso, uno de los cuales es el derrame en la mina Buenavista del Cobre. También aborda dos casos emblemáticos de accidentes a nivel mundial: Seveso, Italia, y Bhopal, India. Tiene un capítulo dedicado al marco legal.

Las conclusiones del libro son reveladoras: 1) Las comunidades afectadas en la gran mayoría de estas emergencias no habían sido informadas de los procesos que se realizaban en las plantas cercanas; 2) Mucho antes de que ocurrieran estos accidentes, los integrantes de las comunidades afectadas se habían quejado con autoridades locales o federales, así como con responsables de las industrias; 3) En todos los casos hubo accidentes previos que no fueron atendidos de manera adecuada; 4) Las autoridades de protección civil, bomberos y otros cuerpos locales de rescate no cuentan con la información y los recursos necesarios para enfrentar eficazmente una emergencia química; 5) En los casos en que ha habido fuga o derrame, la única información disponible sobre su identidad y cantidad ha sido proporcionada por la empresa. México –finalizan las autoras– parece no aprender de sus experiencias ni de las internacionales.

Otras dos investigaciones son la de Reina Castro Longoria (2014) y la del Instituto de Ecología de la UNAM (2016), que se expondrán en este foro.

Como se puede observar en el resumen anterior, los primeros trabajos fueron de divulgación, eran breves, testimoniales y manejaban poca información obtenida en campo. Lo cual era lógico, el derrame fue un acontecimiento imprevisto y las investigaciones requieren  tiempo, personal y dinero. Conforme fueron pasando los meses, los trabajos fueron de mayor profundidad, utilizando los datos que se solicitaban por medio del portal de acceso a la información pública o que proporcionaba el fideicomiso en su portal de internet.

Cabe destacar que este resumen fue realizado con base en documentos que tengo en mi poder. Seguramente hay otras investigaciones en proceso de publicación, como las que fueron consignadas en los portales oficiales de instituciones como el CIAD (que muestreó el agua de norias y pozos, y la leche en 2014), la Universidad de Sonora (que realizó una encuesta de percepción y opinión en 2016), o la que dio a conocer un grupo de enfermeras y médicos voluntarios de Estados Unidos (que evaluó de manera preliminar los efectos en la salud de la población en mayo de 2016).

Aun así, todavía es muy poco lo que sabemos acerca del derrame y sus impactos sociales, económicos y ambientales. Hacen falta estudios detallados sobre las repercusiones en la vida cotidiana de los habitantes del río debidos a la incertidumbre en torno a la calidad del agua que se consume en el hogar o se utiliza en las actividades productivas, los impactos reales en la tradicional actividad turística y  comercial, los daños a la salud de la población, en especial la infantil, o las consecuencias psicológicas derivadas del drama sobre lo ocurrido y la preocupación por el futuro de sus familias, entre otros. Un aspecto esencial es que deben contener un análisis de la situación anterior al derrame.

No quiero terminar sin señalar la falta de transparencia de las autoridades federales y la pasividad de las estatales y municipales. En el primer caso, respecto a tres resoluciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (2015 y 2016), que instruye entregar a particulares los estudios de valoración y riesgo ambiental (al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), el programa de  remediación ambiental del río  Sonora (a la Semarnat), y el número de personas afectadas en su salud (a la Secretaría de Salud). A la fecha, ninguna de las tres resoluciones se ha cumplido.

 Otro incumplimiento corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el 11 de agosto de 2014 comunicó, a través de su titular, que inició una investigación por las presuntas violaciones a los derechos humanos. Ordenó atender “de inmediato” las quejas de las personas afectadas, dar asesoría y acompañamiento en los trámites de denuncia. “En el momento oportuno emitirá una determinación”, dijo el responsable. Después de dos años, seguimos esperando la determinación.

En el segundo caso, respecto al proceder del Comité Técnico del Fideicomiso y la empresa minera. El incumplimiento de la instalación de 28 plantas potabilizadoras en los pueblos del  río, el  funcionamiento deficiente de la planta de Bacanuchi, el atraso en la construcción de la clínica especializada y el cierre de la clínica de atención provisional en Ures, son una muestra de la indolencia por los compromisos asumidos. No es suficiente la declaración de la mandataria de que “no están solos” y de que es un “tema federal”. La población afectada del río Sonora requiere un apoyo más decidido y comprometido de quienes la gobiernan y fueron elegidos para fungir como sus representantes y atender sus necesidades.

Referencias

Albert, Lilia y Marisa Jacott. 2015. México tóxico. Emergencias químicas. México: Siglo XXI Editores.

Alfie Cohen, Miriam.  2015.  Conflictos socio-ambientales:  la  minería  en

Wirikuta y Cananea. El Cotidiano, núm. 191, mayo-junio, pp. 97-108.

Carrillo, Esthela, Samuel Espinosa, Blanca Holguín y Tomás Cuevas. 2015. Imagen del destino turístico frente a la contingencia ambiental de 2014 en el estado de Sonora. Revista de la Universidad Estatal de Sonora, no. 4, abril: pp. 19-27.

Castro Longoria, Reina. 2014. Derrame de contaminantes por la Minera.

Buenavista del Cobre. Hermosillo. Reporte de investigación.

Colín, María. 2015. La tragedia de los comunes ilustrada: el derrame de sustancias tóxicas a los ríos Bacanuchi y Sonora. Derecho Ambiental y Ecología. Número 65, año 11, febrero–marzo.

Díaz-Caravantes, R., H. Duarte-Tagles y F. Durazo-Gálvez. 2016. Amenazas para la salud en el río Sonora: análisis exploratorio de la calidad del agua reportada en la base de datos oficial de México. Rev Univ Ind Santander

Salud.; 48(1): 91-96. DOI:  http://dx.doi.org/10.18273/revsal.v48n1-2016010

Estévez  Nenninger, Patricio. 2014. La gota que derramó el represo en Cananea. Nexos, septiembre 13.

Instituto de Ecología. 2016. Evidencias de las afectaciones a la integridad funcional de los ecosistemas del río Bacanuchi y el río Sonora  por el derrame de la mina Buenavista del Cobre: avances del diagnóstico ambiental. Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, UNAM.

INAI. 2015. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático deberá entregar estudios sobre derrame tóxico en ríos de Sonora. México. 26 de abril.

INAI.  2015. Instruye INAI a  Semarnat entregar información sobre el programa “Remediación ambiental río Sonora”. México. 22 de mayo.

INAI. 2016. INAI ordena a Secretaría de Salud dar número de afectados por derrame en río Sonora. México. 23 de julio.

Lammers, Gerardo. 2014. Río Sonora, la historia detrás del derrame. Crónica ambiental. Número 5, Octubre.

Pallanez Murrieta, Maribel. 2015. Conflictos socioambientales en áreas protegidas: caso “Mavavi” (1997-2003). Tesis de doctorado, El Colegio de Sonora.

PODER. 2015. Análisis de incumplimientos de la normatividad ambiental por parte de Buenavista de Cobre, S.A. de C.V. Informe de Investigación. México y Nueva York.

Simental, Víctor. 2014. Implicaciones jurídicas del derrame de tóxicos en el río Sonora por la empresa minera del Grupo México. Derecho Ambiental y Ecología. Número 63, año 11, octubre – noviembre.

* Profesor investigador de El Colegio de Sonora. Ponencia presentada en el Foro “Río Sonora: A dos años del derrame ¿Qué sabemos?”, organizado por la Red Fronteriza de Salud y Ambiente. Hermosillo, Sonora. 12 de agosto de 2016.