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Sobre el pacto de civilidad y renunciar a las armas

 

Juan Carlos Pacheco*

En días pasados, el senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 10 constitucional, para que se permita la portación de armas en vehículos y en negocios particulares, y no solo en casa habitación; esto bajo el argumento de la defensa personal  ante el alto índice de delincuencia, ya que el 29.1% de robos son por asalto a vehículos y 12.3% a negocios, del total de 360 mil 933 registrados en lo que va del año.

Esta propuesta ha sido blanco de crítica por la opinión pública, pues a una gran mayoría le parece alarmante que se apruebe, pondría en mayor riesgo  la vida de los ciudadanos, a diferencia de lo que sostiene el senador. Otros más han calificado la solicitud como un acto “retrógrada”, que significaría más un retroceso que un avance en cuanto a políticas públicas en materia de seguridad.

En ese sentido, es importante realizar a una revisión de la teoría política, que permita tener una visión más amplia y acertada de lo que aquí acontece. Se vuelve necesario recurrir a la concepción del Estado soberano, aquel del que Thomas Hobbes, en su obra Leviatan o la materia, forma y poder de una República, eclesiástica y civil, describe como la unión de individuos que confiere su poder a una sola persona, “una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que pueda utilizar la fortaleza  y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegura la paz y la defensa común”. Lo anterior no es otra cosa más renunciar a las armas y depositarlas en quien ostenta el poder.

De igual forma, es oportuno recordar lo que Nicola Matteucci apunta sobre el significado de soberanía y del Estado moderno – a finales del siglo XV- el cual “se produce según una exigencia de unificación y de concentración del poder, para realizar en una sola instancia el monopolio de la fuerza en un determinado territorio y por sobre una determinada población, y para realizar en el estado la máxima unidad y cohesión política”. Esto alude a algo que va más allá de la propia seguridad ciudadana, sino que refiere, además, a su renuncia para lograr con ello un mejor desarrollo y funcionamiento de la política de Estado.

Y más explícitamente, es Norberto Bobbio en el libro Estado, gobierno y sociedad, quien asegura que “el mayor argumento es el proceso inexorable de concentración del poder de mandar en un territorio… que se da a través de la monopolización de

algunos servicios esenciales para el mantenimiento del orden interno y externo” y cita al propio Max Weber al contemplar “en el proceso de formación de Estado moderno un fenómeno de expropiación de parte del poder público de los medios de servicio como las armas”, es decir, la conformación de un monopolio legítimo de la fuerza.

Una vez hecha esta revisión teórica, resulta prudente cuestionar las intenciones del legislador panista, a quien parece haberle pasado de noche la historia política, y de cómo se tuvieron que llevar a cabo dichos pactos civiles para la conformación de un poder político mayormente controlado. La propuesta sería retroceder políticamente, volver a aquel denominado Estado de naturaleza, en el que no hay poder común, en el que los individuos aún son percibidos como la barbarie, y donde impera el miedo continuo a ser víctimas de una muerte violenta.

Es verdad que en la actualidad los mexicanos nos encontramos expuestos a ese temor de perder la vida en manos de la delincuencia, que cada vez arroja cifras más escalofriantes. Pero más allá de la perspectiva moral con la que se ha combatido este tema, vale la pena reflexionar en si sería oportuno romper aquellos pactos que lograron, en su momento, mayor orden social y político, como lo fue el renunciar a las armas y conferirlas al Estado, ese que Maurice Duverger en su Método de la Ciencia Política, considera la más integrada de todas las comunidades humanas.

* Maestro en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora.