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La imagen fue capturada por Jesús Morales.

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El presidente se autojuzga

Nicolás Pineda.*

Hay una falla institucional en la solicitud de perdón del presidente Peña Nieto: el presidente se juzga a sí mismo. Esto no va de acuerdo ni con el sentido común ni con la esencia de la división de poderes; en cambio sí va muy de acuerdo con el sentido autocrático del sistema político mexicano tradicional, ese de la presidencia imperial y de la concentración de todos los poderes en la presidencia de la República.

Para que el juicio presidencial sea válido en un sistema de democracia y Estado de derecho, se requiere que lo investigue, lo juzgue y lo sanciones un ente autónomo; esto quiere decir que no sea alguien que él mismo designa o propone o que pueda despedir. Este tipo de entes autónomos son lo que se han estado erosionando en este sexenio y son los que urgentemente requiere nuestro régimen político para avanzar en la democratización. Si no se promueve la existencia y operación de estos entes autonomos, estamos retrocediendo en democracia y avanzando en restauración de un régimen presidencial autócrático.

Falta división de poderes

En una democracia, el presidente no se juzga a sí mismo, sino que deben hacerlo los otros poderes autónomos: el Legislativo y el Judicial. En México aparentemente no tenemos todavía suficiente autonomía en los otros poderes ni en los entes autónomos fiscalizadores para que puedan juzgar al persidente.

Cuando Nixon renunció a la presidencia de los Estados Unidos en 1974, lo hizo porque ya estaba muy avanzado el juicio de impugnación emprendido por el Poder Legislativo que seguramente lo destituiría. De este modo, Nixon se anticipó en el castigo y en la renuncia que seguramente le impondría el Congreso. Posteriormente el presidente Gerald Ford lo perdonó, utilizando una facultad constitucional para ello.

En Guatemala, fue una comisión internacional (para fuera organismo autónomo) la que juzgó y destituyó al presidente Otto Pérez en 2015 por actos de corrupción.

En Brasil, hace dos meses, fue el Congreso también el que promovió un juicio de impugnación a la presidenta Dilma Rousset y quien la destituyó del puesto. Pero no fue ella misma quien se juzgó y se perdonó.

En México, sin embargo, aunque formalmente contamos con división de poderes, un Legislativo autónomo e incluso entes fiscalizadores, en los hechos ninguno de estos poderes fue capaz o tuvo la “osadía” de juzgar al presidente. Tuvo que ser él mismo, ante la desaprobación ciudadana y ante la perspectiva de futuras derrotas electorales (lo cual sería una sanción de los ciudadanos), quien decidió solicitar perdón a la ciudadanía “por la percepción de corrupción”.

Para que el Sistema Anticorrupción funcione

En México, la ley no es suficiente por sí misma para cambiar cómo se hacen las cosas y eliminar o reducir la corrupción. Tampoco existe la credibilidad de que esto va a pasar una vez aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción. La ley tiende a volverse relativa cuando tiene que ver con la manera en que se ejerce el poder. Son precisamente los poderosos (el presidente y los gobernadores) los que suelen pensar que ellos están para hacer leyes y no para acatarlas; son ellos los que violan el Estado de derecho al desviar fondos para fines electorales.

Se requieren acciones concretas y que se institucionalicen los procedimientos contra la corrupción. Pero aquí es donde “la puerca tuerce el rabo”. ¿Será capaz nuestro presidente de ir contra su cultura política y, en aras de corregir el rumbo, iniciar una nueva manera de hacer las cosas y actuar contra los que lo pusieron en el puesto; dejar que los juzgue un ente autónomo y que sean sancionados conforme a derecho? ¿Permitiría que a él mismo lo juzgara un ente autónomo internacional?

*Profesor-investigador en El Colegio de Sonora.