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El derecho a disentir y a pedir cuentas

María del Rosario Fátima Robles Robles*

Estamos iniciando un nuevo año, el cual no ha estado exento de contrariedades, desesperanza y protesta social. Desde los primeros días del 2017 la molestia y enojo de la ciudadanía no ha disminuido, debido en parte, al incremento del 20 por ciento al precio de la gasolina y un magro 3.9 por ciento al salario mínimo.

Existen otras razones que han irritado al ciudadano, entre ellas se encuentra la corrupción de algunos representantes de la clase política, y que gobernadores y políticos que han malversado fondos y bienes públicos no han sido castigados, además del incremento en los servicios e impuestos que prestan las entidades públicas.

Respecto al incremento del 20por ciento al precio de la gasolina, se argumentó por parte del ejecutivo que no había otra medida, que era eso o el recorte de programas sociales y el cierre de escuelas. La gravedad de esta aseveración irrita aún más a la ciudadanía debido a su falsedad y a que, por otra parte, observa las altos salarios y onerosas prestaciones que gozan los niveles más altos de la clase política.

Consideramos que es necesario reconocer la protesta social y no solo eso, reconocer la validez de la irritación. No es posible mantener el alejamiento de los dirigentes de gobierno con la ciudadanía y con las razones del malestar social. Tampoco es posible, incrementar aún más la carga fiscal y el costo de los servicios y obligaciones que presta el gobierno estatal y municipal.

En este artículo analizaremos brevemente el presupuesto de ingresos del gobierno de Sonora, con el fin de identificar las fuentes de ingresos, entre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y endeudamiento externo del gobierno del estado de Sonora y compararla con ejercicios anteriores.

Al comparar los ejercicios 2016 y 2017 del presupuesto de ingresos, los datos más relevantes que queremos comentar son los siguientes:

 

1)     El fuerte incremento de un 24.66 por ciento en el renglón de impuestos de las contribuciones que hacen los ciudadanos en los siguientes rubros:

Sostenimiento a universidades; 24.66 por ciento en las contribuciones para el Consejo de Concertación de Obra Pública y 24.66 para la infraestructura educativa. Para cada uno de estos rubros se presupuesta un ingreso de 425 470 308 millones, muy superior a los 341 311 160 del ejercicio 2016.

Estos ingresos presentan el mayor incremento en el rubro de impuestos y que pagaremos los sonorenses en el tramites de revalidación de placas, licencias y otros conceptos. Lo que afectará al bolsillo y el presupuesto de las familias sonorenses, consideramos que es válido pedir cuentas por ejemplo de en qué y cómo se ejercen estos recursos.

Al visitar la página de la CECOP se afirma que solamente se atendieron 11.68 por ciento de las solicitudes presentadas y no presenta un informe de manera detallada de en qué y para qué se utilizaron los recursos del ejercicio anterior.

Sí los ciudadanos ejercemos nuestro derecho a pedir cuentas y a la transparencia y las instituciones se sienten obligadas a ello, se tendría un mayor control del gasto público, que no es otra cosa que los ingresos al que contribuimos todos y cada uno de nosotros vía impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, además de contar con mejores instituciones.

Por otra parte, el presupuesto de ingresos para la CECOP, pudiera ser destinado en parte para el servicio y mejora del alumbrado público, debido a que estos son precisamente los rubros que atiende, y sí la CECOP cuenta este año con cerca de 500 millones de pesos para atender las necesidades de obra pública, es probable que pudieran hacerse un proyecto para tal fin sin necesidad de concesionar, comprometer e incrementar el recibo de la luz a los gastados bolsillos de los ciudadanos en Sonora.

2)     Respecto al rubro de Transferencias, asignaciones, fondos y otras ayudas, que representan los recursos que se reciben del gobierno federal, en este ejercicio fiscal este rubro presenta una disminución de un 19 por ciento respecto al año anterior, sin embargo, se observa un incremento del 15 por ciento en lo que respecta a los ingresos derivados del financiamiento externo.

3)     El rubro de impuestos sobre nómina y asimilables, el incremento de lo que recibirá el estado por este concepto es del 21 por ciento, el sector empresarial manifestó su inconformidad. En Ley de Ingresos para el 2017, se contempla exentar del pago del impuesto sobre nómina y asimilables, mediante una tabla de porcentajes a partir de la creación de 50 nuevos empleos, para las empresas que creen entre 50 y 99 empleos nuevos y se encuentren dentro de los rubros especificados en la ley, el primer año se reduce el pago del impuesto en un 100 ciento y el segundo en un 50 por ciento: para las empresas que creen entre 100 a 499 nuevos empleos se reduce el 100 por ciento en el primero y segundo año;  las empresas de más de 500 nuevos empleos y que cumplan con los parámetros establecidos, se reduce al 100 por  ciento el primero y segundo año, el tercero en un 75 por ciento y el cuarto en un 50 ciento.

Se estipula una reducción del 100 por ciento hasta por 60 meses para las empresas que contraten trabajadores de más de 40 años y que no excedan de 4.5 salarios mínimos. Es conveniente señalar que esta reducción aplica únicamente para la mediana y gran empresa, para la pequeña empresa no existe tales beneficios y es precisamente lo que causó malestar en el ámbito empresarial. Tampoco existen beneficios para las empresas que contraten jóvenes.

4)     Un rubro que se agrega a partir de la ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, es el de Contribución para el Fortalecimiento y Sostenimiento para la Cruz Roja, desconocemos los pormenores del porqué este concepto pasa a formar parte de la ley de ingresos, para este año se contemplan 51.981,300 millones, que pagaremos de igual forma los ciudadanos al realizar diversos trámites que incrementaran de forma significativa las erogaciones a las que se aplican estos conceptos.

Los gobernantes deben de estar conscientes que ante los retos que enfrenta la economía del país y la cada vez más pesada carga fiscal, a todos conviene una sociedad más atenta y menos dispuesta a permitir el despilfarro. Es necesaria la rendición de cuentas y la planeación de las finanzas públicas.

No es posible cargar cada vez más a la ciudadanía con contribuciones cada vez más onerosas, mientras que por la parte el gobierno y los funcionarios públicos no se observa el cuidado y medida de los recursos que no son propios, son de la sociedad y los ciudadanos para poder contribuir al gasto público renuncia cada vez más a beneficios propios y de sus familias, a los que tienen derecho como podría ser la diversión, el esparcimiento, la cultura o una mejor alimentación.

Los casi cerca de 1 400 millones de pesos que hasta el día de hoy son poco transparentes y que se encuentran tipificados ya como otros impuestos, la ciudadanía tiene derecho a disentir y a pedir cuenta y transparencia del destino de esos recursos, al hacerlo ejerce su derecho como ciudadano y las instituciones al ser transparentes y cuidar estos recursos ajenos, alcanzaríamos en un futuro mejores niveles de convivencia, ciudadanía y desarrollo social.

*Docente en Universidad Estatal de Sonora.