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La igualdad democrática ¿contrato o no contrato social?

  Mónica Olmedo.*

 

Ya lo argumentaba Platón: la igualdad es un acto de voluntad hacia otros. Platón establecía que vivir en una ciudad incluye estar de acuerdo con un contrato implícito, haciendo uso de las ventajas y beneficios de vivir en esa ciudad. Uno está tácitamente de acuerdo con obedecer las reglas bajo las cuales la ciudad se rige. Cualquiera que se encuentre en desacuerdo con esas leyes “puede irse donde le plazca y tomar sus bienes consigo. Ninguna de nuestras leyes lo prohibirá o interferirá con él” (Plato, 385 BC). Entonces, todo miembro de la sociedad está obligado a seguir sus lineamientos, ya que su desavenencia sería comparable a la ruptura con el contrato y los otros. Estos argumentos fueron retomados o redefinidos por varios autores como T. Hobbes y J. J. Rousseau. La discusión está relacionada directamente con el significado de la noción de igualdad en la modernidad. Está vinculada con los conceptos de cooperación, distribución y unidad social. Para alcanzar la igualdad, ¿es necesario llegar a un consenso común? Dicho acuerdo o convención social puede tomar forma de un contrato hipotético. En contraste, si la competencia más que la cooperación es el fundamento para la interacción humana, ¿ningún contrato es necesario?

Si los seres humanos somos iguales por naturaleza y ningún individuo tiene un reclamo de poder especial sobre los demás (por ejemplo, nadie está destinado a reinar por regla de derecho divino, o por su color de piel o su género), la base que legitima el poder es el acuerdo común entre los individuos involucrados. Este acuerdo es descrito como el contrato social y sus términos muestran las obligaciones de cada individuo, al igual que sus libertades y derechos, y la responsabilidad tanto de la colectividad como del individuo.

Varios teóricos difieren con la idea de que el contrato social se basa en el consenso general, y discuten el sistema en que deben establecerse para crear una sociedad que funcione democráticamente. Hobbes declara que el interés común de todas las personas es la auto-preservación. Así, el primer argumento de Hobbes es que un soberano tiene que aceptar las formas en que se basa la sociedad, que es el autointerés. Los miembros tienen que “conferir todos sus poderes y fuerza a esa persona o una asamblea” (Hobbes, 1651); es decir, que todos los “ciudadanos” deben rendirle todos sus derechos. Pero si el soberano está por encima de la ley, es obvio que aceptando su reglas el ciudadano no podrán protegerse frente a él. Esto lleva a la pregunta de por qué sería racional para los individuos firmar dicho acuerdo, pareciera que “la duda de la seguridad de sus vidas” podría ser el único posible incentivo para firmar el contrato. Bajo dicha perspectiva, podrían explicarse el uso contemporáneo de los discursos del miedo.

Las ideas de Rousseau sobre el contrato social son muy diferentes. Para este autor, las raíces de la corrupción son la creación de jerarquías sociales y la distribución desigual de la propiedad. Rousseau quiere crear un “cuerpo moral y colectivo” (Rousseau, 1761), construido sobre el principio de la igualdad.

Si imaginamos una conversación entre Hobbes y Rousseau, discutirían dos sistemas políticos diferentes y dos formas de agencia colectiva, de acuerdo con sus diferentes visiones de la naturaleza humana. Siguiendo a Rousseau, la sociedad puede influir en la naturaleza humana, y un grupo de personas puede decidir ser una sociedad con intereses más o menos comunes. En dicho tipo de sociedad, un mayor nivel de consenso social trasciende el interés personal. Para Rousseau, la legitimidad está finalmente determinada por la voluntad general. Hobbes, sin embargo, no tiene la noción de voluntad general. Para él, el soberano, empoderado por la colectividad, actúa en el llamado interés público. En términos democráticos, el interés público es mucho más ambiguo que el interés general. En nuestra conversación hipotética, Hobbes y Rousseau discutirían la crisis de la democracia actual, atrapada en discursos vacíos de “interés público”. Esto nos recuerda las luchas del pasado, como la de las sufragistas o aquellas que exigían el voto universal.

 

*Profesora-investigadora en El Colegio de Sonora.